El jueves 26 de mayo de 2011 el rey Juan Carlos presidió la presentación de los primeros 25 tomos del Diccionario Biográfico Español, una obra de 44.464 páginas con 48.361 entradas compuestas por 5.044 autores realizada por la Real Academia de la Historia. Los principales periódicos le dedicaron amplios espacios con fotografía, pero el diario Público dio cuenta de la noticia en un espacio secundario porque se le negaron los contenidos. Peio Riaño, su jefe de Cultura, había pedido a la Academia “las principales voces relacionadas con la Guerra Civil, las más delicadas”: las entradas de Franco, Yagüe, Rojo, Serrano Súñer... Pero la institución se las negó en repetidas ocasiones: en papel, en digital, o con el redactor acudiendo a la sede para leerlas.
Al día siguiente de la presentación, el diario acudió a la Biblioteca Nacional a consultar por fin esas voces. Y fue entonces cuando Público le dedicó amplios espacios. Encontró tanto material que dos ministros de Cultura tuvieron que rendir explicaciones en el Parlamento. Ahora, en marzo de 2013, por fin se ha terminado de publicar la obra. Y lejos de enmendar los errores del pasado los ha reafirmado, en un proyecto cuyo coste, según calcula Riaño en El Confidencial, supera ampliamente los seis millones de euros en aportación pública.
Con la aparición del diccionario “hay un salto cualitativo; nos encontramos ante la oficialización de esa corriente que llaman revisionista, que yo llamaría negacionista de la dictadura”, señalaba en 2012 el profesor Fernando Hernández Sánchez. Ese revisionismo intenta pervertir las secuencias 'Franco aparece tras la guerra', y 'la Democracia retoma los valores civiles republicanos'. En su lugar, intenta emparejar Franco con Democracia, y República con Guerra. Invitando a mirar la República con los ojos manchados en sangre, invirtiendo el orden cronológico. “El diccionario oficializa y da rango a esa corriente”.
Psicofonías como fuente histórica
La obra ha sido la mayor empresa de la institución en sus tres siglos de historia. El profesor José Luis Ledesma acudió a la Academia para confeccionar un artículo que publicó en Ayer, revista de Historia Contemporánea. “Allí intenté ser correcto en las formas y, antes de condenar, tratar de entender el Diccionario. Al ver que las nuevas voces que salen en la prensa siguen por el camino de 2011, me arrepiento de haber sido tan comprensivo. Es tremendo”, recuerda hoy el autor.
Su repaso señalaba cómo se habían pisado lineas rojas de la historiografía encargando biografías a personas implicadas y practicando juicios y fundamentos inaceptables en la disciplina. La biografía de Franco ha sido particularmente dolosa para los especialistas. “No solo incurre en sutiles y no tan sutiles equívocos. En una pirueta retórica, consigue no emplear los términos 'dictadura', 'dictador' o 'represión' y a cambio, la primera definición junto a su nombre es ”Generalísimo y jefe de Estado Español“, señala el texto de Ledesma.
Su autor, Luis Suárez, es el presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos y uno de los pocos historiadores a los que la familia Franco ha permitido acceder a los archivos, lo que es como encargarle la biografía de un cantante a su club de fans.
En una vista más general señala que “ofende al buen gusto histórico y moral que en varias biografías se nombre la contienda de 1936-1939 como 'Alzamiento', 'Movimiento Nacional', 'Guerra de Liberación', 'dominación roja' e incluso 'verdadera cruzada', como si estuvieran escritas en plena hora cero de la posguerra y no 65 años después”. En los caídos del bando franquista “puede aparecer como primera definición 'Mártir y beato' y después describirse sus vidas como dechados de piedad, virtud, 'vocación y caridad' y sus muertes en términos de 'fue sacrificada', 'alcanzó la palma del martirio' o 'murió mártir de Jesucristo'. Mientras, ”se califica a los republicanos una y otra vez como 'el enemigo' o 'los rojos' y a los rifeños como 'la morería'.
La entrada correspondiente a Esperanza Aguirre señala que “recuerda sin descanso que la Hacienda central no ha invertido un solo euro en obra nueva para la Comunidad madrileña” y que tiene “un buen hándicap de golf”.
Las faltas de rigor que han sido aceptadas para publicación llegan a extremos como el firmado por Luis Suárez, el mismo autor de la biografía de Franco, que dice en su biografía de Monseñor Escrivá de Balaguer que “Dios se le apareció mientras daba misa para decirle que el Opus también era cosa de mujeres”, convirtiendo la sicofonía en fuente documental, como señalaba el profesor Hernández Sánchez en la locución citada arriba.
