Aena vulnera la legislación urbanística con el aeropuerto de Asturias

La batalla del Gobierno del Principado de Asturias contra Aena ya está en los tribunales. Los servicios jurídicos consideran que la decisión del Ministerio de Fomento de dar luz verde al recorte de la pista utilizada por el 80 por ciento de las aerolíneas, “vulnera la legislación urbanística y perjudica los intereses económicos y empresariales de la región”.

Los servicios jurídicos del ejecutivo autonómico consideran que el proyecto de obra “no respeta el plan Especial de Ordenación del Principado ni el Plan Director”, ya que en ninguno de los dos se prevé una reducción del umbral de aterrizaje del aeropuerto. Como medida cautelar, se solicita que se paralice el proyecto hasta que los tribunales determinen si se trata de una actuación ilegal.

Aena ha sacado a concurso público esta obra por valor de tres millones de euros sin informar previamente al ejecutivo autonómico y al ayuntamiento de Castrillón, donde está ubicado el aeródromo. La opacidad de esta opacidad termina en un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados centrales contra Aeropuertos Nacionales.

El hecho de no poner en conocimiento de las autoridades autonómicas competentes esta decisión, es otro de los argumentos utilizados por los servicios jurídicos, que consideran que “podría conllevar un supuesto de nulidad de pleno derecho”.

Algo extraño está pasando con el aeropuerto de Asturias. En 2009, Aena inició la ejecución de obras en las pistas por un importe de tres millones de euros, que concluyeron al año siguiente. Dichas obras, consistieron en levantar, rellenar y ampliar las cabeceras 29 y 11, con la finalidad de adecuarse a la nueva normativa en materia de seguridad.

Ahora, en base a esa misma normativa, ya entonces vigente, se plantea una nueva obra, también por tres millones de euros, que además de reducir el tamaño de la pista, reduce su operatividad. Ante esta tesitura, el senador de IU, Jesús Iglesias, ha presentado una pregunta escrita al Gobierno de Rajoy para que aclare la inversión de tres millones en 2009 y “si fue un derroche, a la vista del nuevo proyecto de remodelación para adaptar el aeródromo a las nuevas exigencias de seguridad aérea”.

Hasta ahora, el Gobierno del Principado ha intentado llevar este asunto por las buenas, pero el cerrajón y las vagas explicaciones del Ministerio de Fomento y de Aena han hecho que las relaciones entre las dos administraciones sean “bastante desesperantes”, como las calificó la consejera de Fomento.

La alternativa que presenta Aena es la menos favorable de las tres soluciones que se plantean para el aeropuerto asturiano: alargar la pista, mantener la situación y superar obstáculos y acortar la pista. La opción tercera perjudica a las empresas de la región y a la estrategia del Gobierno del Principado de potenciar la internacionalización del sector turístico.

El representante de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, se ha unido a los diputados nacionales asturianos del PSOE para presionar al Ministerio de Ana Pastor para que retire la propuesta de Aena y busque otra alternativa. Llamazares denunció que en La Coruña la decisión ha sido alargar la pista en un aeropuerto “con unos resultados de explotación muy por debajo de los asturianos, mientras que aquí, se opta por la peor de las alternativas”.

La batalla del Gobierno del Principado de Asturias contra Aena ya está en los tribunales. Los servicios jurídicos consideran que la decisión del Ministerio de Fomento de dar luz verde al recorte de la pista utilizada por el 80 por ciento de las aerolíneas, “vulnera la legislación urbanística y perjudica los intereses económicos y empresariales de la región”.

Los servicios jurídicos del ejecutivo autonómico consideran que el proyecto de obra “no respeta el plan Especial de Ordenación del Principado ni el Plan Director”, ya que en ninguno de los dos se prevé una reducción del umbral de aterrizaje del aeropuerto. Como medida cautelar, se solicita que se paralice el proyecto hasta que los tribunales determinen si se trata de una actuación ilegal.