Sistema electoral español: deficiente marco jurídico y peores prácticas

Concluido el recuento electoral y como ya es tradicional, asistimos a un análisis del proceso que incluye las valoraciones políticas de partidos y medios de comunicación, referencias superficiales a la abstención y comparaciones entre resultados de unas regiones y otras. Y poca cosa más. Al aplicar la circunscripción única a las elecciones al Parlamento europeo ni siquiera se escuchan las quejas contra la ley electoral de algunos partidos minoritarios.

Pero en realidad el sistema electoral español tiene muchas deficiencias y no todas vienen de las viejas normas que lo regulan. Las prácticas electorales se han ido degradando con el paso de los años por la desidia de las juntas electorales de zona, los partidos y, por qué no decirlo, los ciudadanos.

La lista de malas prácticas es muy larga. En los colegios nadie hace uso de las cabinas, único sistema que garantiza al 100% el secreto en el voto. A esto se le añade el papel de algunos apoderados que reciben a electores, generalmente de edad avanzada, con el sobre en la mano. El proceso de recuento de votos es dirigido por los apoderados, interventores y representantes de la administración ante la mirada de los miembros de mesas, en muchos casos inexpertos y desconocedores del proceso. Los problemas aritméticos se solucionan con el viejo truco de añadir votos en blanco ficticios para cuadrar los números y, de esta manera, ahorrar los cinco minutos que duraría un nuevo recuento.

Es destacable que en nuestras elecciones no haya observadores nacionales o internacionales (las misiones de la OSCE suelen ser técnicas y de cinco miembros), ni se respete en ocasiones el derecho de los electores a asistir al recuento: por desconocimiento o por miedo desconcierta que un ciudadano no militante participe en el proceso.

Los que han asistido a recuentos conocen perfectamente estas prácticas. Los que hemos trabajado como observadores electorales, además, sabemos que estas no se tolerarían en ningún otro sistema electoral.

Pero a estas malas prácticas debemos añadir las deficiencias en la legislación electoral española, influida por la Constitución que, a su vez, recoge principios que vienen de una ley preconstitucional: la Ley para la Reforma Política. Uno de los defectos de la ley es la no obligación de usar cabinas, una excepción en el panorama internacional. La ley tiene vacíos que permite que interventores con mala fe puedan votar dos veces: en la mesa donde ejercen como tales y en la mesa asignada por la oficina del censo, que no siempre coinciden. También es cuestionable que se envíen sobres con papeletas electorales -material considerado sensible- a los domicilios de los electores, a cargo además del erario público en el caso de los partidos que obtienen representación.

Entiendo que puede sorprender que existan estos agujeros en un país moderno y con recursos inmensos en comparación con los de los países cuyas elecciones suelen ser observadas por la Unión Europea. Pero ahí está la OSCE y sus informes que regularmente recuerdan en España algunas de estas deficiencias: el tema de las cabinas, la distribución de recursos públicos y el envío de documentación sensible a los domicilios. Hasta la fecha ningún gobierno ha hecho caso, cosa que tampoco extraña si se tiene en cuenta que el gobierno español invitó a abandonar el país a una misión de la OSCE venida para observar si se respetaban los derechos de manifestación, y que alguna destacada dirigente del Partido Popular criticó las misiones de esta organización en España por sus críticas al Ministerio del Interior.

En el fondo del problema hay un diseño del sistema electoral que tiene su origen en la Constitución de 1978, pero incluso antes. La circunscripción provincial, el sistema bicameral o los mecanismos que favorecen el bipartidismo fueron introducidos por la Ley para la Reforma política, aprobada por las Cortes franquistas, “para evitar fragmentaciones inconvenientes de la Cámara”. Estos principios, que obviamente favorecen el bipartidismo, fueron recogidos por la Constitución y más tarde por la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral General). Alguna comunidad autónoma introdujo después mecanismos todavía más lesivos para los partidos pequeños (País Valencià) y otras ni siquiera tienen una ley electoral que adapte estos viejos principios (Catalunya). De esos polvos preconstitucionales estos lodos bipartidistas.

Sorprende también que los partidos autodenominados “regeneracionistas” o las asociaciones y fundaciones que dicen querer mejorar el sistema electoral porque consideran poco justo el actual, agoten sus críticas en la ley d’Hondt o en la circunscripción provincial, sin mencionar las malas prácticas ni la opaca financiación de partidos y fundaciones de partidos.

Es lamentable que los partidos con más experiencia en las lides electorales descuiden la formación y el control de sus apoderados e interventores y desprecien así la corrección del proceso. Tampoco augura la falta de educación sobre esta materia en las escuelas, especialmente ahora que la actual mayoría ha decidido eliminar la Educación para la Ciudadanía.

Por todo ello es urgente frenar las malas prácticas reformando la normativa si es necesario. La formación del personal electoral es fundamental. El secreto de voto debería ser protegido y los partidos deberían implicarse más en el proceso y no concentrar sus energías en la campaña. Ideal sería modificar la Constitución y la LOREG para romper con unas estructuras del sistema electoral que vienen del franquismo. Pero estas son cosas que parecen poco menos que un sueño.

En mi opinión, estos problemas dejan el sistema electoral desprotegido. Nada impide pensar que en el futuro las prácticas se degraden más o que algún grupo bien organizado pueda aprovechar las lagunas de la ley y la desidia general para cometer fraude.