Los fans que compraron entradas para la gira Motomami de Rosalía sabían de antemano que no iban a ser baratas. Y no se equivocaron. Pero, para muchos, la sorpresa llegó con un cargo polémico e incierto cuya utilidad no está del todo clara: los gastos de gestión o de distribución. La entrada en pista tenía un sobreprecio de 12,5 euros al comprarla a través de la web de Ticketmaster, algo que los usuarios compartieron indignados en las redes sociales. “Me encantaría entender el concepto de 'gastos de gestión' cuando pago yo internet, busco yo la entrada y la llevo yo en el móvil. ¿Qué gestión, cariño?”, replicaba uno de ellos.
Además, dicho gasto no es una cantidad fija, sino que aumenta proporcionalmente con el precio de la entrada. Así, una localidad ubicada en la zona en grada para el concierto de Rosalía que cuesta 40 euros, recibe 5,5 en gastos de gestión, pero al paquete VIP, que asciende hasta los 365 euros, se le añade un cargo de 48,5. Un 15% de la tarifa.
Los consumidores se preguntan por qué el gasto es proporcional al precio de la entrada si el servicio siempre es el mismo, por qué es tan elevado y por qué lo pagan ellos y no el promotor.
No ocurre solo con los artistas de talla internacional ni con grandes festivales. El monólogo del dúo cómico La Ruina, por ejemplo, cuesta 16 euros más los 7 de gastos de gestión. Casi la mitad del precio de la entrada. Para entender qué es este gasto, hay que remontarse al inicio de la venta online, cuando los promotores contrataron servicios de venta de entradas (empresas de ticketing) para que gestionasen como intermediarios el número de localidades vendidas, las devoluciones, pusiesen la pasarela de pago o TPV virtual para que los clientes puedan pagar con tarjeta e hiciesen llegar el ticket al comprador, que en un principio era impreso pero ahora es mayoritariamente virtual, con entradas digitales o códigos QR.
“Para que el gasto de gestión esté justificado, la plataforma tiene que dar una prestación de servicio efectiva”, explica Miryam Vivar, abogada y portavoz de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). Pero, para ella, “tiene difícil justificación cuando eres tú mismo quien accede y compra las entradas por internet”. La OCU no es la única asociación que critica este plus sobre la entrada. “Antiguamente, lo justificaban con que era un gasto por el procesamiento de tus datos, la impresión de la entrada y del recibo. Pero hoy entendemos que se lo inventan para meter un margen de beneficio”, añade Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
¿Qué estamos pagando?
Por su parte, todas las plataformas sin excepción tienen un apartado en sus páginas donde explican sus motivos para la existencia de este extra. El gigante Ticketmaster dice destinarlo a “hacer las cosas fáciles” al cliente y ofrecerle “un ágil acceso a increíbles eventos e información a través de nuestro servicio de atención telefónica, nuestro sitio web abierto veinticuatro horas al día, los siete días de la semana, la aplicación para Smartphone y las páginas en las redes sociales”.
También la desaparecida Ticketea justificaba que su plataforma “requiere de mantenimiento constante para ofreceros un servicio cada día más sencillo, robusto e innovador” y que eso “no lo hacen las máquinas, sino nosotros, un equipo de más de 60 personas”. Más allá de estas explicaciones, no hay información de transparencia detallada por parte de las grandes plataformas. Mutick, una más nueva y pequeña, accede a dar su punto de vista.
“Los gastos de gestión son nuestros ingresos y claro que son necesarios. Sirven para pagar la web, el servidor, los gastos bancarios, el TPV, las nóminas del personal, el marketing y la publicidad, los anuncios para posicionamiento en Google, la gestoría, los viajes o las dietas”, explica Jorge Martínez, director y CEO de la página de ventas que comenzó en 2018.
Los gastos de gestión son nuestros ingresos y claro que son necesarios. Sirven para pagar la web
A cambio del gasto de gestión, el comprador de la entrada obtiene por parte de Mutick “un servicio de gestión y la facilidad de llevar la entrada en el móvil, y que si la pierde o cerrara esa cuenta, se le pueda reenviar a otro mail”. También recibe “avisos de aplazamientos o cancelaciones, una agenda con los conciertos más destacados de la semana o el mes, sorteos u ofertas”. Martínez lo compara con los puntos de venta físicos, como pueden ser las tiendas de discos o los grandes almacenes hasta hace no mucho, y entiende que allí no se cobre gasto de gestión porque el vendedor no obtiene ningún dato personal del comprador: “Si pierdes tu entrada, debes comprarla de nuevo”.
