La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) afronta este jueves una votación clave: su asamblea tiene que aprobar por dos tercios los estatutos de la entidad en pleno conflicto con el Ministerio de Cultura, que ha intentado intervenir sus cuentas por irregularidades, y tras su expulsión de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC). En este momento en el que se juega la readmisión en el organismo internacional y bajo la vigilancia de Cultura, varias fuentes, algunas críticas con la presidencia actual, revelan que la dirección de la entidad ha hecho ofrecimientos de adelantos económicos, algo que confirma la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es. La SGAE no ha confirmado si esos pagos se siguen ofreciendo o han decaído, pero sí ha informado al Ministerio de la aprobación “de diversos anticipos a título de préstamos excepcionales”, confirman desde Cultura, que “se dispone a requerir a la SGAE mayor información sobre esta circunstancia, porque la que se ha facilitado es insuficiente para hacer una valoración o en su caso adoptar medidas”, reconocen fuentes del departamento a eldiario.es.
Hace dos meses, en diciembre, algunos miembros de la Junta Directiva recibieron un ofrecimiento verbal, según denuncian esas fuentes. Podrían ingresar por adelantado un dinero que tienen congelado por un conflicto judicial y lo podrían hacer a costa de la caja de la SGAE, que aportaría ese dinero a cuenta. Uno de los beneficiados confirma a eldiario.es que fue una oferta de palabra, sin documentos de por medio: se le indicó que debía llamar a la secretaria del coordinador y que ella le diría la cantidad que podría reclamar.
Es el mismo modus operandi que denuncia una carta de Rafael Tena -hermano del músico Manolo Tena e investigado por el llamado caso de la Rueda-, a la que ha tenido acceso eldiario.es, enviada a los órganos de dirección de la SGAE. “Es una reclamación que ustedes habrían pergeñado consistente en que los autores previamente apercibidos habrían de telefonear (...) con la finalidad de no dejar huella escrita alguna de tan irregular y posiblemente delictivo comportamiento”, relata Tena en su misiva. Al Ministerio de Cultura le envió un cruce de mails con la SGAE en el que relataba su denuncia y del que hay constancia en el ministerio.
El formulario que hay que rellenar para poder cobrar se titulaba “Adelanto por Reclamación” [a la izquierda] y se justificaría en una sentencia judicial de 2018. En ella, el Juzgado 54 de Madrid fallaba contra la SGAE, que había limitado en 2017 a un 15% el reparto a los autores de la música nocturna emitida en Atresmedia y Telecinco. La sentencia concluyó que ese cambio debió haber pasado por la Asamblea de la SGAE y no lo hizo, y por tanto consideraba esa limitación del reparto como inválida. La SGAE recurrió esa sentencia por no estar conforme, pero la mitad de ese dinero sí se ha repartido a las televisiones a través de un auto porque las teles, la parte demandante, pidieron la ejecución provisional de la sentencia: es decir, la justicia ha dicho que de momento se le dé el dinero a las televisiones. En el caso de los músicos tendrían que esperar a sentencia firme.
Precisamente es la SGAE la que ha recurrido el fallo al que se aferra ahora para adelantar el dinero que le correspondería a esos autores (músicos y letristas) siempre que los jueces volvieran a fallar contra la SGAE. Esa segunda sentencia se puede retrasar meses o incluso años. El fallo firme afectaría a 44.394 socios, según calculó la propia entidad en su recurso judicial. En algunos casos tocaría devolver dinero y en otros percibir más. Si todos los músicos con derecho reclamaran esa cantidad a cuenta, podría suponer unos seis millones de euros de desembolso de la caja, según estimaciones de fuentes cercanas al proceso. Lo que habría hecho la SGAE es ofrecer un adelanto contra sus propios intereses, que a tenor de su estrategia jurídica se basan en que la sentencia se revierta.
Varios socios de la junta directiva que prefieren no dar su nombre justifican la decisión en que los derechos de autor son indivisibles, y si se paga a las teles habría que pagar a los autores, motivo por el que la entidad habría buscado este mecanismo, aunque nada de eso dice el auto de ejecución. Además, sin la autorización del Ministerio de Cultura no puede concretarse ese préstamo. La sociedad no ha querido dar su versión ni responder a las preguntas de eldiario.es.
