Un mal precedente, aunque no hay mal que por bien no venga

El precedente de la renovación por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) no ha podido ser peor en términos constitucionales. El órgano de gobierno del poder judicial, secuestrado por el PP con base en la mayoría absoluta que obtuvo este partido en 2011, que todavía lo sigue estando, ha decidido este pasado martes poner fin al bloqueo en la renovación del TC, también secuestrado por el PP con base en esa misma mayoría absoluta de 2011, desde hace seis meses.

El PP, tras la moción de censura de 2018 que convirtió a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno, decidió incumplir la Constitución y se negó a renovar el CGPJ, que es un órgano de naturaleza política y no jurisdiccional y que, como todos los órganos de naturaleza política, no puede desvincularse del principio de legitimación democrática que se expresa a través de las elecciones generales.

Los actuales miembros del CGPJ fueron designados en 2013, el año de la operación Kitchen, que en ese momento únicamente era conocida por el Gobierno. Este conocimiento por el Gobierno y desconocimiento por los demás fue la clave de la renovación del CGPJ en ese año. Su composición es una excrecencia de la Kitchen. Mariano Rajoy sabía muy bien lo importante que iba a ser controlar el CGPJ, porque sabía que su concurso iba a resultar indispensable para minimizar el coste de dicha operación. Para los integrantes del Gobierno por él presidido y para los miembros de la dirección del PP, que también él presidía.

En ese mismo 2013 el Gobierno presidido por Mariano Rajoy designó como magistrados del Tribunal Constitucional a Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, también con la operación Kitchen en la cabeza.

Ese fatídico 2013 no ha dejado de marcar la ejecutoria del CGPJ hasta hoy mismo y ha marcado también la de los últimos años del TC, cuando ha llegado la fecha de renovación de los magistrados designados por el Gobierno, que deberían haber sido sustituidos por los designados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el 13 de junio de este 2022.

Los dos órganos constitucionales que exigen para su renovación la misma mayoría que se exige para la reforma de la Constitución y que, en este sentido, deben ser expresivos del principio de “legitimidad” y no solamente del principio de “legalidad”, han estado secuestrados de manera extraordinariamente prolongada por el PP en el caso del CGPJ y, en este 2022, en el caso del TC.

Ha sido una operación política que le ha permitido al PP en la oposición seguir controlando la designación de los magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y la presidencia de los Tribunales de Justicia de las Comunidades Autónomas y de las Audiencias Provinciales. Y que le ha permitido en una traca final que el CGPJ se declare en rebeldía en el cumplimiento de la Constitución y de su Ley Orgánica en el momento en que tenía que designar a los dos magistrados del TC que le correspondían en este 2022. Rebeldía que ha necesitado la complicidad de Pedro González-Trevijano, actual presidente del TC, y del otro magistrado designado por Mariano Rajoy, Antonio Narváez.

La complicidad entre los miembros del CGPJ designados por el PP y de estos dos magistrados constitucionales también designados por él, ha dado origen a una crisis constitucional literalmente inimaginable. El asalto a las Cortes Generales en el ejercicio de la potestad legislativa es algo que no solamente no se ha producido nunca en ninguna democracia parlamentaria, sino que es algo que a nadie se le había pasado por la cabeza que pudiera producirse.

Esto es lo que hemos vivido estas últimas semanas. Con la derecha política y mediática jaleando al presidente del TC como líder de esa operación de piratería constitucional, que ha puesto la democracia española al borde del precipicio.

Algo han conseguido con esa operación. Por primera vez en la historia del CGPJ los miembros designados a propuesta del PP han conseguido imponer su veto al candidato propuesto por la minoría progresista y han conseguido que, por “responsabilidad institucional”, hayan sido designados magistrados del TC los dos candidatos propuestos por lo miembros conservadores de dicho órgano.

Es un muy mal precedente, que ha ido acompañado por otros, como la negativa de Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez a aceptar la recusación interpuesta contra ellos para pronunciarse sobre las medidas cautelarísimas que afectaban a la reforma de la ley que regulaba la renovación de las dos plazas de magistrados que ellos ocupaban en el TC con el mandato caducado, en un ejercicio miserable de jurisdicción constitucional, coherente con la motivación miserable que condujo al Gobierno de Mariano Rajoy a designarlos magistrados en 2013. Miserable Mariano Rajoy en la designación. Miserables Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez en el final de su condición de jueces constitucionales.

La práctica constitucional que se ha impuesto ha sido espantosa. No debe caer en el olvido. Habrá que hacer las reformas necesarias para que no pueda volver a ocurrir.

Pero lo más importante es que, aunque sea de esta manera miserable, se ha conseguido desbloquear la renovación del TC, que era la tarea más urgente para la democracia española. Poner fin a la presencia indigna de Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez en el TC era una cuestión de pura supervivencia del sistema democrático.

El peaje que ha habido que pagar ha sido alto. Pero, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. En este caso viene como anillo al dedo.    

El precedente de la renovación por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) no ha podido ser peor en términos constitucionales. El órgano de gobierno del poder judicial, secuestrado por el PP con base en la mayoría absoluta que obtuvo este partido en 2011, que todavía lo sigue estando, ha decidido este pasado martes poner fin al bloqueo en la renovación del TC, también secuestrado por el PP con base en esa misma mayoría absoluta de 2011, desde hace seis meses.

El PP, tras la moción de censura de 2018 que convirtió a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno, decidió incumplir la Constitución y se negó a renovar el CGPJ, que es un órgano de naturaleza política y no jurisdiccional y que, como todos los órganos de naturaleza política, no puede desvincularse del principio de legitimación democrática que se expresa a través de las elecciones generales.