Miryam Vivar, de OCU, opina justo lo contrario. “Si accedes a una compra física de entradas en un teatro, tienen que pagar a una persona que te venda la entrada y la gestión de sacarlo en papel”, diferencia. “Tú no pagas directamente el sueldo de esa persona, pero indirectamente, si quieres ese servicio, cuesta más dinero”, aclara. La abogada pone como ejemplo a las agencias de viaje, “donde el gasto de gestión está justificado porque te buscan el vuelo, el itinerario o si hay plazas en un hotel”. También Rubén Sánchez cree que la mayoría de los gastos que enumera el director de Mutick deberían “ir dentro del precio de la entrada”.
¿Por qué cada vez es un precio distinto?
Los años de la pandemia han supuesto un duro batacazo para el sector del espectáculo en vivo y las empresas que lo rodean, como las de venta de entradas. “Lo pasamos bastante mal, pero ya hemos salido y nos vamos poco a poco recuperando”, dice el director de Mutick. Según un informe de la OBS Business School, en 2021 el sector de la música en directo retrocedió ocho años hasta 2013, pero el optimismo ha vuelto en 2022.
Por eso, de cobrarse un gasto de gestión, las organizaciones en defensa del consumidor creen que tendría que estar estandarizado. En el caso del mismo evento, por descontado, pero también si “compras una entrada para Rosalía o una entrada de cine”, puesto que el procedimiento en la empresa de venta es el mismo. “Cada una está poniendo un coste de gestión distinto y creemos que es algo de dudosa legalidad, que lamentablemente las administraciones de consumo no investigan”, critican desde Facua.
Cada empresa está poniendo un coste de gestión distinto y creemos que es algo de dudosa legalidad
Tanto OCU como Facua piensan que el verdadero problema es que se llame “gasto de gestión”. “El seudogasto que se lleva la empresa no existe, es una comisión. ¿Qué coste tiene para ella vender las entradas? ¿Por qué tiene el consumidor que pagar una cantidad por el hecho de que le estén vendiendo la entrada?”, se pregunta Sánchez. Vivar cree que si lo llamasen comisión, “no habría reclamación alguna porque son legales siempre que indiquen el por qué del importe”.
Por ejemplo, Mutick cobra una comisión fija (ahora sí) del 10% del precio de cualquier ticket que se obtenga a través de su plataforma, “que normalmente baja al 8% en tickets superiores a 50€”, asegura Martínez. La diferencia con el gasto de gestión, para Miryam Vivar, es que el cliente se lo encuentra de sopetón al ir a pagar en la última página. De hecho, una encuesta realizada en 2019 infirió que el 47,6% de usuarios abandonan una compra de entradas online en este punto. “No sabes a qué se corresponde, no te han informado”, entiende la portavoz de OCU. Sin embargo, anima: “Ese importe se puede reclamar”.
¿Qué podemos hacer?
“Estas plataformas tienen el monopolio. No te queda más remedio que comprarlo, pagarlo y luego reclamarlo directamente al promotor”, explica la experta de la OCU. “Son importes pequeños para justificar una reclamación judicial, pero no para el bolsillo de los consumidores, que ya asumen un precio de la entrada abusivo”, opina Vivar.
No te queda más remedio que comprarlo, pagarlo y luego reclamarlo directamente al promotor
Su consejo es que el comprador se dirija a las oficinas municipales de información a los consumidores (OMIC) para que les presten ayuda en la mediación o a la Dirección General de Consumo de las comunidades autónomas. “Ellos serían los que en última instancia deben sancionar a la empresa”, advierte.
OCU también cuenta con una plataforma pública donde se puede interponer una reclamación. “Podemos hacer de intermediarios (nosotros gratis) con la plataforma o el promotor porque tenemos canales directos con ellos y nos dan un poquito de trato preferente”, desvela. Aunque, al final, advierte que será “la palabra de la empresa contra la del consumidor”.