El caso Pujol: complicidades ocultas

El 25 de julio pasado, Jordi Pujol se vio forzado a reconocer que su esposa y sus siete hijos eran titulares de un dinero ubicado en el extranjero desde el año 1980 y no declarado a la Hacienda Pública. Desde ámbitos cercanos al Gobierno Mas se ha intentado presentar la abrupta confesión como una cuestión personal y familiar, reprochable, sí, pero ajena a la suerte de CiU como fuerza política. El Gobierno del PP, por su parte, la ha aprovechado para intentar quitarse los focos de encima y desviar al nacionalismo catalán toda la indignación contra la corrupción que atraviesa a la sociedad. Ambas lecturas parecen abonar tesis opuestas. No obstante, están unidas por una pretensión común: ocultar las complicidades del pujolismo fuera y dentro de Cataluña y diluir el vínculo que existe entre la confesión del ex presidente y la crisis del Régimen heredado de la transición.

Quienes pretenden reducir el caso Pujol a un asunto meramente familiar olvidan que el ex presidente no era un ciudadano cualquiera. Por el contrario, fue una figura que acaparó grandes cotas de poder en Cataluña. Ese poder, como quedó demostrado al menos desde el caso de Banca Catalana, fue utilizado para influir en jueces, silenciar fiscales y periodistas y frenar investigaciones parlamentarias. La mayoría de escándalos que rodearon al pujolismo tuvieron que ver con la posible utilización del aparato institucional para la financiación ilegal de su partido (el célebre 3% denunciado por Pasqual Maragall, que Josep Lluis Carod Rovira ha elevado a un 5%) o para el enriquecimiento personal de sus allegados (como en los casos Palau o Pretoria).

En un contexto así, parece difícil aceptar la tesis de que el patrimonio oculto del clan Pujol fuera el producto de una herencia familiar que hasta la hermana del ex presidente desconocía. Por el contrario, hay indicios fuertes que vinculan ese patrimonio a un portentoso entramado financiero de más de 50 empresas participadas o administradas por los hermanos Pujol a las que la Generalitat adjudicó obras y contratos públicos de manera reiterada. Es inverosímil que esos vínculos pudieran establecerse sin conocimiento de los principales responsables del gobierno de CiU. De hecho, no es casual que diferentes informes apunten al propio presidente Mas –hijo político de Pujol e hijo biológico de quien fuera su fiduciario- y a dos de sus consejeros: Felip Puig y Ramón Espadaler.

Pero si la sorpresa y la congoja repentinas de algunos responsables de CiU ante la confesión de Pujol no parecen demasiado creíbles, tampoco resulta de recibo la tesis Montoro que pretende reducir el escándalo a una simple perversión del nacionalismo catalán. El poder de Pujol, en efecto, no fue nunca un poder autónomo. De hecho, resulta inexplicable sin los apoyos que CiU brindó al PSOE, primero, y al PP, después, y sin el interés de las élites económicas catalanas y españolas en neutralizar la ascendencia en Cataluña de socialistas, comunistas y partidarios de un ejercicio real del derecho de autodeterminación al final de la Transición. Ese interés explica, por ejemplo, las olvidadas relaciones entre el pujolismo y el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien tras su paso por UCD fue nombrado vicepresidente ejecutivo de Construcciones Padrós, una empresa constructora fuertemente ligada a Banca Catalana y una de las principales contratistas de la Generalitat. Y explica también, que diarios como ABC llegaran a contar a Pujol entre los suyos, defendiéndolo contra las investigaciones judiciales que se incoaban en su contra y nombrándolo “español del año”.

En realidad, cuando el Ministro Montoro arremete contra Pujol, olvida explicar las razones del silencio que la Agencia Tributaria mantuvo durante todas estas décadas. Y que no es casual, ya que el pujolismo resulta inexplicable sin los fuertes aliados económicos y políticos con los que contó, dentro y fuera de Cataluña. A nadie escapa, de hecho, que si las nuevas irregularidades que rodean al clan Pujol se han hecho públicas, en buena medida ha sido porque el proceso soberanista en Cataluña han propiciado una ruptura de ciertos acuerdos de impunidad y protección mutua que en el pasado funcionaron sin problemas. Y que si el propio proceso fuera “debidamente reconducido” esos acuerdos podrían reeditarse en el futuro.

