A vueltas con el monolito y la ley de memoria histórica

La decisión del Ayuntamiento de Madrid de reponer el monolito al alférez provisional situado en el barrio de los Jerónimos ha causado perplejidad entre no pocas de las personas que se hallan comprometidas con la reparación de las víctimas del franquismo y la recuperación de la memoria histórica. Inicialmente retirado el pasado 2 de febrero, ha sido la presión del Partido Popular y de su “caverna” la que, al parecer, ha motivado que el Ayuntamiento dé marcha atrás y haya decidido volver a colocar el monolito. Todo ello, con el aplauso del grupo municipal socialista y el gran alborozo de grupúsculos como la Fundación Francisco Franco.

Erigido en 1960, este monumento homenajea a este cuerpo militar compuesto por personas que se alistaron voluntariamente en el ejército golpista y que, debido a su elevada formación, accedieron directamente a su oficialidad. Es, pues, un monumento que ensalza a dicho cuerpo, cuyo origen y filosofía no es otra que la adhesión a la causa franquista. Pero, por si esto no fuera suficiente, en la base del monolito se inscribió la frase “por Dios y por España”; lema cuyo texto y contexto nadie puede negar que entronca directamente con la simbología franquista.

Por tanto, este monolito encaja en lo dispuesto en el art. 15.1 de la conocida como ley de memoria histórica, que ordena a las Administraciones públicas “adoptar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Es, pues, una obligación del Ayuntamiento cumplir con este mandato legal. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué, una vez retirado, se ha vuelto a reponer en las mismas condiciones en las que estaba?

Tras la retirada, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció su voluntad de denunciar los hechos ante la Fiscalía, arguyendo que el monolito se encuentra en una zona protegida: el eje Prado-Recoletos, declarado Bien de Interés Cultural. Con carácter previo, nótese bien que la Comunidad de Madrid no alude a las razones artísticas que, según el art. 15.3 de la ley de memoria histórica, pueden alegarse como excepción para la retirada de simbología franquista. El rechazo que el PP ha mostrado siempre por esta ley le lleva a ignorarla e, incluso, desconocer su literalidad y posibilidades.

La razón esgrimida por el Gobierno de la Comunidad trasciende, pues, los márgenes de la ley de memoria histórica. Según arguyó su Dirección General de Patrimonio, el motivo de la ilegalidad de la primera decisión de la alcaldía se encuentra en la vulneración de la competencia y legislación autonómica sobre patrimonio histórico. Al estar en un entorno físico protegido por la ley autonómica de patrimonio (aunque el vestigio sea, como la propia alcaldía manifestó, de titularidad municipal), cualquier decisión al respecto debe pasar por la citada Dirección General, que tendrá así la clave para decidir sobre su mantenimiento o retirada.

Resumiendo, la situación es la siguiente. Por un lado, existe la obligación legal de retirarlo, al tratarse de un caso de simbología conmemorativa o exaltadora de la sublevación militar y del franquismo. Es un mandato de actuación positiva dirigido a todas las Administraciones públicas; en este caso, al Ayuntamiento de Madrid, que es el titular del vestigio y en cuya vía pública se encuentra. Por otro lado, la normativa de patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid atribuye a su Dirección General la competencia sobre cualquier decisión que afecta a los espacios y entornos protegidos, como es el referido eje Prado-Recoletos.

Es claro que se está en presencia de un conflicto normativo. ¿Cómo y dónde puede resolverse? Pues en el lugar adecuado para resolver los conflictos entre normas o entre distintas interpretaciones sobre las normas, es decir, en los tribunales. Así, el Ayuntamiento podía haber mantenido su decisión inicial y, si la Comunidad decidía recurrir judicialmente la retirada del monumento franquista, alegar ahí las razones legales que motivan su actuación. Por su parte, el Gobierno de Cristina Cifuentes presentaría las suyas favorables al mantenimiento de ese monolito y, finalmente, serían los tribunales quienes tendrían que resolver el conflicto. Como corresponde en cualquier Estado de Derecho, en los jueces reside la competencia de resolución de los conflictos de interpretación y/o aplicación de normas.

Quizá este conflicto se hubiera evitado de haberse cumplido con lo dispuesto en el art. 15.2 de la citada ley de memoria histórica, según el cual el Gobierno debe colaborar con las Administraciones autonómicas y locales para elaborar un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y la dictadura a los efectos de determinar cuáles deben retirarse y cuáles excepcionalmente no. Como es bien sabido, a lo máximo que se llegó durante los primeros años de vigencia de la ley -entonces bajo Gobierno socialista- fue a crear una comisión en el Ministerio de Cultura que decidiera sobre símbolos franquistas presentes en bienes de la Administración General del Estado, pero que no afectaba a bienes de las Administraciones autonómicas ni locales. Después, la llegada al poder del PP llevó la ley a vía muerta, con lo que esta previsión del art. 15.2 pasó, como el resto de su articulado, a ser papel mojado.

En situaciones como esta, siempre podría alcanzarse un previo acuerdo político que evitara el recurso a los tribunales. Pero ¿cabe llegar a acuerdos con el PP en materia de memoria histórica? La experiencia avala una respuesta negativa. El del monolito al alférez provisional es un ejemplo más dentro de una larga lista de actuaciones en las que las y los dirigentes del Partido Popular dejan sentir el peso de su mochila cargada de lazos afectivos e ideológicos con el franquismo.

Bajo estas coordenadas resulta todavía más inexplicable, si cabe, la decisión final del Ayuntamiento de Madrid. Para evitar un presumible conflicto judicial con Cifuentes y el PP (¿reabrir heridas?), la alcaldía ha hecho lo que vienen haciendo la mayoría de las instituciones políticas del Estado español: despreciar la memoria histórica y postergar una vez más los derechos de las víctimas del franquismo. El Gobierno municipal presidido por Manuela Carmena no solo ha indicado el camino a seguir para aquellas Administraciones gobernadas por el PP reacias a aplicar la ley de memoria histórica, sino que además ha vuelto a demostrar la triste verdad de esa frase que dice que no hay peor censura que la autocensura.