Las enseñanzas de la captura de Pinochet, 20 años después

Existen casos criminales que conmocionan no sólo a un país, sino a todo el mundo y no sólo en un momento determinado, sino a través de los años. Los crímenes más graves de Estado, desde los procesos de Núremberg con el juicio contra Eichmann y Auschwitz, en Jerusalén y Frankfurt, son de ese tipo de procesos.

El arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet el 16 de octubre de 1998 en Londres se enmarca dentro de este tipo de hechos. Este acontecimiento influyó entonces y lo sigue haciendo hasta hoy, en los movimientos de derechos humanos y en la persecución penal de los crímenes internacionales en todo el mundo, pero sobre todo, en la historia de Chile:

Pocas personas han descrito de forma tan conmovedora el impacto que tuvo el arresto de Pinochet, como lo hizo el escritor chileno Ariel Dorfman, quien sobrevivió la tortura y el exilio:

“Sucedió algo muy dramático en esa sala de tribunales de Belmarsh (un distrito de Londres). Algo para nada simbólico. Al menos para algunas personas el mundo cambió repentinamente. Para algunos, la vida ya nunca más sería la misma”.

También otros chilenos y chilenas relatan cómo los familiares de los desaparecidos, los asesinados y los sobrevivientes de torturas se reunieron en octubre de 1998, esperando ansiosos el devenir de los hechos, llenos de miedo y traumatizados, temiendo que el ex dictador regresaría tranquilamente a casa y las cosas tuvieran un inesperado y terrible final.

Quien conozca la historia de Chile, conoce bien cuál fue el papel que tuvo el General Augusto Pinochet, que fue investido como comandante en jefe de las fuerzas armadas por el propio presidente socialista elegido democráticamente, Salvador Allende, y que tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, estuvo al mando de una de las dictaduras militares más sangrientas de Latinoamérica.

Instaurando un sistema de terrorismo de Estado, Pinochet hizo detener, torturar y forzar al exilio a más de diez mil personas. Las imágenes de personas torturadas en Estadio Nacional son imposibles de olvidar. En ese entonces, era imposible imaginar que fuera posible arrebatarle el poder a ese ser siniestro, y aún menos, pensar que algún día tendría que rendir cuentas por sus crímenes. Sólo gracias a la persistencia de la oposición, especialmente la movilización de los sectores más pobres de Santiago de Chile y el exitoso plebiscito contra el dictador en 1988, fue posible dar paso a un período más democrático en Chile. Sin embargo, mediante leyes de amnistía y reformas constitucionales, Pinochet y sus secuaces supieron protegerse contra cualquier intento de enjuiciamiento penal. De hecho, el ex dictador siguió siendo durante varios años comandante en jefe de las fuerzas armadas, y en octubre de 1998 estando de vacaciones en Londres gozaba de ser senador vitalicio.

Entonces ¿cómo fue posible darle un giro a esta situación? En 1996, el abogado progresista Carlos Castresana presentó en España una denuncia en virtud del principio de Jurisdicción Universal de tan sólo diez páginas inculpando a los generales argentinos Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera por genocidio y otros delitos. Siguiendo este ejemplo varios abogados y activistas en el exilio interpusieron una demanda penal contra Pinochet. Las investigaciones fueron ganando importancia a medida que los afectados aportaban nuevas pruebas y traían nuevos testigos a Madrid, hasta que finalmente algunos de los jueces de instrucción, entre ellos Baltazar Garzón, quien luego se hiciera conocido mundialmente, pusieron en marcha verdaderas investigaciones.  Así, un caso que parecía no tener importancia y repercusión, se convirtió en un asunto de Estado.

Cuando los activistas de derechos humanos se enteraron del viaje de Pinochet a Londres, inmediatamente se pusieron en contacto con los abogados españoles y éstos a su vez con jueces de instrucción. El juez Garzón emitió una orden de detención internacional y la policía británica arrestó a Pinochet. En una decisión histórica, la Cámara de los Lores confirmó, en noviembre de 1998, el arresto de Pinochet y aclaró que ni siquiera los altos funcionario de Estado gozan de inmunidad si se trata de graves violaciones de los derechos humanos. Esta parte de la historia jamás será olvidada por los abogados y abogadas.

No obstante, este caso abrió otra arista interesante en cuanto al rol de la sociedad civil. Hasta ese entonces, los crímenes de lesa humanidad habían sido asuntos de Estado, y de no ser porque los aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial y el Estado de Israel, llevaron adelante el caso de Eichmann y Göring, nadie hubiese asumido ese papel. En el caso de Pinochet, las cosas fueron distintas. En cambio el proceso en España fue impulsado por la sociedad civil, quienes además aportaron pruebas contra Pinochet. Ya en tiempos de la más dura represión, los grupos de derechos humanos, especialmente dentro de la Iglesia, habían recopilado datos, documentos y testigos de los crímenes del régimen, y habían sacado estas pruebas de Chile a riesgo de vida. Estas informaciones y pruebas fueron clave para la acusación contra Pinochet en las décadas siguientes, y especialmente, en la situación que se presentaba a finales de 1998

Es bueno ver que incluso en los tiempos en los que las relaciones de poder están cimentadas y cuando es inimaginable que quienes gobiernan con brutalidad puedan ser enjuiciados algún día, vale la pena  prepararse para futuros procesos judiciales. Y es que la historia, incluyendo la historia jurídica, es un proceso abierto. No se sabe qué va a suceder, ni qué medios jurídicos conducirán al éxito.

