La democracia agredida

Es un hecho sabido que el poder económico ha desplazado al poder político hace muchos años. En otras palabras, los que deciden en las cuestiones importantes que condicionan nuestras vidas son los dueños del dinero, a los que nadie eligió. Los políticos, que en teoría -solo en teoría- son nuestros representantes, están sometidos a las órdenes de quienes realmente mandan. Hasta tal punto que cuando se habla de lo bueno y justo que sería que pagaran los impuestos que les corresponden, tan solo eso, entonces amenazan con irse llevándose sus inversiones a donde les den un trato preferente y así poder recoger beneficios sin obstáculos “populistas” ni objeciones “demagógicas”.

“De casa al trabajo y del trabajo a casa”

Hagamos un ejercicio extremo de imaginación y supongamos que nuestros representantes efectivamente nos representan, y que son ellos los que deciden. Esta forma de democracia da por hecho que nosotros ya intervenimos en el momento de elegirlos y que en todo caso después tendremos tiempo de juzgarlos y premiarlos o castigarlos en las próximas elecciones. ¿Qué más queremos? Mientras tanto “de casa al trabajo y del trabajo a casa”, como aconsejaba Perón a los trabajadores argentinos.

Llegado el momento de las siguientes elecciones nos reúnen en los mítines -y especialmente frente a los televisores- y, como si de vendedores de electrodomésticos se tratara, los políticos simulan ser comprensivos con nuestros problemas, usan nuestro lenguaje para que veamos qué cerca están de nosotros, se visten informalmente y hasta son capaces de hacer como si nos escucharan, para vendernos la mejor nevera del mercado.

Finalizada la actuación y con el veredicto de las urnas, cierran el chiringuito, ponen el cartel de “no molestar” y cumplen sus obligaciones con los amos, que generosamente permiten el juego, siempre y cuando no haya algún partido que quiera alterar el orden y las buenas costumbres, y sea capaz de representarnos de verdad.

No hay democracia con desigualdad

En la última y reciente estafa llamada crisis que comenzó en el 2007 y todavía persiste, los ricos y las grandes empresas han aumentado obscenamente sus fortunas, mientras que los trabajadores y gran parte de la clase media empobrecieron aún más. Fueron recortados al máximo los derechos sociales y laborales de la mayoría. de manera que los empresarios cuentan con una multitud de mano de obra desocupada dispuesta a trabajar por lo que le den, que es lo que siempre pretenden. Las diferencias entre los sueldos de los ejecutivos y los obreros se incrementaron de tal modo que ponen en evidencia un sistema poco menos que esclavista. El mismo papa Francisco dijo conocer a alguien que gana 600 euros al mes y trabaja 11 horas diarias. “¡Eso es explotación. Eso es esclavitud!”, exclamó alarmado el Sumo Pontífice, sin saber, quizá, que muchos trabajadores en España cumplen el mismo horario y ganan menos que su conocido.

Libertad y esclavitud tienen una relación directa en el capitalismo. La libertad, para el sistema, se compra con dinero, tal cual alienta una publicidad de lotería. Del mismo modo que riqueza y pobreza, a pesar de las declaraciones de Esperanza Aguirre, hechas como siempre desde la prepotencia de la ignorancia: “yo no quiero que haya menos ricos, quiero que haya menos pobres”. Como si no dependiera una cosa de la otra.

En esta sociedad neoliberal con algunos ganadores y muchos perdedores es casi una broma hablar de democracia.

El tiro del final

EEUU y Europa, mientras tanto, están preparando un acuerdo comercial, que llaman libre en otro ejercicio de prostitución de las palabras, para darle el golpe final a la democracia en el continente europeo. El TTIP, como se lo conoce por sus siglas en inglés, quiere legalizar el predominio absoluto de las multinacionales frente a los Estados mediante leyes que impedirían actuar a los posibles futuros gobiernos progresistas. Las negociaciones se realizan en secreto, lo que sugiere la perversión de sus intenciones.

De acuerdo con lo que puede saberse gracias a WikiLeaks, el TTIP pondría en marcha normas comerciales que harían ilegal que los gobiernos aprueben y apliquen leyes sobre todo tipo de asuntos: normas medioambientales, leyes salariales y laborales, etc. El acuerdo aumentaría el tiempo de duración de las patentes de las empresas farmacéuticas, lo que provocaría el aumento del precio de los medicamentos; también implicaría un retroceso en la regulación financiera de los bancos y otra serie de normas que en la práctica significarían, de aprobarse, el fin de la soberanía de los Estados; dicho de otra manera, el fin de la democracia, aun de la formal.

Los medios y el pensamiento único

No hay democracia formal que no se precie de tener libertad de prensa y de expresión. Y así es, en España hay libertad de prensa y de expresión. Imperfectas ambas, limitadas con leyes que las amordazan, cuestionables si profundizamos un poco, seriamente dañadas por la actuación del PP, pero no podemos decir que no existan.

