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El Ministerio de Cultura apercibe a la SGAE para que “cumpla con la ley”

EFE

Madrid —

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El Ministerio de Cultura ha enviado un apercibimiento a la SGAE para que cumpla con la ley y se ajuste a la legislación en lo referido, entre otros asuntos, a sus estatutos y el voto electrónico y le ha dado un plazo de tres meses para que el tema “quede resuelto”.

Según han informado esta noche a EFE fuentes del departamento de José Guirao, son ya “varios” los requerimientos en la misma línea que se le han enviado a la SGAE “sin éxito” y por ello, y tras haber recibido “numerosas quejas” de los socios, ha decidido enviar el apercibimiento.

Cultura ha instado en varias ocasiones a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a que “ajuste sus reglas de funcionamiento” a la legislación “aplicable”, especialmente en lo que se refiere a sus estatutos; las normas de reparto, que deben aprobarse en asamblea general, y permitir el voto electrónico en sus elecciones.

El ministerio, añaden las mismas fuentes, esperan que en el plazo de tres meses que se le ha dado a la SGAE “el tema quede resuelto”.

De no solucionarlo, como ya advirtió el anterior Gobierno el pasado mes de febrero, se podría revocar a la entidad la autorización para operar.

El Gobierno aprobó entonces un Real Decreto para adaptar el ordenamiento español a la directiva europea sobre las entidades de gestión en la que se establecía que los estatutos de todas ellas, incluida la SGAE, debían adaptarse.

Sin embargo, la SGAE rechazó hacerlo en una asamblea general celebrada el pasado 21 de junio. El pasado 15 de julio venció el plazo que le había dado el ministerio para proceder a la adaptación.

En cuanto al reparto de derechos, el ministerio entiende que la forma en la que se hace, y que se retrotrae al laudo dictado a propósito de la llamada “rueda de las televisiones”, se debería haber decidido en asamblea.

Por último, Cultura denuncia la ausencia de voto electrónico en las elecciones del 26 de octubre, un hecho que ha sido denunciado en los juzgados aunque su obligatoriedad, argumenta el presidente en funciones, José Miguel Fernández Sastrón, no está recogida en sus estatutos y por lo tanto no lo contempla para los próximos comicios.