Después de la carta de Tena denunciando esa oferta limitada para algunos, el Consejo de Dirección, que es el órgano ejecutivo de la SGAE que ha ideado los adelantos, emitió una comunicación oficial con un ofrecimiento general a todos los autores afectados, al que ha tenido acceso este medio [izquierda]. En once líneas informaba de que los autores afectados por la sentencia podrían pedir lo que ahora llamaba “préstamos excepcionales” y ya no “adelanto por reclamaciones”. Daba un día de plazo para solicitarlo, hasta el día siguiente, 16 de enero, cuando se convocó un consejo extraordinario. Todo esto sucedía dos semanas antes de la votación de los nuevos estatutos.
El anterior presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón -que también fue llamado a declarar como investigado por el caso de la Rueda- confirma a eldiario.es que él también se quejó en un mail el 15 de enero sobre estos repartos, “que al parecer se han parado” -algo sobre lo que la entidad no responde-, “pero sobre todo me quejaba de que la asamblea vaya a votar este jueves convertir ”10 millones de euros que figuran como pendiente de reparto para los socios en un remanente, cuando la ley de propiedad intelectual prohíbe expresamente que el dinero de reparto acabe como ingreso administrativo“, denuncia. Se refiere al punto 5 del orden del día, que dice ”Aprobación, en su caso, de la incorporación en los ingresos de la Entidad de la diferencia existente en los derechos pendientes de reparto“. La SGAE tampoco ha respondido a eldiario.es sobre esta cuestión.
Sobre los adelantos de dinero, precisamente el anterior ministro de Cultura, José Guirao,prohibió hace un año a la SGAE dar anticipos sin autorización del Estado, algo que hacía SGAE con regularidad. Guirao envió un requerimiento que especificaba que solo se aprobarían “una vez verificado que su concesión no compromete el resultado final del reparto de derechos”. El problema que veía Cultura es que se daban préstamos a cuenta de futuros derechos de autor que no estaban siempre asegurados, lo que supone en la práctica adelantar dinero de la entidad que no se sabe si se podrá recuperar y que podía comprometer el reparto de derechos. También observó posible discriminación en las concesiones. La propia SGAE lamentó y cuantificó en un comunicado crítico con Guirao lo que suponía esa paralización: 2,5 millones de euros que se iban a entregar a 250 artistas y 12 editores quedarían en suspenso. Sobre este aspecto, desde el ministerio insisten en que “los repartos realizados por SGAE en el año 2018 no se llevaron a cabo conforme a la obligación establecida en la Ley de Propiedad Intelectual de respetar los principios de proporcionalidad y equidad en el reparto. Hasta la fecha, SGAE sigue sin cumplir con lo exigido por el Ministerio en el apercibimiento de septiembre de 2018”, explican fuentes ministeriales.
Rafael Tena volvió a enviar otra misiva después de que la SGAE invitara a pedir adelantos a todos los autores para volver a avisar de que emprendería acciones legales si se seguía con el empeño de pagar u ofrecer dinero a cuenta de una posible sentencia. En este segundo escrito apuntaba directamente a que la SGAE había tomado la decisión de repartir dinero “bajo amenaza de que, de no hacerlo, la actual directiva no aprobaría los estatutos (...) teniendo en cuenta el considerable control de la parte de los miembros de la Junta Directiva sobre los votos de la Asamblea General a celebrar”.
La Asamblea de este jueves es clave para poder rehabilitar el nombre de la entidad, expulsada de CISAC y bajo vigilancia de Cultura, y también para refrendar simbólicamente la gestión de su presidenta, Pilar Jurado. Además de las acusaciones y los problemas de credibilidad con el Ministerio, la SGAE ha afrontado en los últimos meses sonadas y numerosas bajas. En octubre cancelaron su participación como socios Pedro Almodóvar, Juan Antonio Bayona, Mateo Gil o los hermanos Alberto y Laura Rodríguez (creadores de Aquí no hay quien viva). Recientemente, Julio Iglesias y José Luis Perales también anunciaron su marcha. Desde octubre, más de 200 músicos y 50 editoriales han dejado la entidad para crear su propia gestora.
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