La mera existencia de patrimonio oculto en Andorra y en otros territorios calificados legalmente como paraísos fiscales, sin que se pueda justificar su procedencia lícita, obligaría a la fiscalía y a la autoridad judicial a iniciar una profunda investigación de los hechos. Con todo, es difícil que los poderes de Estado –incluido el judicial- vayan a propiciar una investigación a fondo de estos casos de manera espontánea. Y mucho menos un Gobierno involucrado en tramas de corrupción tan o más escandalosas que las que hoy rodean al clan Pujol, como las ligadas a los casos Gürtel o Bárcenas.

De ahí la importancia del anuncio de querella realizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona y por el Observatorio DESC hace una semana. Y de ahí la importancia, también, de la presentada como acción popular por Podemos y Guanyem Barcelona y a la que se sumarán ICV-EUiA, Procés Constituent y el Partido X. A diferencia de lo que plantean organizaciones de extrema derecha como Manos Limpias o Plataforma per Catalunya, esta acción popular pretende ser una impugnación no solo del declarado fraude de Jordi Pujol, sino del pujolismo y del régimen que lo ha utilizado como aliado mientras le convenía.

En la presentación de la querella realizada en Barcelona, Ada Colau, Jaume Asens y Carlos Jiménez Villarejo recordaron con razón que lo que se enjuiciaba en el caso Pujol no eran delitos aislados y ocasionales de corrupción sino un modus operandi generalizado, una forma de hacer política en la que las instituciones son utilizadas de manera sistemática para la financiación ilegal del propio partido y para el enriquecimiento personal de los afines. El portavoz de Podemos, Iñigo Errejón, abundó en el mismo argumento. Desmontando la estrategia del PP, cargó contra quienes “se llenan la boca con la palabra patria, cuando la única que tienen es Andorra o Suiza” y sostuvo que la querella no podía utilizarse “contra el proceso democrático que se está llevando a cabo en Cataluña”.

En realidad, la agudización de la crisis ha contribuido a sacar a la luz uno de los rostros más escandalosos del régimen heredado de la transición y de las políticas neoliberales aplicadas en los últimos años: el del fraude cometido desde las instituciones. Los daños sociales producidos por esta práctica de cuello blanco, a menudo mafiosa, son infinitamente más graves que los provocados por miles de pequeños delitos insignificantes contra los que el aparato punitivo del Estado suele descargar su furia de manera draconiana y sin dilaciones. Por eso es importante que la ciudadanía y las formaciones que aspiran a una regeneración democrática auténtica, de fondo, actúen. Contra los Pujol, contra los Bárcenas, contra los Urdargarin, contra los Blesa, contra los Millet y contra los grandes corruptores del mundo financiero-constructor-inmobiliario que han actuado a su sombra. Porque solo esta presión desde abajo está en condiciones de impedir que la crisis se salde con la impunidad de sus principales responsables. Vengan de donde vengan y caiga quien caiga.

El 25 de julio pasado, Jordi Pujol se vio forzado a reconocer que su esposa y sus siete hijos eran titulares de un dinero ubicado en el extranjero desde el año 1980 y no declarado a la Hacienda Pública. Desde ámbitos cercanos al Gobierno Mas se ha intentado presentar la abrupta confesión como una cuestión personal y familiar, reprochable, sí, pero ajena a la suerte de CiU como fuerza política. El Gobierno del PP, por su parte, la ha aprovechado para intentar quitarse los focos de encima y desviar al nacionalismo catalán toda la indignación contra la corrupción que atraviesa a la sociedad. Ambas lecturas parecen abonar tesis opuestas. No obstante, están unidas por una pretensión común: ocultar las complicidades del pujolismo fuera y dentro de Cataluña y diluir el vínculo que existe entre la confesión del ex presidente y la crisis del Régimen heredado de la transición.

Quienes pretenden reducir el caso Pujol a un asunto meramente familiar olvidan que el ex presidente no era un ciudadano cualquiera. Por el contrario, fue una figura que acaparó grandes cotas de poder en Cataluña. Ese poder, como quedó demostrado al menos desde el caso de Banca Catalana, fue utilizado para influir en jueces, silenciar fiscales y periodistas y frenar investigaciones parlamentarias. La mayoría de escándalos que rodearon al pujolismo tuvieron que ver con la posible utilización del aparato institucional para la financiación ilegal de su partido (el célebre 3% denunciado por Pasqual Maragall, que Josep Lluis Carod Rovira ha elevado a un 5%) o para el enriquecimiento personal de sus allegados (como en los casos Palau o Pretoria).