Lo que está en juego en esta investidura

He repetido en varias ocasiones que, desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015, la sociedad española ha hecho una síntesis política de sí misma mediante el ejercicio del derecho de sufragio que ha dificultado la investidura de un presidente del Gobierno. Tan así ha sido, que en dos ocasiones se han tenido que repetir las elecciones ante la imposibilidad de investir uno. La pretensión de las derechas españolas es que se produzca una tercera repetición en este 2023. 

En el fondo de esta dificultad de investir a un candidato como presidente está la negativa de la derecha española a aceptar que el nacionalismo catalán y vasco –pero, sobre todo, el primero– pueda participar de manera decisiva en la designación del presidente del Gobierno. La derecha española ha aceptado la participación de los nacionalismos catalán y vasco como complemento a la “lista más votada”. Y únicamente a partir de las elecciones generales de 1996, en que José María Aznar necesitó los escaños de CiU y PNV para ser investido presidente del Gobierno. Porque en las elecciones de 1993, en las que CiU y PNV apoyaron al PSOE, la crítica del PP a dicho apoyo a lo largo de la legislatura fue brutal. De ahí vino el “Pujol, enano, habla castellano” en Génova 13 en el año 1996, que José María Aznar tuvo que transformar en que hablaba catalán en la intimidad para poder ser presidente del Gobierno. Desde entonces el PP ha aceptado la “complementariedad” del nacionalismo catalán y vasco a la lista más votada, aunque esta fuera del PSOE, como ocurrió en 2004 y 2008. 

Lo que no ha aceptado es que dichos nacionalismos puedan participar decisivamente en la investidura del presidente del Gobierno votando a un candidato que no encabezara la lista más votada, como viene ocurriendo desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Participar de manera complementaria, sí. Participar de manera determinante, no. La competición por la Presidencia del Gobierno es una competición entre el PP y el PSOE exclusivamente. El que quede primero en esa competición tiene que formar Gobierno. Los nacionalismos catalán y vasco podrán apoyar al primero, pero nunca invertir el orden convirtiendo en presidente del Gobierno al segundo. 

El nacionalismo español de la derecha española no admite que pueda haber otro nacionalismo que le haga la competencia en el proceso de formación de Gobierno. Considera ilegítima esa operación. De ahí la calificación reiterada de ilegítimos de todos los Gobiernos presididos por Pedro Sánchez desde el primero tras el éxito de la moción de censura. No se trataría de Gobiernos elegidos democráticamente, sino de Gobiernos “comprados” a los partidos nacionalistas catalanes y vascos con el dinero de todos los españoles. 

En las recién celebradas elecciones del 23J, el PP tenía la expectativa de alcanzar la mayoría suficiente por sí solo y absoluta con Vox para formar Gobierno y para, desde el Gobierno, poner en marcha una operación de esterilización electoral de los nacionalismo vasco y catalán, que impidieran que en el futuro dichos nacionalismos pudieran ser determinantes en la formación del Gobierno. No sería necesaria una reforma de la Constitución, sino que la operación podría articularse con una reforma de la ley electoral. En mi opinión, de muy discutible constitucionalidad, pero ya se encontrarían las justificaciones que fueran necesarias. 

Esto es lo que ha frustrado el resultado electoral del 23J. De ahí la reacción furibunda de estas semanas, destinada a abortar la investidura, con la finalidad de que se repitan las elecciones. No se trata simplemente de conseguir el Gobierno, sino de reformar el sistema electoral de tal manera que nunca más los nacionalismo catalán y vasco jueguen un papel determinante en la formación del mismo. La esterilización electoral de los nacionalismos vasco y catalán es lo que tienen en mente las derechas españolas. Es lo que pensaron que iban a conseguir en las elecciones del 23J y es lo que no han conseguido.

Desde entonces están intentando conseguir por vías espurias dicho objetivo. De ahí la agitación en las calles y en las instituciones. No es otra investidura sin más lo que las derechas españolas tienen en la cabeza. Es una investidura que les permita cambiar las reglas electorales y garantizarles una posición hegemónica indefinida en el sistema político. Esto es lo que está en juego.

He repetido en varias ocasiones que, desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015, la sociedad española ha hecho una síntesis política de sí misma mediante el ejercicio del derecho de sufragio que ha dificultado la investidura de un presidente del Gobierno. Tan así ha sido, que en dos ocasiones se han tenido que repetir las elecciones ante la imposibilidad de investir uno. La pretensión de las derechas españolas es que se produzca una tercera repetición en este 2023. 

En el fondo de esta dificultad de investir a un candidato como presidente está la negativa de la derecha española a aceptar que el nacionalismo catalán y vasco –pero, sobre todo, el primero– pueda participar de manera decisiva en la designación del presidente del Gobierno. La derecha española ha aceptado la participación de los nacionalismos catalán y vasco como complemento a la “lista más votada”. Y únicamente a partir de las elecciones generales de 1996, en que José María Aznar necesitó los escaños de CiU y PNV para ser investido presidente del Gobierno. Porque en las elecciones de 1993, en las que CiU y PNV apoyaron al PSOE, la crítica del PP a dicho apoyo a lo largo de la legislatura fue brutal. De ahí vino el “Pujol, enano, habla castellano” en Génova 13 en el año 1996, que José María Aznar tuvo que transformar en que hablaba catalán en la intimidad para poder ser presidente del Gobierno. Desde entonces el PP ha aceptado la “complementariedad” del nacionalismo catalán y vasco a la lista más votada, aunque esta fuera del PSOE, como ocurrió en 2004 y 2008.