Luz, agua y casa: la necesaria reactualización de la ciudadanía social

Durante el pasado mes de junio hemos visto cómo la medida adoptada por el Gobierno frente a la subida del precio de la luz más alta de la historia, por parte de las empresas, se limita a una reducción del IVA a un 10%, sin tocar los millonarios beneficios del oligopolio eléctrico. O cómo la fiscalía pide nueve años de prisión a tres activistas del Sindicato de Inquilinos de Barcelona mientras, semana tras semana, los antidisturbios desahucian familias de sus casas. Todo ello obliga a abordar el debate acerca de la ciudadanía social en las sociedades del siglo XXI. 

Una de las funciones de todo gobierno debe ser garantizar al conjunto de habitantes de su territorio el acceso a la ciudadanía. Pero, ¿qué medidas deben adoptarse para ello? Responder a esta pregunta exige: primero, entender que la ciudadanía es un concepto histórico y dinámico. Las medidas que garantizaban el acceso a la ciudadanía social en 1978 no son las mismas que en 2021. Y, segundo, que si no se toma conciencia de su necesaria reactualización y se legisla para ello, España se convertirá en un país habitado por simples moradores sin derechos o con derechos limitados, pero no por ciudadanos.

1. La ciudadanía como concepto histórico y dinámico. Entendemos por ciudadanía social aquella condición de inclusión de las personas en el seno de un Estado de la que deriva una ampliación de la igualdad social. La ciudadanía es una inclusión igualadora. Ahora bien, en la medida en que las formas de desigualdad son diferentes en cada época de la historia, el eje y condiciones de igualación y, por tanto, de ciudadanización, deben cambiar. La ciudadanía ha sido, siempre, un proceso histórico y cambiante de ampliación de derechos.   

La desigualdad en el capitalismo es fruto de los procesos de apropiación de una clase sobre otras. Cuando el método a través del que se produce tal apropiación de la riqueza social cambia y fruto de ello, también lo hace la forma de la desigualdad, aquella ciudadanía que antes servía para combatirla y generar inclusión igualadora ahora ya no sirve. Se crean nuevas desigualdades contra las que los viejos mecanismos de inclusión social o ciudadanización resultan impotentes. En estos momentos, resulta necesaria una ampliación de la ciudadanía destinada a crear nuevas igualaciones en sintonía con el nuevo contexto histórico.  

2. Cambio en el proceso de apropiación: de la explotación al desplume. Con tránsito del siglo XX al XXI hemos asistido a un cambio en el modo de apropiación de los capitalistas sobre la población, cuyo método principal ya no es la explotación sino el desplume. Ello genera nuevas formas de desigualdad en el marco de los cuales la vieja ciudadanía social del siglo XX resulta incapaz de generar inclusión igualadora.

En los siglos XIX y XX, en el marco de sociedades industriales con una estructura económica homogénea, pleno empleo y el obrero asalariado como único trabajador tipo, la forma de apropiación de riqueza de una clase sobre otras se llevaba a cabo a través del momento no equivalencial de cumplimiento del contrato de trabajo. Durante el proceso productivo, el empleador sólo paga a su trabajador aquella parte de tiempo necesario para reproducir el valor salario, el resto del tiempo trabajado y no pagado conforma la plusvalía, de la que se apropia el capitalista obteniendo beneficio y generando la principal forma de desigualdad de la época. En este contexto, el eje y condición de posibilidad de una inclusión que reducía la desigualdad fueron los derechos sociales vinculados al contrato-salario. La Constitución del Estado social fue la regulación de aquellas horas de trabajo que superan el límite de tiempo necesario para reproducir el valor salario y que conforman un no-equivalente apropiado por el empresario y contabilizado como ganancia, esto es la cuestión de la explotación. El subsidio de desempleo, pensión de jubilación, vacaciones, seguridad social, regulación de la jornada de trabajo y muchas otras prestaciones sociales guardan, en tanto son derechos vinculados al contrato-salario, relación con la disputa de plusvalía. Estas no son más que una reducción de la plusvalía del empresario que se asigna, en forma de salario directo, indirecto o diferido organizado por el Estado, a la contraparte trabajadora. Los derechos sociales vinculados al contrato-salario eran la forma por excelencia de ciudadanización igualadora de gran parte de la población y sus familias en el siglo XX. 

