Snowden: Nos espían a todos

Para muchos, Edward Snowden no es más que un informático que ha desvelado cosas muy complejas, de difícil comprensión; entre otras, que por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) se había espiado a Merkel, Rajoy y Peña Nieto, entre otros mandatarios más. Pero, en realidad, Snowden -y sus revelaciones- son mucho más que eso, porque ahora sabemos que todos hemos y estamos siendo víctimas de una intromisión masiva en nuestra intimidad.

A partir del momento en que contó a Glenn Greenwald y Laura Poitras (los periodistas con los que se reunió en Hong Kong para hacer sus revelaciones) lo que la NSA estaba haciendo y se hicieron públicos esos primeros datos, Snowden ha sido víctima de una implacable persecución por parte de los Estados Unidos acusándole, entre otras cosas, de espionaje. Sin embargo, la verdadera dimensión de dicha cacería es política, tal y como ha reconocido y resuelto el Parlamento Europeo en octubre pasado.

¿Qué hizo realmente Snowden?

Ha revelado, mediante la entrega de abundante y detallada documentación, un programa masivo de espionaje que nada tiene que ver ni con la lucha contra el terrorismo ni con la seguridad nacional de Estados Unidos o de alguno de los países que han colaborado con dichas prácticas, entre ellos España. Por tanto, no solo no ha cometido ningún delito, sino que además ha desvelado la sistemática comisión de una serie de delitos por parte de diversas autoridades tanto de USA como de otros países entre los que se encuentra España.

¿A quiénes han espiado la NSA y otras agencias de inteligencia de diversos países, incluida la de España?

Se trata de un programa de espionaje masivo que ha afectado a millones de ciudadanos de todo el mundo, entre los que se encuentran políticos, empresarios, jueces, fiscales, abogados, periodistas, etc. Sus datos están almacenados para ser usados cuando más interese.

¿Para qué se implantó y se utiliza este sistema de espionaje masivo?

La respuesta es sencilla: información es poder. Lo que se ha pretendido es tener tanta información -o poder- como sea posible. No hay nada más poderoso que conocer los secretos y las intimidades de cualquiera que sea o pueda llegar a ser influyente, relevante o poderoso en un determinado momento. ¿Se imaginan el poder que daría el conocer los secretos y la intimidad de gobernantes, jueces, fiscales, periodistas o abogados, por citar algunos de los afectados?

¿Qué delitos serían los cometidos por quienes desde Gobiernos y empresas privadas han participado y colaborado con dicho programa masivo de espionaje?

Desde la perspectiva del Derecho español, no cabe duda que, al menos, estaríamos hablando de los delitos contemplados en los artículos 197, 197 ter, 417, 536 y, por qué no, también el artículo 584 del Código Penal (CP).

¿En qué consisten estos delitos?

El art. 197 CP establece como delito la utilización de cualquier tipo de tecnología para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de las personas. Por su parte, el art. 197 ter califica igualmente de delictiva la compra, producción, importación o facilitación a terceros de programas informáticos adaptados o concebidos para vulnerar el secreto o la intimidad de las personas.

Estas son las conductas denunciadas por Snowden. Pero nuestro CP prevé otras que también son parte de dichas revelaciones, como son las contempladas en su art. 417: la revelación de secretos de los que haya tenido conocimiento por su cargo, justamente otra de las actividades descritas en los documentos hechos públicos. Aparte de todo esto, incluso si la violación hubiese tenido relación con alguna causa legal -por ejemplo, investigación por terrorismo o delito grave-, también se habría incurrido en lo previsto en el art. 536 por interceptar las telecomunicaciones con violación de las garantías constitucionales o legales, ya que ninguna de estas actividades contaba con cobertura judicial.

Por si con todo lo anterior no fuese bastante, igual deberíamos tener presente que el art. 584 CP establece penas de cárcel para “el español que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera (…) revele información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional”. ¿Las comunicaciones del presidente del Gobierno, de jueces, fiscales o políticos facilitadas a la NSA podría perjudicar la seguridad nacional? Seguramente quienes cooperaron con la NSA ni tan siquiera se lo han planteado.

