¿Qué política económica aplicará el futuro gobierno?

Bruselas ha amanecido despistada ante los resultados electorales en España. Los líderes europeos están aún por reaccionar, a la espera de saber si la futura coalición de gobierno seguirá obediente a sus indicaciones económicas. Y es que da la sensación de que, desde las instituciones europeas, el resultado electoral no se mide en términos de gobernabilidad soberana, sino de gobernabilidad “generadora de la ocasión” para poder aplicar sin impedimentos las políticas de desregulación económica.

El futuro presidente del gobierno tiene ante sí dos difíciles retos. El primero es el reto político de lograr la estabilidad parlamentaria. El segundo es un reto económico: luchar contra la elevada tasa de desempleo. Sin embargo, sus propuestas económicas pueden contar con un escaso margen de maniobra, y más en materia laboral, al estar del todo condicionadas por las instituciones europeas. A modo de anécdota electoral, días atrás, al preguntar unos sindicalistas a políticos en campaña qué iban a hacer si la UE les exigía una nueva reforma laboral, la respuesta que obtenían era un largo silencio.

Independientemente de las coaliciones que se formen para formar gobierno, Bruselas mantendrá su agenda político-económica: su “rumbo de las reformas”, incluidas las laborales, para incidir sobre los diferenciales entre los contratos indefinidos y los temporales. Como todos sabemos, la última reforma laboral ya perseguía atacar la baja elasticidad salarial (la llamada “rigidez”) de los contratos indefinidos durante las fases de recesión. Mediante la desregulación laboral se pretendía aumentar la ratio de temporalidad, teniendo en cuenta que los salarios de los contratos temporales son casi dos veces más sensibles al incremento del desempleo en las fases recesivas (es decir, se precarizan con mayor rapidez). Pero el error del planteamiento neoliberal es obviar las pérdidas macroeconómicas que trae tal barrido de la masa salarial del país. Porque si la recesión fue originada por la desregulación financiera, la desregulación del mercado de trabajo (la ya aplicada y la que se quiere aplicar) va en vías de cronificar la crisis laboral existente y, por consiguiente, pone en duda la solidez de la recuperación económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Cabe recordar el efecto de los salarios sobre el dinamismo de una economía como la española, cuyo modelo de crecimiento se basa en la demanda interna, principalmente en la masa salarial que es, además, la que tiene una mayor propensión al consumo. Si bien en 2008 la masa salarial representaba cerca del 50% del PIB a precios corrientes, la reforma laboral la hizo caer de forma acelerada, hasta representar alrededor del 47% en 2014. El problema yace aquí en que las rentas salariales son la fuente de ingresos no financieros más decisiva en el soporte de las administraciones del estado español y de su sistema de bienestar. En 2009, los ingresos del Estado por cotizaciones sociales representaban el 37,2% de los recursos no financieros. En 2013, tras la reforma laboral, cayeron hasta el 32,5%. En 2015, a pesar del incremento de la afiliación en un 3,16%, los ingresos por cotizaciones solo lo han hecho en un 0,94%. Mientras el déficit de la Seguridad Social aumenta por las cotizaciones precarias que ha dejado la desregulación laboral, la deuda pública no hace más que crecer y roza ya el valor del PIB.

Pero ante esta crisis de ingresos públicos, lo que la UE tiene en mente recetarnos son más reformas estructurales contra lo que llaman “altas cotizaciones” y “rigidez salarial”, una “rigidez” que ha salvado a la demanda interna de desplomarse aún más durante la recesión. Es decir, que a pesar del fracaso de los resultados de la gestión económica neoliberal, desde la UE pretenderán recetar el mismo falso antídoto que no ha hecho sino empeorar las expectativas económicas. La economía española no necesita más desregulación, sino incrementos salariales que impulsen la demanda interna. Ni que sea por la preocupación que por la deuda española tienen las instituciones europeas, estas deberían entender que tras la crisis de deuda española, y por tanto tras la crisis fiscal, subyace una crisis laboral y que es contraproducente imponer los remedios del modelo de crecimiento de la Europa central al problema de la Europa periférica. Necesitamos una UE que anteponga los objetivos de empleo -que no una acelerada armonización europea del mercado laboral- a cualquier otro objetivo. Necesitamos un futuro gobierno que anteponga los objetivos del país a las teorías impuestas por una UE tecnócrata y lejana. Mi duda es si el nuevo gobierno se atreverá a plantarse ante las instituciones europeas y exigirá una política económica y laboral a medida para el país.

Bruselas ha amanecido despistada ante los resultados electorales en España. Los líderes europeos están aún por reaccionar, a la espera de saber si la futura coalición de gobierno seguirá obediente a sus indicaciones económicas. Y es que da la sensación de que, desde las instituciones europeas, el resultado electoral no se mide en términos de gobernabilidad soberana, sino de gobernabilidad “generadora de la ocasión” para poder aplicar sin impedimentos las políticas de desregulación económica.

El futuro presidente del gobierno tiene ante sí dos difíciles retos. El primero es el reto político de lograr la estabilidad parlamentaria. El segundo es un reto económico: luchar contra la elevada tasa de desempleo. Sin embargo, sus propuestas económicas pueden contar con un escaso margen de maniobra, y más en materia laboral, al estar del todo condicionadas por las instituciones europeas. A modo de anécdota electoral, días atrás, al preguntar unos sindicalistas a políticos en campaña qué iban a hacer si la UE les exigía una nueva reforma laboral, la respuesta que obtenían era un largo silencio.