Bruselas, 11 nov (EFE).- La durabilidad de los productos tecnológicos o, lo que es lo mismo, su capacidad para operar en condiciones óptimas durante un tiempo determinado, no solo afecta a los consumidores y a las decisiones que toman para adquirirlos, sino que también tiene fuertes implicaciones medioambientales.
“¿Cómo podemos esperar que los consumidores tomen una decisión sostenible si ni siquiera están debidamente informados sobre la durabilidad de los productos?”, se pregunta el eurodiputado francés de los Verdes, David Cormand.
Sobre la base de estas cuestiones emerge la idea del “derecho a reparar”: que el consumidor pueda disponer de las piezas e indicaciones necesarias para restaurar sus aparatos y cuente con información veraz sobre la vida útil del producto para hacer un consumo consciente en términos de responsabilidad medioambiental.
Cormand es ponente de una resolución aprobada por la comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo (PE), en virtud de la cual los diputados piden un justo “derecho a reparar” que proteja a los consumidores y que esté alineado el Pacto Verde (Green Deal), una prioridad europea y el 'leitmotiv' de la transición ecológica de los Veintisiete.
“La sostenibilidad no está hecha de acciones esporádicas y no relacionadas, sino que debe ser considerada de manera sistemática”, explica a Efe el diputado europeo que ha puesto en marcha esta iniciativa que quiere crear un marco legal en la materia y “poner fin al mito de que los consumidores deben soportar la carga de la transición ecológica”.
CULTURA DE LA REPARACIÓN
“Hemos perdido nuestra cultura de la reparación; nuestros padres y nuestros abuelos compraban algo, lo reparaban diez veces y seguía funcionando”, dice a Efe el director de Asuntos Legales y Económicos de la organización europea de consumidores (BEUC), Agustín Reyna, al apuntar quien a la “necesidad de cambios en la legislación para que el consumidor pueda tener un rol activo” en la actualidad.
No obstante, el consumidor sí tiene voluntad: un Eurobarómetro publicado en el mes de marzo sobre el impacto de la digitalización revela que el 78 % de los europeos -el 83 % en el caso de los españoles- cree que los fabricantes deberían facilitar la reparación.
En este contexto, proliferan iniciativas muy diversas, como eventos de reparación comunitaria donde “muchos jóvenes quieren experimentar lo que hay detrás de la pantalla”, explica a Efe Chloé Mikolajczak, activista de “Right to Repair” (“Derecho a reparar”, una coalición de organizaciones europeas para fomentar esta tendencia).
“El problema es que hay muchos obstáculos para reparar un producto: o los costes son casi los mismos que comprar uno nuevo o las piezas de repuesto necesarias ya no existen”, alerta, por su parte, el eurodiputado francés.
El escenario para el consumidor “no es el más adecuado”, puesto que “en la práctica tiene que hacer un esfuerzo adicional económico que no compensa para reparar”, coincide la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Ileana Izverniceanu.
¿QUÉ NECESITA EL CONSUMIDOR PARA IMPLICARSE?
Una de las propuestas de la iniciativa liderada por Cormand es “la introducción de un etiquetado obligatorio (para los fabricantes) sobre la sostenibilidad y reparabilidad del producto”, según explicó el diputado de la Eurocámara, aunque algunos grupos políticos “se oponen a su carácter obligatorio”.
Esto aportaría información sobre su vida útil y el usuario podría tener “la posibilidad de saber si puede arreglar su producto o si va a funcionar igual que antes”, matiza, por su parte, el miembro de la organización de consumidores europeos.
Además, el usuario necesita mecanismos de protección que vayan más allá de la garantía legal de los productos, de dos años, que fomenta que “no compremos a largo plazo”, añade Reyna.
En esta línea, según Izverniceanu, podría tener eficacia la ampliación de este período “de forma que el fabricante se comprometa a alargar esa garantía a la vida útil del producto”.
No obstante, el derecho a reparar también pasa, en opinión de Cormand, “por la estandarización de las piezas de repuesto, asegurando que sean asequibles y estén disponibles, incluso para los talleres independientes y los consumidores”, así como por garantizar que se ponga a disposición de los consumidores “un reemplazo cuando los productos necesiten estar inmovilizados durante demasiado tiempo o sean esenciales, como un teléfono”.
SOSTENIBILIDAD Y CREACIÓN DE UNA NUEVA INDUSTRIA
Fomentar la reparación de los productos también ayuda a crear, según el eurodiputado, “muchos empleos locales en el sector de la reparación y en el mercado de segunda mano” donde, según coincide el miembro de BEUC, “otras personas se pueden beneficiar de un producto que funciona y lo puede comprar a un precio más asequible que nuevo”.
De hecho, “algunos minoristas de productos de segunda mano luchan contra la obsolescencia aumentando la garantía de los productos de segunda mano a dos años”, apunta la activista de “Right to Repair”.
Además, también “resulta interesante desde la óptica europea”, dice Izverniceanu, “porque si los consumidores apuestan por esa industria de la reparación, que pasa por abaratar los costes de reparación, se generan puestos de trabajo a nivel local”.
Pero, sin duda, una de las mayores bondades del derecho a reparar es la sostenibilidad.
“Los productos duraderos reparables son, en pocas palabras, buenos para las personas, buenos para el planeta y buenos para las empresas sostenibles”, concluye Cormand.