A pesar de estar ante hechos públicos y notorios y sobre los que los juristas no tenemos dudas de que se trata de actos subsumibles en conductas penalmente relevantes, hasta la fecha ninguna autoridad o funcionario se ha tomado la molestia de investigarlos penalmente. Esto nos podría llevar hasta otro delito, como es el contemplado en el art. 408 CP referido a la omisión de perseguir delitos.

Es difícil pensar que los responsables de perseguir estos delitos vayan a hacerlo cuando algunos, públicamente, están solicitando que se relajen las medidas técnicas de protección de nuestra intimidad argumentando, falazmente, que es para poder perseguir delitos. Seguramente, cuando sean conscientes de cómo se les ha espiado también a ellos, y cómo se ha invadido su propia intimidad, su postura será diferente.

En todo caso, y por ahora, no nos parece tan urgente ni relevante perseguir a los que han cometido estos delitos, como tomar consciencia de nuestra condición de víctimas de los mismos y aprender de lo sucedido. Solo así podrán adoptarse las medidas necesarias para que este tipo de ilícitas actividades no sigan produciéndose y, de este modo, los ciudadanos podamos recuperar el espacio de intimidad del que nos han privado.

Junto con lo anterior, lo que sí resulta urgente es que nuestras autoridades cumplan lo acordado el pasado 29 de octubre en el Parlamento Europeo, consistente en “garantizarle (a Snowden) protección y evitar la extradición o la entrega por parte de terceros, en reconocimiento por su estatus de denunciante y defensor de los derechos humanos”. Hasta la fecha, el único político español que ha exigido el cumplimiento de ese acuerdo ha sido Alberto Garzón. Confiamos en que a él le sigan otros muchos.

Snowden, que nunca ha pretendido ser el protagonista de la discusión, se ha transformado en una figura importante por lo que ha revelado y, sobre todo, por el debate que su acción, sacrificio y valentía ha generado al demostrar, por un lado, lo vulnerada y vulnerable que es nuestra intimidad o el secreto de nuestras comunicaciones y, por otro, lo peligroso que resulta desvelar prácticas ilegales cuando las mismas son cometidas por diversos Gobiernos con la ayuda de importantes empresas.

Nuestra seguridad, argumento sobre el cual se construyó el programa de espionaje masivo, no puede estar por encima de nuestra libertad. Si hay algo que queda acreditado a través de lo revelado por Snowden es que ahora no estamos más seguros que antes, pero sí tenemos menor libertad e intimidad.

Quienes pretenden restringir ilegalmente nuestros derechos civiles deberían, en todo caso, pensar bien lo que están haciendo porque aquí, espiados hemos sido todos -políticos, jueces, fiscales, empresarios, periodistas, abogados y ciudadanos de a pie - y la intimidad de cada uno de nosotros puede ser usada, para fines espurios, por quienes a fecha actual posean esos datos. Información es poder, pero el poder no se debe conseguir a cualquier precio.

Para muchos, Edward Snowden no es más que un informático que ha desvelado cosas muy complejas, de difícil comprensión; entre otras, que por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) se había espiado a Merkel, Rajoy y Peña Nieto, entre otros mandatarios más. Pero, en realidad, Snowden -y sus revelaciones- son mucho más que eso, porque ahora sabemos que todos hemos y estamos siendo víctimas de una intromisión masiva en nuestra intimidad.

A partir del momento en que contó a Glenn Greenwald y Laura Poitras (los periodistas con los que se reunió en Hong Kong para hacer sus revelaciones) lo que la NSA estaba haciendo y se hicieron públicos esos primeros datos, Snowden ha sido víctima de una implacable persecución por parte de los Estados Unidos acusándole, entre otras cosas, de espionaje. Sin embargo, la verdadera dimensión de dicha cacería es política, tal y como ha reconocido y resuelto el Parlamento Europeo en octubre pasado.