La lucha contra la tortura tras el 11S

Desde hace doce años el Center for Constitutional Rights, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, abogados españoles, franceses, belgas y nosotros, del European Center for Constitutional and Human Rights, nos venimos reuniendo en Nueva York, Londres y Madrid para discutir sobre la tortura sistemática desplegada por Estados Unidos a partir del 11 de septiembre del 2001 y evaluamos qué acciones legales tomar al respecto. Esta semana el punto de encuentro ha sido Berlín y nos hemos dado cuenta de que las expectativas han cambiado durante los últimos años.

Entre los años 2004 y 2008 presentamos las primeras denuncias penales en Alemania, Francia y España en contra del exsecretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld, el exjefe de la CIA, George Tenet, y otros altos oficiales de la administración Bush. Entonces, y al igual que en las denuncias contra las dictaduras argentina y chilena, el objetivo era presionar desde el extranjero para que las prácticas de tortura sistemática no permanecieran impunes. En aquel momento, hace más de 10 años, había varios casos pendientes en Estados Unidos y confiábamos en que su sistema judicial decidiría y lograría acabar con los horrores cometidos en nombre de la “guerra contra el terrorismo”, pues a pesar de ser frágil en Estados Unidos existía un sistema de Rule of Law de larga tradición.

Pero incluso los casos más graves permanecieron en la impunidad, incluyendo el waterboarding o hundimiento en agua como técnica de tortura, autorizado por el expresidente George Bush y el exvicepresidente Dick Cheney. Los supervivientes de tortura en Guantánamo, Abu Ghraib y Bagram ni fueron compensados ni recibieron tratamiento médico. Cuando el presidente Obama -experto en Derecho Constitucional- asumió su cargo en enero del 2009, tuvimos la esperanza de que habría investigaciones y juicios en los casos más serios y graves. Sin embargo, nada cambió. Ni siquiera tras conocerse el informe del Senado sobre torturas de la CIA en diciembre de 2014. Da la impresión de que, cuando se trata de juzgar delitos de tortura cometidos en el pasado, Estados Unidos actúa como cualquier dictadura o régimen autoritario.

Por eso, la esperanza sigue viniendo desde fuera de los Estados Unidos (de todos modos está claro que la sociedad estadounidense raramente se interesa por las decisiones de los tribunales y el trabajo de los fiscales en Europa). Uno de los casos más importantes fue la acción presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. El Tribunal no era competente para juzgar a los Estados Unidos, pero sí denunció a Polonia, Lituania y Macedonia por su rol “auxiliar” en el programa de tortura. Esto fue una jarra de agua fría para Estados Unidos, pues sus prácticas fueron públicamente condenadas por los jueces como violaciones graves de los derechos humanos, cometidas con la ayuda de varios países europeos.

Hace veinte años, no hubiésemos creído posibles los procesos contra agentes de la CIA por el secuestro del ciudadano egipcio Abu Omar en Italia o del alemán Khaled El Masri en Macedonia. En Italia se han realizado juicios aún en rebeldía de los acusados y en Alemania se han dictado varias órdenes de arresto. Asimismo, hay procesos criminales pendientes en España, Francia y Alemania. Pero el mensaje más importante no guarda relación con las particularidades de cada caso, sino con el hecho de que diez o quince años después de cometidos los crímenes todavía se discute fuera de Estados Unidos sobre el programa de tortura.

¿Y qué pasa con los supervivientes de Guantánamo? En nuestro evento público en Berlín Murat Kurnaz se mostraba escéptico. Cree poco probable que vaya recibir jamás una disculpa o compensación por parte de los líderes estadounidenses o alemanes responsables de su sufrimiento, de los cinco años de presidio y torturas sufridos injustamente. Su compañero en prisión, el ciudadano francés Mourad Benchellali, espera que los jueces instructores franceses hagan esfuerzos reales por continuar con las investigaciones. Igual que para Benchellali y Kurnaz, o para el exdetenido en Abu Ghraib, Ali Abbas, es importante que quienes fueron torturados por los Estados Unidos después no se unan a grupos armados, sino que trabajen por una sociedad pacífica y democrática. Esto es justamente lo que hacen Kurnaz, Benchellali and Abbas. Sería un bonito gesto acompañarlos en esta esperanza.

Desde hace doce años el Center for Constitutional Rights, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, abogados españoles, franceses, belgas y nosotros, del European Center for Constitutional and Human Rights, nos venimos reuniendo en Nueva York, Londres y Madrid para discutir sobre la tortura sistemática desplegada por Estados Unidos a partir del 11 de septiembre del 2001 y evaluamos qué acciones legales tomar al respecto. Esta semana el punto de encuentro ha sido Berlín y nos hemos dado cuenta de que las expectativas han cambiado durante los últimos años.

Entre los años 2004 y 2008 presentamos las primeras denuncias penales en Alemania, Francia y España en contra del exsecretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld, el exjefe de la CIA, George Tenet, y otros altos oficiales de la administración Bush. Entonces, y al igual que en las denuncias contra las dictaduras argentina y chilena, el objetivo era presionar desde el extranjero para que las prácticas de tortura sistemática no permanecieran impunes. En aquel momento, hace más de 10 años, había varios casos pendientes en Estados Unidos y confiábamos en que su sistema judicial decidiría y lograría acabar con los horrores cometidos en nombre de la “guerra contra el terrorismo”, pues a pesar de ser frágil en Estados Unidos existía un sistema de Rule of Law de larga tradición.