4F: de error en error hasta la condena final

El 4 de febrero de 2006, en la calle Sant Pere Més Baix de Barcelona, un grupo de la Guardia Urbana se enfrentó a unos jóvenes que intentaban entrar a una fiesta en un centro social ocupado. Fruto de esos altercados alguien, aún por determinar, arrojó una maceta desde el tejado de dicha casa causando serias, lamentables y permanentes lesiones a uno de los guardias allí presentes. Ese fue solo el comienzo de una historia que no ha tenido ni tendrá final feliz.

Como abogado, se me pidió que me encargase de la defensa de Rodrigo Lanza Huidobro, uno de los jóvenes detenidos y enviados a prisión por dichos hechos. Era un caso que preocupaba -y mucho- a las autoridades chilenas de ese entonces. Un estudio de la causa, de las circunstancias y de la información aparecida en diversos medios me llevó a una clara conclusión: nada era como se decía y no existía un buen pronóstico.

Era evidente que en ese procedimiento había múltiples piezas que no encajaban. La primera era que los imputados -varios de ellos en prisión- no tenían relación entre ellos. Además, las versiones que daba la policía y los imputados diferían en todo. Peor aún. Todos los imputados tenían explicación y acreditación de no haber participado en los hechos. Finalmente, varios de los detenidos habían sido objeto de malos tratos y torturas.

También era evidente que los entonces responsables municipales habían cambiado de versión sobre lo sucedido y que no existía una voluntad clara de investigar, según hemos podido comprobar años más tarde.

Después de mucho tiempo e incidencias procesales, todas abocadas al fracaso por razones que se han explicado muy bien en el documental Ciutat Morta, comenzó el juicio oral. Era el único momento en que podríamos tener una oportunidad de hacer visibles las contradicciones, las limitaciones impuestas a las defensas y, sobre todo, poder demostrar que los hechos estaban allí -un guardia urbano con lesiones irreparables-, pero que las personas que se sentaban en el banquillo nada tenían que ver con esos hechos. Mucho nos equivocamos. Lo único que se acreditó en el juicio era que todo estaba resuelto desde antes de comenzar.

¿Por qué nos equivocamos tanto? La respuesta es muy sencilla: existía una clara intención política de zanjar el tema con una condena ejemplar a quienes fueron expuestos como responsables de los hechos. Ante una decisión de estas características es muy difícil defender.

¿Qué había detrás de esa decisión política? Sigo pensando que el deseo de eludir responsabilidades patrimoniales y políticas por parte de los entonces responsables del Ayuntamiento de Barcelona y respaldar una actuación policial que nunca debió producirse, al menos no así. La casa en que se realizaba la fiesta, un centro social ocupado, dependía de dicho Ayuntamiento y la unidad policial que realizó la intervención no solo no estaba preparada para ese tipo de actuaciones, sino que, además y como se demostró años después, estaba compuesta por personas que nunca debieron ostentar la condición de agentes de la autoridad, siendo incluso algunos de ellos condenados en otro caso de torturas.

El juicio se desarrolló en un ambiente tenso. Fue una defensa compleja y, si bien contábamos con el apoyo incondicional de las familias, los amigos y las correspondientes embajadas de varios de los acusados, no contamos con algo esencial: un tribunal que se aproximase imparcialmente al caso y ello por algo fundamental. Se habían resuelto muchas incidencias previas y tenían un prejuicio claro sobre los hechos, la participación de los acusados y el Derecho a aplicar.

La sentencia no tardó en llegar, imponiendo penas inferiores a las solicitadas por las distintas acusaciones, pero muy graves. Fue una resolución que no se correspondía ni con los hechos ni con la prueba practicada, pero que era de esperar a la vista de lo sucedido tanto en el juicio como en la fase de instrucción. Contra la misma recurrimos, primero al Tribunal Supremo, luego al Tribunal Constitucional y, finalmente, tendremos que esperar a Estrasburgo para no decaer en la esperanza de alcanzar una resolución más justa en la que la verdad jurídica se acerque, lo más posible, a la verdad material.

¿Cómo se pudo llegar a un escenario tan injusto? La respuesta no es sencilla, pero, seguramente, hay que buscarla en una suma de elementos como son: la firme voluntad política de trasladar las responsabilidades a los detenidos; la ceguera endogámica de quienes no son capaces de aceptar que las “versiones policiales” no son “verdades reveladas”; y la aceptación acrítica de dicha “versión policial” por parte de quienes tenían la obligación de informar de manera imparcial. Nadie estaba preparado para creer a los jóvenes acusados, cuyo único elemento o característica en común era la estética (“estética okupa” en palabras policiales), resultando más sencillo asumir la versión oficial que investigar si se estaba o no cometiendo un grave error.

Hoy a nadie le parece increíble un guión como el de la serie Making a Murderer, pero en esos momentos predicábamos en el desierto y, peor aún, no se trataba de un guión televisivo sino de una dura realidad que ha cambiado las vidas de muchos jóvenes inocentes, de sus familias y amigos. Incluso ha costado la vida a una de las condenadas (Patricia), quien ya no podrá ver jamás respetado su derecho a ser reconocida como inocente y víctima de los sucesos del 4F.

Tuvieron que pasar ocho años hasta el estreno del magnífico y esclarecedor documental Ciutat Morta para que la sociedad tomase consciencia de lo que sucedió el 4F, de lo que se hizo para evitar conocer la verdad y el mucho daño que en dicho empeño se generó a personas cuyo único “delito” consistió en parecer okupas.

Diez años después de los lamentables sucesos del 4F, el caso solo tiene víctimas pero ningún responsable. No es posible pasar página ante unos hechos de esta gravedad y consecuencias, pero sí colocar las vivencias y sufrimientos en el baúl de los malos recuerdos. El problema es que para hacerlo resulta necesario que la verdad triunfe sobre los intereses espurios de quienes tanto empeño han puesto en que no se haga justicia. Una sociedad madura no debe olvidar este tipo de errores. Debe exponerlos y enmendarlos para que no vuelvan a repetirse. En eso consiste parte del vivir en un Estado democrático y de Derecho.

El 4 de febrero de 2006, en la calle Sant Pere Més Baix de Barcelona, un grupo de la Guardia Urbana se enfrentó a unos jóvenes que intentaban entrar a una fiesta en un centro social ocupado. Fruto de esos altercados alguien, aún por determinar, arrojó una maceta desde el tejado de dicha casa causando serias, lamentables y permanentes lesiones a uno de los guardias allí presentes. Ese fue solo el comienzo de una historia que no ha tenido ni tendrá final feliz.