Parto y reparto
El problema central del Diccionario Biográfico es el reparto de las biografías, que condicionan tanto quién se incluye como el cómo. La voz de Letizia Ortiz la firma la propia Casa Real, y el texto la circunscribe a madre abnegada, con gran ocupación en “la alimentación, la actividad física y el desarrollo de habilidades sociales” de sus niños. El biógrafo de Esperanza Aguirre es Manuel Jesús González y González, secretario de Estado con Aguirre, siendo ella ministra de Educación, y presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid desde 2006. Por no referir a los cargos de la propia Academia.
“El problema ha estado en el proceso con el que se atribuyó la autoría de las distintas voces. Los miembros de las distintas comisiones tenían prioridad a la hora de adjudicarse ellos mismos las voces. En las reuniones preparatorias, cuando se presentaron los listados de posibles biografiados... claro, biografiar a Aznar, a Franco, a Aguirre, eran peras en dulce. Son los propios académicos los que deciden hacerlas ellos. Entonces, claro ¿quién les discute a ellos hacer eso, si además de académicos son miembros de la comisión? Fíjate, el propio director de la Academia termina biografiando a uno de los directores de la Academia, el XVII Duque de Alba, que es alguien profundamente vinculado a la sublevación en julio de 1936, y de todo eso no se dice ni una palabra”, señala Ledesma por teléfono.
“Esto lo hace la Editorial Planeta, y allá cada uno con lo que publica”, señala el profesor Andreu Mayayo, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, “pero estamos hablando de dinero público, y eso requiere que haya control y que se den explicaciones”.
La aparición de los últimos volúmenes con voces que insisten en la falta de rigor compromete a los ministros de Cultura. Cuando apareció la primera hornada de libros, el Congreso congeló la subvención al diccionario biográfico y la condicionó a su rectificación. Un año más tarde el ministro Wert anunció en el Congreso que se iban a modificar cerca de treinta biografías, sin señalar cuáles.
Ahora que la obra se ha completado, no hay noticia de cuáles fueron esas correcciones (la Academia nos ha remitido a los miembros de la comisión, pero no nos ha detallado ninguna voz concreta) ni de quién aprobó las rectificaciones que permitieron retomar la subvención. La Academia nos ha señalado, bien al contrario, que “no se retomó, porque nunca se congeló la subvención”. Los actores no han rendido cuentas ni a los profesionales de su misma especialidad ni al hemiciclo.
Precisamente en esta época de recortes presupuestarios, la Universidad no ve justificable tal dispendio. “Estos proyectos son dominio de las facultades y de los grupos de trabajo”, señala Mayayo. No podemos soslayar en este artículo que José Luis Ledesma, el profesor que acudió a consultar el Diccionario pagado por todos que nadie tiene, no ha podido renovar su puesto en la Universidad de Zaragoza.
Papel mojado
El proyecto es gigantesco y estas voces maleadas forman una parte muy limitada. ¿Podemos defender que esa parte no contamina todo lo demás? José Luis Ledesma cree que dinamita el conjunto entero.“Porcentualmente es una parte mínima. Yo me pasé días y días leyendo voces de otros temas que no fueran ni Contemporánea ni Guerra Civil, y me parecían solventes, firmados por gente reconocida, especialistas. Es una parte pequeña la discutible. Lo que pasa es que es tan grave en un libro con pretensiones científicas o académicas, es tan grande el calibre de los dislates que aparecen, que sí que desacredita el conjunto de la obra”.
Andreu Mayayo va más allá. No es sólo que una gota de mercurio sea suficiente para envenenar todo el vino; el catedrático impugna el tonel mismo. “¿Qué sentido tiene hoy una Academia de la Historia? Una institución así pudo tener sentido en siglos pasados, pero ¿en pleno siglo XXI?”. El Diccionario sería así síntoma de un problema más profundo.
En la Academia hay personas muy orgullosas del trabajo realizado en ese otro noventa por ciento, y penan porque no esté disponible en la web. Así, lo bueno es “el resto”, pero es como alabar la carrocería del coche del traficante cuando el valor está precisamente en lo que intenta infiltrar camuflado. En las ediciones digitales hay lugar para corregir y enmendar, y por eso destaca la insistencia del director de la Academia en realizar la edición en papel, que ha costado, sólo en impresión, la friolera de un millón de euros.
Cuentan las crónicas que la edición electrónica aparecerá cuando se haya vendido la edición en papel, que consta de mil ejemplares. Entonces tal vez podamos acceder a esas voces valiosas. De momento, pueden adquirir la colección al módico precio de 3.500 euros. Viene ya metida en su caja de metro y pico, que es un detalle que no se le escaparía a Don Ramón Gómez de la Serna.