Tras el arresto de Pinochet, se formó rápidamente una red de abogados de derechos humanos y de defensores de los derechos humanos en Inglaterra y España, que luego presentarían cargos contra otros dictadores y torturadores de Latinoamérica y del mundo entero. En España y en Bélgica, donde el marco legal era entonces favorable, este movimiento celebró algunos éxitos prometedores, como algunas órdenes de detención y condenas iniciales.

Poco antes, a inicios del verano de 1998, una coalición de Estados y de organizaciones no gubernamentales se había reunido en la Conferencia Estatal de Roma para crear el estatuto de un tribunal histórico, justo 50 años después de los tribunales militares de Nuremberg y Tokio. Crearon un tribunal penal permanente, independiente del Consejo de Seguridad de la ONU y con una fiscalía fuerte, aunque sin la participación de Estados poderosos como China, India, Rusia y los Estados Unidos. Así, en julio de 2002 se inauguró la Corte Penal Internacional en La Haya.

Fue una temporada en la que tras el fin de la Guerra Fría muchos creían que los derechos humanos podrían ser aplicados universalmente. Pero la historia se desarrollaría de manera distinta. En Bélgica los cargos penales contra el ex primer ministro israelí, Ariel Sharon, por una masacre de palestinos, y la denuncia contra el mando supremo de  Estados Unidos, Tommy Franks, en la primavera de 2003, llevaron a que el parlamento den Bruselas cambiara las leyes favorables al procesamiento de crímenes internacionales de tal forma que impidieran futuros procedimientos.

En España se restringió a base de reformas la competencia de los tribunales españoles para perseguir crímenes extraterritoriales. El principal protagonista entre los jueces, Baltasar Garzón, se vio enfrentado a una serie de demandas totalmente arbitrarias. Sus investigaciones lo convirtieron en el blanco de críticas de gobiernos extranjeros.

Información publicada por WikiLeaks muestra cómo el fiscal general español urdió una trama completa con diplomáticos de la embajada de Estados Unidos con el fin de impedir los procedimientos por tortura en Guantánamo que había iniciado Garzón. Al final su investigación por corrupción en el Partido Popular (partido conservador de España) y la investigación de los crímenes del franquismo, le costaron el puesto a Garzón.

La evidente presión política por parte de los estados y actores poderosos condujo en pocos años a serios contragolpes al enjuiciamiento transnacional de crímenes internacionales. También la Corte Penal Internacional se vio fuertemente criticada por juzgar sólo a los sospechosos procedentes de África.

Sin embargo, existen buenas razones para llevar ante la justicia a los sospechosos de cometer crímenes en el Congo, en Sudán y en la República Centroafricana. En la década de 2000, África vivió a algunos de los peores crímenes de la historia reciente. Además, la mayoría de los países africanos ha firmado el estatuto de la Corte Penal Internacional, sometiéndose así a su jurisdicción.

No obstante, el enjuiciamiento de delitos internacionales no es (aún) una práctica universal, y la ley no se aplica a todos por igual. Sólo en los casos en que el procesamiento penal no conlleva costos políticos, se llevan adelante juicios penales, como el enjuiciamiento de criminales nazis, o de quienes cometieron crímenes en la ex Yugoslavia y África. No es de extrañar pues, que los representantes africanos que a menudo son acusados de tales delitos, critiquen este doble estándar y argumenten que los órganos de persecución penal internacional son simples instrumentos neocolonialistas de Occidente.

Aun así, vale la pena mirar atentamente la historia legal desde el año 1998, porque ha ocurrido más de lo que muchos escépticos quieren admitir. Los casos contra Pinochet, Videla y todos aquellos que aparecían en las órdenes de detención emitidas por jueces europeos no acabaron con el final de los juicios en Europa. Los procedimientos legales en Europa debilitaron tanto la posición de estos sospechosos criminales en su propio país, que al final allí fue posible llevarlos ante la justicia. Así sucedió en Chile, donde algunos oficiales de inteligencia y militares de alto rango fueron condenados y encarcelados, y así también fue el caso de Argentina, donde 500 sospechosos de alto rango fueron condenados a prisión. En mayo de 2016, 15 altos cargos militares fueron condenados en Buenos Aires por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la operación Cóndor, plan de coordinación transnacional de acciones y mutuo apoyo entre los servicios de inteligencia del Cono Sur y Estados Unidos.

