Un problema estructural

Antonio Hernández Mancha y Pablo Casado han sido las dos únicas personas que han llegado a ser presidentes del partido de gobierno de la derecha española, AP/PP, mediante una elección democráticamente competitiva.

Hernández Mancha competiría con Miguel Herrero Rodríguez de Miñón en el congreso extraordinario convocado por el PP tras las elecciones generales de 1986, en las que el presidente fundador Manuel Fraga entendió que había alcanzado su “techo electoral” y que el partido necesitaba un nuevo presidente para poder competir con éxito en unas elecciones generales. Estuvo apenas dos años en la presidencia, siendo destituido por Manuel Fraga a principio de 1989, quien a continuación designaría como su sucesor en la presidencia a José María Aznar, que sería formalmente elegido en el congreso de Sevilla, en el que AP se refundaría como PP.

Pablo Casado tendría que competir con Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal en el congreso extraordinario que se convocaría tras el éxito de la moción de censura encabezada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy en 2018. Todavía en este momento continúa siendo presidente, aunque este martes se va a convocar un congreso extraordinario para aclamar o ratificar, más que para elegir, a Alberto Núñez Feijóo como presidente. 

La elección de manera democrática del presidente del partido ha sido la excepción y no la norma en el partido de gobierno de la derecha española. La legitimidad democrática de origen no ha sido garantía de permanencia en el cargo, sino todo lo contrario. Han sido los candidatos que han heredado el cargo los que se han mantenido en el mismo de manera prolongada, sin que se haya puesto en cuestión su autoridad nunca.

El partido de gobierno de la derecha española, AP/PP, ha sido, en consecuencia, un partido “sustancialmente resistente a la democracia” en su funcionamiento interno. Formalmente es un partido democrático. Materialmente lo ha sido de manera muy defectuosa. De los 45 años que van desde 1977 hasta 2022, los presidentes democráticamente elegidos lo han sido durante seis años, mientras que los que han heredado el cargo lo han sido durante 39. 

Consciente, sin duda, de esta trayectoria de AP/PP Núñez Feijóo ha resistido la tentación de aceptar su designación como presidente antes de que tenga lugar el Congreso en el que tiene que ser elegido. Su declaración hace unos días de que la presidencia no está vacante y de que el congreso no está todavía convocado, no pudiendo en consecuencia, considerarse a sí mismo como candidato, es una buena expresión de reflejos democráticos.  

Pero el problema permanece. Núñez Feijóo va a ser presidente porque se ha producido una suerte de “rebelión” contra el presidente Casado por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, fuertemente secundada por los medios de comunicación de la derecha española, a la que se han acabado incorporando todos los presidentes regionales. 

Se trata, además, de una rebelión en la que la sombra de la corrupción ocupa un lugar muy destacado. Por lo que se va sabiendo, los indicios de corrupción en la conducta de Isabel Díaz Ayuso y su entorno familiar van siendo cada vez más consistentes. La finalidad de la rebelión no ha sido otra que la de impedir que la investigación de la conducta de la presidenta pudiera materializarse. De ahí la urgencia para poner fin a la presidencia de Pablo Casado. En cuestión de días la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid podía volverse insostenible. Tenía que liquidar a Casado de manera fulminante. 

En las semanas que quedan hasta la celebración del congreso, aunque no parece que la investigación del Ministerio Fiscal haya alcanzado una conclusión relevante, sí es posible que la investigación por los medios de comunicación avance de manera significativa y que se invierta en la opinión pública el juicio sobre las conductas de Casado y Díaz Ayuso en este turbio asunto. 

En todo caso, las circunstancias en las que Núñez Feijóo va a acceder a la presidencia del PP no son las mejores. No es como consecuencia de un proceso democrático limpio, sino de un oscuro golpe contra el presidente Casado para tapar la posible corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno, como va a llegar a la dirección del partido.