Los silencios del derecho y la memoria democrática

Llueve sobre mojado. En Tortosa el gobierno municipal organiza una consulta sobre el futuro de un monumento que debería haber sido retirado hace años. En buscadores de internet se ofrece a los turistas una habitación en la hospedería de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El ministro del Interior utiliza ese mismo lugar para meditar. El Ministerio de Defensa homenajea a un aviador franquista.

Son noticias recientes que indignan a unos y que pasan desapercibidas para muchos. El denominador común es sin duda la naturalización del franquismo: la aceptación de la dictadura de cuarenta años y sus símbolos como natural y normal, junto con la percepción de la guerra civil como un “conflicto entre iguales” en el que “todos cometieron errores”. Se trata de un proceso que afecta a la sociedad y que se tolera, cuando no se impulsa, desde las instituciones públicas.

Este proceso no nos debe extrañar como tampoco el resultado de la consulta en Tortosa: la administración, española y catalana, no se pronuncia, no elabora mediante políticas de memoria o leyes un relato antifranquista. Ese vacío lo ocupa de manera natural el viejo discurso franquista, el que asume la dictadura y sus símbolos como parte del paisaje que no conviene modificar.

El problema viene de lejos. El legislador evitó, durante la transición, condenar la dictadura o restituir plenamente en sus derechos a las víctimas. Se impuso el silencio y lo que Bartolomé Clavero llamó “amnesia constituyente”. El Tribunal Constitucional en 1982 sancionó esta interpretación del pasado dando plena validez a todo el derecho franquista. Este silencio continuó durante la democracia. El Partido Socialista no aprobó ninguna norma reparadora a las víctimas, tampoco ninguna ley condenando el franquismo. En cambio, confirmó a destacados militares y policías del régimen anterior. Durante los años de Rodríguez Zapatero poco cambió esta situación: las sentencias del franquismo no se anularon y siguieron formando parte del ordenamiento, con lo que eso significa. No se llevó a cabo un programa de exhumación de fosas por parte del Estado, no se vigiló el cumplimiento de la ley y tampoco se impulsaron políticas públicas de memoria, más allá de la creación de un centro documental en Salamanca.

El resultado ha sido un silencio jurídico y político sobre el franquismo y la guerra civil creado desde 1977 hasta hoy. Y con el derecho y con la cultura sucede como con la física de fluidos: un espacio vacío tiende a ser ocupado por la materia en cualquier forma. En el caso del derecho español, el legislador dejó un vacío: prefirió no pronunciarse sobre el franquismo. Pero viniendo de donde veníamos -una larga dictadura con un eficiente sistema de propaganda y un potente proyecto nacionalizador- ese vacío, ese silencio, fue ocupándose por el relato franquista ya existente: el que se inició con el mito de la Cruzada en 1936 y reformado en 1966 con el de la falsa paz y la falsa reconciliación. Ahora, cuarenta años después, ese discurso está aceptado, normalizado y naturalizado gracias a la inacción del Estado democrático.

Al no haber ni condenas del franquismo ni persecución de su apología, ni principios antifascistas que informen el derecho, es fácil que el nacionalismo franquista en su manifestación más banal se vaya colando en la cultura jurídica y política. Así, el monumento de Tortosa fue protegido como elemento del patrimonio cultural de Cataluña y después su mantenimiento se somete a consulta sabiendo que está asumido como natural. Cuarenta años de silencio y la inactividad de la administración catalana, incluido el Memorial Democràtic, permiten que el viejo discurso se desarrolle.

¿Son las instituciones españolas por completo desmemoriadas? En absoluto. El Estado también intenta moldear la identidad colectiva y la imagen de España en el extranjero mirando al pasado. Paralelamente a la naturalización del franquismo el Estado intenta participar de lo que algunos llaman “la memoria cosmopolita”: la de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.

La LOMCE, la reforma del Código penal que castiga la negación del Holocausto o la reciente ley que otorga la nacionalidad española a los sefarditas son ejemplos de ello. Pero son normas que presentan un relato incompleto y parcial: se recuerda el Holocausto y se incluye en los curricula, pero se calla sobre la complicidad de Franco y Hitler, sobre los deportados republicanos a los campos nazis o sobre la desnacionalización por parte del Gobierno de judíos españoles. Se habla de nazismo, silenciando que este fue fundamental para la victoria franquista.

De nuevo, el legislador español crea normas y transmite principios y valores mediante las palabras que dice, pero también mediante los silencios.

En definitiva, el episodio de Tortosa es consecuencia de años de silencios y de tolerancia con el discurso de los vencedores de la guerra civil: cuando el Estado no crea un relato sobre el pasado franquista está permitiendo que su espacio lo aproveche el viejo relato franquista. Los otros creadores de la campaña XXV Años de Paz sabían lo que hacían: adaptar el discurso franquista para hacerlo más duradero.

El Ayuntamiento de la ciudad del Ebro tiene ahora el encargo de “reinterpretar y recontextualizar” el monumento. Que no nos extrañe a los ciudadanos y a las instituciones catalanas el resultado que ese proyecto pueda tener. Porque en el derecho, como en toda comunicación, quien calla otorga.

Llueve sobre mojado. En Tortosa el gobierno municipal organiza una consulta sobre el futuro de un monumento que debería haber sido retirado hace años. En buscadores de internet se ofrece a los turistas una habitación en la hospedería de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El ministro del Interior utiliza ese mismo lugar para meditar. El Ministerio de Defensa homenajea a un aviador franquista.

Son noticias recientes que indignan a unos y que pasan desapercibidas para muchos. El denominador común es sin duda la naturalización del franquismo: la aceptación de la dictadura de cuarenta años y sus símbolos como natural y normal, junto con la percepción de la guerra civil como un “conflicto entre iguales” en el que “todos cometieron errores”. Se trata de un proceso que afecta a la sociedad y que se tolera, cuando no se impulsa, desde las instituciones públicas.