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Las vacaciones de un concejal del PSOE dejan sin culpables el caso del palacio de Calatrava en Oviedo
El dictamen final de la comisión de investigación sobre la denominada 'operación Palacios', que engloba la polémica construcción del arquitecto Santiago Calatrava y el desarrollo urbanístico en lo que iba a ser el Palacio de Justicia, deja fuera de cualquier responsabilidad a los políticos populares y socialistas, que, durante el boom de la construcción, ostentaban responsabilidad de gobierno.
Las vacaciones en el extranjero del concejal y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo Carreño, y la presencia de la concejala del PP, Inmaculada González, que llevaba de baja médica desde comienzos del mes de abril, propiciaron que salieran adelante las enmiendas populares que eliminan del informe final los nombres más relevantes de políticos asturianos.
El presidente de la comisión, el concejal de IU Roberto Ramos, había elaborado un informe en el que responsabilizaba al exalcalde del PP Gabino de Lorenzo, actual delegado del Gobierno en Asturias, al expresidente socialista Vicente Álvarez Areces, ahora senador, al entonces concejal de Hacienda, Jaime Reinares –condenado por la Audiencia Provincial a un año de cárcel por publicar correos privados-, al exconsejero de Hacienda del ejecutivo autonómico, Jaime Rabanal, a la exportavoz socialista Paloma Sainz y al concejal ausente Carreño.
En un lapsus, el PP aprobó las conclusiones de dicho informe, que responsabilizaba a dos de los suyos, De Lorenzo y Reinares. El alcalde de Oviedo reaccionó y presentó enmiendas al dictamen en una votación muy ajustada. Los populares lograron dar carpetazo a la comisión de investigación del Calatrava con un informe 'sin culpables' gracias al apoyo de dos exconcejales de Foro, a la ausencia del socialista y a la presencia de la concejala popular de baja.
Desde el PP argumentan su marcha atrás en que “hemos votado algo que no queríamos y no era correcto”. A pesar de todo, los socialistas no han salido satisfechos y acusan al PP de “cerrar en falso un proceso muy oscuro. Esta comisión de investigación es un gran fiasco y un paripé”. La portavoz socialista ha cargado las tintas contra IU: “Una vez más ha sido la muleta de la derecha. Todo esto pone en evidencia el buen rollito que tiene con el PP”.
El PSOE ya anunció que llevará la documentación a la Fiscalía de Asturias. Lo mismo ha hecho el portavoz municipal de IU, que ya ha remitido al ministerio público las conclusiones de su dictamen. En un comunicado, Roberto Sánchez Ramos subraya que, “más allá de la catástrofe política y del despilfarro causado, hay que determinar si puede haber delito. Es el poder judicial el único capacitado para realizar la investigación con todas las garantías y todas las consecuencias”. El dirigente de IU defiende su informe que pone el acento en los nombres que gobernaron Asturias en la primera década del 2000 y asegura que el dictamen aprobado por el PP “está capado. Es un informe asexuado” al no reflejar las responsabilidades políticas.
Tampoco los llamados a comparecer tomaron en serio a esta comisión de investigación municipal. El arquitecto Santiago Calatrava no se presentó a la citación, que recibió en su estudio de Zúrich. El polémico arquitecto ya había sido condenado por la Audiencia Provincial de Asturias a pagar 2,96 millones de euros a la promotora Jovellanos XXI -ahora en quiebra- por fallos detectados en la ejecución del Palacio de Congresos.
A la ausencia de Calatrava se sumaron la del expresidente del Principado y la del exalcalde de la ciudad durante veinte años y actual delegado del Gobierno y por cuyas manos, según el portavoz municipal de IU, “pasaron el 80% de las decisiones que se tomaron para llevar a cabo esta operación”.
La 'operación palacios' pertenece al boom de la construcción, a la etapa de innumerables encargos para el valenciano. Ahora queda un Palacio de Congresos rescatado, con un auditorio para más de cuatro mil personas, que fue inaugurado por Mariano Rajoy en las elecciones autonómicas de 2011, un hotel de cuatro estrellas, un centro comercial, ahora gestionado por el grupo de inversión británico Alpha Real Capital, y un aparcamiento en la parcela del antiguo estadio de fútbol del Real Oviedo.
El dictamen final de la comisión de investigación sobre la denominada 'operación Palacios', que engloba la polémica construcción del arquitecto Santiago Calatrava y el desarrollo urbanístico en lo que iba a ser el Palacio de Justicia, deja fuera de cualquier responsabilidad a los políticos populares y socialistas, que, durante el boom de la construcción, ostentaban responsabilidad de gobierno.
Las vacaciones en el extranjero del concejal y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo Carreño, y la presencia de la concejala del PP, Inmaculada González, que llevaba de baja médica desde comienzos del mes de abril, propiciaron que salieran adelante las enmiendas populares que eliminan del informe final los nombres más relevantes de políticos asturianos.