El informe sobre las torturas de la CIA: de la indignación a la acción

Cuando el pasado miércoles leí el informe sobre las torturas de la CIA elaborado por el Senado estadounidense, me invadió la ira. Por supuesto, ya conocía desde hace más de diez años las informaciones sobre los golpes, la privación del sueño y el waterboarding, el ahogamiento simulado. De hecho, llevamos trabajando desde 2004 para llevar ante la justicia a los instigadores y planificadores de las torturas sistemáticas que se han producido desde el 11 de septiembre de 2001, con un éxito desigual. Lo que más indignación me causó al leer el informe fue la reacción de los principales responsables de dichas torturas; en el informe se describe cómo el entonces jefe de la CIA Michael V. Hayden defendió a los responsables de la “detención ilegal” –con ese eufemismo lo denomina la CIA– del ciudadano alemán Khaled El Masri. Según él, la agente de la CIA siguió correctamente todos los procedimientos. Cinco meses de detención, torturas, la destrucción de una vida, todo por una confusión de nombre: según los atroces servicios secretos y los políticos, todo eso debería quedar impune.

El Masri ha presentado una demanda por daños ante un tribunal civil en EE.UU., sin éxito, como lo han hecho todos los demás supervivientes de las torturas cometidas por Estados Unidos, ya que en ese país la posibilidad del procesamiento penal ni se menciona. Es desesperante leer los relatos de los golpes y las torturas sistemáticas y comprobar su total impunidad, ya sea en Siria, en Irak, en Rusia o precisamente en Estados Unidos, pero lo cierto es que de la justicia estadounidense espero más que de la siria o la rusa, ya que EE.UU. se ha comprometido a respetar los derechos humanos y el derecho internacional. Por un momento me quedo sin habla al percatarme de que, incluso después de que salga a la luz el informe, no se interpondrá ningún nuevo procedimiento ni penal ni civil. Y si no se interpone en Estados Unidos, ¿dónde?

Una semana después de la publicación del informe sobre las torturas me han invitado a comparecer ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento alemán en relación con el caso El Masri. El fiscal federal, Harald Range, ha anunciado que su departamento se encargará de obtener el informe completo, traducirlo e investigarlo desde un punto de vista jurídico. Es una buena iniciativa, y rápida. También nosotros tenemos iniciativas: el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) ha presentado ante Range denuncias contra el antiguo jefe de la CIA George Tenetha presentado ante Range denuncias contra el antiguo jefe de la CIA George Tenet, entre otros. ¿Qué queremos lograr con estas nuevas denuncias? No solo que se investigue a los agentes directamente implicados en las desapariciones y los maltratos. El fiscal federal también debe investigar el papel de los máximos responsables, es decir, de Tenet y de los miembros del Gobierno de George W. Bush, y esa investigación se debe realizar, al menos de manera preliminar, aunque ninguno de los planificadores y responsables de aquellas decisiones haya anunciado un viaje a Alemania. Es evidente que todos aquellos que estuvieron implicados en el programa de torturas, desde los agentes de la CIA hasta Bush, tienen recelos de viajar a Europa, ya que aquí pende sobre ellos un procedimiento penal. Difícilmente pueden valorar de forma concreta cómo es de real el peligro, aunque nosotros tampoco, pero sí evalúan las consecuencias y los riesgos.

Desde Alemania, España, Francia o Bélgica, tenemos la responsabilidad de poner en marcha investigaciones penales serias que, por un lado, puedan evitarnos la visita de los torturadores, pero que también nos permitan estar preparados en caso de que alguno de ellos se decida a viajar a Europa por motivos profesionales o personales. Solo fue posible detener al ex dictador chileno Augusto Pinochet en su visita a Londres en octubre de 1998 porque la justicia española estaba preparada, había interrogado a los testigos, había evaluado los documentos correspondientes y analizado la responsabilidad jurídica del dictador. También la justicia alemana debe prepararse.

Cuando el pasado miércoles leí el informe sobre las torturas de la CIA elaborado por el Senado estadounidense, me invadió la ira. Por supuesto, ya conocía desde hace más de diez años las informaciones sobre los golpes, la privación del sueño y el waterboarding, el ahogamiento simulado. De hecho, llevamos trabajando desde 2004 para llevar ante la justicia a los instigadores y planificadores de las torturas sistemáticas que se han producido desde el 11 de septiembre de 2001, con un éxito desigual. Lo que más indignación me causó al leer el informe fue la reacción de los principales responsables de dichas torturas; en el informe se describe cómo el entonces jefe de la CIA Michael V. Hayden defendió a los responsables de la “detención ilegal” –con ese eufemismo lo denomina la CIA– del ciudadano alemán Khaled El Masri. Según él, la agente de la CIA siguió correctamente todos los procedimientos. Cinco meses de detención, torturas, la destrucción de una vida, todo por una confusión de nombre: según los atroces servicios secretos y los políticos, todo eso debería quedar impune.

El Masri ha presentado una demanda por daños ante un tribunal civil en EE.UU., sin éxito, como lo han hecho todos los demás supervivientes de las torturas cometidas por Estados Unidos, ya que en ese país la posibilidad del procesamiento penal ni se menciona. Es desesperante leer los relatos de los golpes y las torturas sistemáticas y comprobar su total impunidad, ya sea en Siria, en Irak, en Rusia o precisamente en Estados Unidos, pero lo cierto es que de la justicia estadounidense espero más que de la siria o la rusa, ya que EE.UU. se ha comprometido a respetar los derechos humanos y el derecho internacional. Por un momento me quedo sin habla al percatarme de que, incluso después de que salga a la luz el informe, no se interpondrá ningún nuevo procedimiento ni penal ni civil. Y si no se interpone en Estados Unidos, ¿dónde?