En el actual contexto neoliberal de desindustrialización e imposición de un capitalismo financiero digitalizado que necesita, cada vez menos, del trabajo, el método de apropiación de los capitalistas sobre la mayoría social ya no se lleva a cabo, principalmente, a través de relaciones de producción industriales, sino mediante el desplume de la población. Esto es, mediante la apropiación y concentración privada de los bienes del Estado y sectores estratégicos (telecomunicaciones, energía, financiero, carburantes, viviendas, etc.) fruto de las privatizaciones de finales de siglo XX, que han dejado el mercado en manos de un reducido número de empresas que se enriquecen  repercutiendo en la mayoría de la población el coste de las crisis por vía de subidas del precio de la vivienda, la luz, el agua, el teléfono, etc., con los consumidores como grandes damnificados. 

3. Sin nacionalización de los sectores estratégicos ni regulación de la vivienda no hay ciudadanía. Este cambio en el método principal de apropiación de una clase sobre las otras, de la explotación al desplume, hace que los derechos sociales vinculados al salario ya no sean para mucha gente desempleada, sin contrato o precaria, que ha salido de la historia de los conflictos laborales y no dispone de una contraparte empresarial, y que no puede pagar el alquiler, la luz o el agua, un instrumento útil de inclusión igualadora y, por tanto, de ciudadanización. De acuerdo con el informe sobre la pobreza energética de 2018, el 15% de la población residente en el Estado no puede mantener durante el invierno su vivienda a la temperatura adecuada o sufre retrasos en el pago de recibos, o ambos. Solo en el primer trimestre de 2021, se han practicado en España 7.862 desahucios derivados del impago del alquiler y 2.548 de ejecuciones hipotecarias.

La ciudadanización o inclusión igualadora de mucha gente ya no tiene solo que ver con los derechos vinculados al contrato de trabajo, sino cada vez más, también, con el acceso a casa, electricidad y agua. Y ello exige una reactualización o ampliación de la ciudadanía centrada en el acceso universal a estos servicios, históricamente implementado a través de la nacionalización, control público y regulación de los mismos. El eje central y condición de posibilidad de la reactualización de la ciudadanía social en la historia europea del siglo XXI tiene que ver con la nacionalización y control público de los sectores estratégicos y con la regulación del precio de la vivienda y los alquileres. De lo contrario, nos dirigimos hacia unos países con procesos de ciudadanización obsoletos e incapaces de garantizar una inclusión igualadora para gran parte de la población que, expulsada de la ciudadanía, acabará convirtiéndose en simples moradores sin derechos o con derechos limitados que transitarán por nuestras calles, pero no en ciudadanos.

Durante el pasado mes de junio hemos visto cómo la medida adoptada por el Gobierno frente a la subida del precio de la luz más alta de la historia, por parte de las empresas, se limita a una reducción del IVA a un 10%, sin tocar los millonarios beneficios del oligopolio eléctrico. O cómo la fiscalía pide nueve años de prisión a tres activistas del Sindicato de Inquilinos de Barcelona mientras, semana tras semana, los antidisturbios desahucian familias de sus casas. Todo ello obliga a abordar el debate acerca de la ciudadanía social en las sociedades del siglo XXI. 

Una de las funciones de todo gobierno debe ser garantizar al conjunto de habitantes de su territorio el acceso a la ciudadanía. Pero, ¿qué medidas deben adoptarse para ello? Responder a esta pregunta exige: primero, entender que la ciudadanía es un concepto histórico y dinámico. Las medidas que garantizaban el acceso a la ciudadanía social en 1978 no son las mismas que en 2021. Y, segundo, que si no se toma conciencia de su necesaria reactualización y se legisla para ello, España se convertirá en un país habitado por simples moradores sin derechos o con derechos limitados, pero no por ciudadanos.