Este fenómeno es conocido como efecto Pinochet-Videla: si en el país donde se cometieron los delitos, no es posible el enjuiciamiento de los sospechosos por razones políticas, entonces los afectados acuden a otros foros legales: ya sea a tribunales regionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Europea de Derechos Humanos, o bien a países terceros en los que es posible aplicar el principio de jurisdicción universal. Se puede decir que la justicia penal internacional está organizada y juega por bandos.

La pregunta es ¿por qué no debemos subestimar estos esfuerzos? El mejor ejemplo es Brasil. En dicho país no hubo un tratamiento jurídico de los crímenes de la dictadura militar y ahora el ganador de las elecciones presidenciales Jair Bolsonaro, propaga la tortura y asesinatos y vende la dictadura militar renovada como opción política. También en Colombia o en México han quedado impunes muchos crímenes cometidos desde los años 60 contra opositores y disidentes. Esa impunidad todavía repercute hasta el día de hoy en el comportamiento violento de la policía y los militares, como ocurrió en el caso Ayotzinapa en México, o el caso de los llamados “falsos positivos” en Colombia.

Por lo tanto, la persecución penal del personal militar, especialmente en América Latina y América Central, no debe considerarse simplemente como el sacrificio de los esbirros que han pagado sus culpas, sino como el resultado de luchas políticas y sociales y el trabajo de superación de los crímenes de la época, lo cual puede contribuir a comprender el presente y a prevenir conductas similares en el futuro.

Es gratificante ver que en los últimos años en Francia, los Países Bajos y Suecia  se hayan creado unidades y departamentos de investigación especializados y dirigidos específicamente a delitos genocidas. Así mismo la Corte Penal Internacional, tiene en curso investigaciones preliminares (preliminary examinations) por presuntos delitos de tortura cometidos por las Fuerzas Armadas británicas en Iraq y por delitos cometidos por diversos actores en Afganistán. Incluso en Alemania, la Fiscalía Federal está cada vez más interesada en los crímenes internacionales cometidos ya sea en Sri Lanka, Gaza o  Estados Unidos.

Y hay que hacer una mención especial a la investigación estructural de la situación en Siria que está llevando a cabo el Fiscal Federal y sobre todo la orden de detención emitida por el Tribunal Federal de Justicia contra Jamil Hassan, jefe del servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea siria. El presidente Bashir al-Assad, uno de los mayores criminales de nuestro tiempo, no parece que pueda ser llevado ante la Corte Penal Internacional ni ante algún tribunal especial en un futuro cercano. Sin embargo, su círculo cercano de inteligencia, el personal militar y aún él mismo ya no son intocables, como parecían ser los dictadores hace unas décadas. De hecho, ahora tienen que pensar con mucho cuidado dónde viajan y qué les depara el futuro, porque varios de los ministros de Assad se enfrentan hoy a procedimientos penales y podrían ser arrestados sí que viajan a Europa o Latinoamérica.

Pero el principio de la Jurisdicción Universal no sólo rige en Europa. El caso más importante en África es el caso contra el ex dictador del Chad, Hisséne Habré. Inspirados por el éxito en el caso Pinochet, los sobrevivientes y sus abogados llevaron adelante la lucha en los tribunales de Chad, Senegal, Bélgica y a nivel internacional, incluso ante la Corte Internacional de Justicia. En un veredicto histórico, un tribunal especial especialmente formado en Dakar / Senegal condenó a Habré a cadena perpetua, entre otros delitos, por la tortura masiva cometida durante su régimen a partir de 1982.

En resumen, lo que vemos es menos de lo que esperaban muchos en medio de la euforia tras el arresto de Pinochet. Sin embargo, el movimiento en favor de los derechos humanos cuenta hoy con muchas más herramientas jurídicas que hace 20 años. De esta manera el papel de las organizaciones no gubernamentales, pero en especial el de las personas victimizadas y sus familiares es determinante, pues es su compromiso el que permite impulsar la investigación y documentación de los delitos de derechos humanos.

Por supuesto, todos anhelamos un mundo distinto, mejor y más justo. Un mundo en el que no se cometan crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad, masacres ni graves violaciones de los derechos humanos. Procesos como los que hubo contra Eichmann o Pinochet siempre llegan tarde, a menudo demasiado tarde y siempre son un medio bastante limitado; pero se trata de delitos que trascienden cualquier sistema jurídico, lenguaje, entendimiento humano o sentimiento. Por eso cuando luchamos por  superar de forma política o jurídica los crímenes de Estado y la injusticia de los Estados, no debemos hablar de victoria o de derrota, sino que debemos moderar las expectativas a veces demasiado altas y reconocer que la ley, así como también otros medios utilizados para aproximarse a estos crímenes siempre serán mucho mejores que guardar el silencio y la incredulidad.

Además, hay que decirles a los cínicos que el hecho de luchar por esclarecer la verdad, por rechazar socialmente estos delitos, por superarlos y condenarlos por medio de la justicia, siempre es una ayuda a las víctimas y a la sociedad entera, para superar los traumas del pasado y luchar aquí y ahora por un mundo más justo y mejor.