Sin embargo, “en las democracias actuales, cada vez son más los ciudadanos que se sienten atrapados, empapados en una especie de doctrina viscosa que, insensiblemente, envuelve cualquier razonamiento rebelde, lo inhibe, lo perturba, lo paraliza y acaba por ahogarlo”, dice Ignacio Ramonet, quien define: “esta doctrina es el pensamiento único, el único autorizado por una invisible y omnipresente policía de opinión”.

Y esta es la tarea más importante que realizan los medios: impregnarnos del pensamiento único.

Por eso, “los medios son hoy no sólo un sector industrial prioritario en alza, sino un vehículo necesario del poder inmaterial del mercado, hasta un punto en el que cada vez se considera más necesario redefinir el propio concepto de libertad de expresión”, como señala Armand Mattelart. Los medios hacen que pensemos como los amos del mundo quieren que pensemos. Nuestra concepción de la realidad muy difícilmente puede escapar a los moldes que nos imponen diaria y machaconamente los medios de mayor difusión.

De esa manera se aseguran que nuestros deseos de cambio no vayan más allá de un maquillaje reparador del sistema. Todo lo que exceda los límites del capitalismo neoliberal es considerado una aventura descabellada. Es intentar luchar “contra la ley de gravedad”, como suelen identificar el sistema algunos talentos al servicio de los poderosos como Mario Vargas Llosa.

Por todo ello, resulta imprescindible aprovechar las rendijas de la libertad de prensa y de expresión para formar nuestra propia manera de pensar. Ir construyendo nuestra concepción de la realidad para intentar cambiarla, para hacerla más justa y democrática.

¿Qué democracia queremos?

No se trata de que los políticos actúen por nosotros y nosotros seamos meros espectadores de nuestras condiciones de vida, o simplemente clientes a la hora de elegir el voto. Desde la muerte de Franco hasta ahora, España ha tenido una democracia que en muchos aspectos resultó útil. Si bien es cierto que, para ser admitidos en el juego democrático que se inauguraba, tanto el PSOE como el Partido Comunista han tenido que suprimir aspectos esenciales de su ideología y que los trabajadores tuvieron que ceder ante los empresarios buena parte de sus derechos para llegar a un consenso que permitiera cierta estabilidad, es justo admitir que, aunque no haya sido lo mejor, fue lo posible en ese momento.

Pero esa democracia útil en la transición se ha agotado. Resulta hoy claramente insuficiente. Las nuevas generaciones reclaman -y con razón- una profundización que la haga directa y real. No pretenden terminar con la representatividad parlamentaria, sino añadirle ciertas exigencias para que no puedan traicionar su mandato popular. La revocatoria de sus mandatos, por ejemplo, en el caso de que no cumplan con lo acordado. Y sobre todo, intervenir en la construcción de una nueva forma de convivir, donde la soberanía del pueblo no se someta a la imposición del poder económico y donde las decisiones fundamentales se tomen con el consentimiento de la gente y no al margen de la gente.

Es inadmisible ya que una reforma de la Constitución, como la del artículo 135 para autorizar el pago de la estafa a quienes no tuvieron ninguna responsabilidad -especialmente a los trabajadores-, se haga sin una consulta a la ciudadanía, “porque la urgencia de los mercados así lo requería”, como dijo Carmen Chacón. En una democracia auténtica, el poder está en el pueblo, no en los representantes que en la práctica representan a los amos. En un pueblo activo, participativo, al que no haya que explicarle decisiones que lo perjudican, sino obedecerle. No hay nada mas democrático que “mandar obedeciendo”, como dicen los zapatistas. Por supuesto, obedeciendo a la gente, y no a los mercados.

Suelen decir, como he escuchado muchas veces, que hay que ser realistas, que el poder está en los mercados y esa es la realidad. Efectivamente, la realidad que hay que cambiar, para poder soñar, para poder ser utópicos, para poder vivir con los otros y no contra los otros. Por eso, no se trata solo de votar a un partido o a otro. Se trata de elegir si queremos vivir ciertamente en democracia o seguir en este simulacro donde se salva el que puede.

Es un hecho sabido que el poder económico ha desplazado al poder político hace muchos años. En otras palabras, los que deciden en las cuestiones importantes que condicionan nuestras vidas son los dueños del dinero, a los que nadie eligió. Los políticos, que en teoría -solo en teoría- son nuestros representantes, están sometidos a las órdenes de quienes realmente mandan. Hasta tal punto que cuando se habla de lo bueno y justo que sería que pagaran los impuestos que les corresponden, tan solo eso, entonces amenazan con irse llevándose sus inversiones a donde les den un trato preferente y así poder recoger beneficios sin obstáculos “populistas” ni objeciones “demagógicas”.

“De casa al trabajo y del trabajo a casa”