No corren buenos tiempos para la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), aunque muchos pensarán si alguna vez los hubo. Desde que estallara la operación SAGA allá por julio de 2011, que desbarató los 16 años de reinado de Teddy Bautista con acusaciones de desvíos de fondos a entidades privadas, la entidad de gestión de derechos de autor se ha ido encontrando cada vez más cerca de los tribunales –poco después, en 2013, estallaría el caso de la rueda de las televisiones- y, sobre todo, más alejada de la ciudadanía, que no entiende su actividad ni acierta a comprender su modelo de reparto de las cantidades monetarias.
Las últimas elecciones, celebradas el pasado 26 de octubre, que se saldaron con la victoria de muchos socios que han defendido la famosa rueda y que le acabaron otorgando la presidencia a José Ángel Hevia, tampoco han calmado las aguas. No lo parecía ya desde la campaña electoral, cuando otros socios decidieron retirar sus candidaturas y llamar al boicot al considerar que la nueva junta no iba a cambiar el, para ellos, perverso modelo de trazabilidad de tarifas y repartos.
A esto se suma la espada de Damocles del Ministerio de Cultura, que en los últimos meses ha posado sus ojos sobre la entidad para exigirle una mayor transparencia y cambios estatutarios. El ministerio ya ha puesto a la SGAE sobre aviso: si para el 27 de diciembre no se han producido estas, procederá a iniciar el trámite para la intervención de la entidad. Se da la casualidad de que será ese mismo día cuando se celebre la asamblea de socios –“No se ha podido hacer antes porque no ha dado tiempo”, admiten desde la SGAE- para votar por los cambios, aunque ya hay socios entre los disidentes que rechazan cualquier modificación salvo que se vuelvan a convocar elecciones. La entidad ya ha lanzado una campaña para esta asamblea con tonos particularmente dramáticos: si los socios no participan, la SGAE podría desaparecer.
Requerimiento de Cultura
En medio de todo este tumulto febril en el que se hallan los pasillos del palacio de Longoria, esta última semana tampoco ha estado ausente de sustos. El primero, el requerimiento este miércoles por parte de Cultura a la SGAE para que aclare el posible conflicto de intereses de algunos miembros de la junta, ya que tiene “dudas razonables” de que esto sea así.
El ministerio se centra particularmente en Hevia, ya que, a raíz de informaciones publicadas por el periódico El Mundo, sospecha de su participación en las reuniones de la junta si todavía es administrador único de Busindre Producciones S.L, lo cual no está permitido según la ley de Propiedad Intelectual.
Según explicaba El Mundo, Hevia es accionista al 100% de Busindre, que en su día tuvo como administradora mancomunada a Nuria Beatriz Rodríguez, responsable editorial de música de Atresmedia. El sumario del caso de 'la rueda' señalaba a Rodríguez como “la persona que dirige la actuación de los principales miembros” implicados “para la perpetuación del sistema”. Su objetivo principal era, según el texto judicial, aumentar por todos los medios los porcentajes de retorno que obtienen las cadenas al emitir repertorio sobre el que han adquirido derechos de autor.
A su vez, desde la administración de Cultura se ha hecho saber que se desconoce si se ha configurado la comisión deontológica para dirimir estos presuntos conflictos de intereses, ya que esta podría haber renunciado a actuar.
Asimismo, al ministerio le preocupa la sanción que la Confederación Internacional de Sociedades de Autor y Compositores (CISAC) ha iniciado contra la SGAE por incumplir el reglamento de esta confederación. Para que la entidad aclare todos estos puntos se le ha dado un plazo de cinco días, que se cumplirán a comienzos de la semana que viene. Si no hay respuesta, se considerará “una infracción leve” que puede dar lugar a un expediente sancionador.
En la SGAE recibieron “con sorpresa” este requerimiento de Cultura “en un momento en el que se está trabajando en la organización de la asamblea”, según manifestaron fuentes de la presidencia a eldiario.es, aunque también aseguraron que “vamos a responder en tiempo y forma dentro de los cinco días. Se está trabajando en la respuesta y será enviada al ministerio en estos días”.
También mostraron su estupefacción porque el requerimiento “se base en gran parte en unas informaciones periodísticas”. Ante las preguntas planteadas indicaron desconcierto puesto que a este periódico sí han garantizado que la comisión deontológica está constituida y que el ministerio está informado acerca de todos los pasos que está dando la SGAE. Y sobre la situación de Hevia, se insistió en que en esta nueva junta está como autor y no como editor, por lo que no existiría tal conflicto de intereses.
Queda por saber la reacción de Cultura la semana próxima y si le convencerá la respuesta de la SGAE para agilizar o no esa posible intervención.
Cerco desde el Parlamento, pese al PP
Desde el Parlamento, con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, ahora en el Senado después de haber pasado por el trámite del Congreso, la vista también está puesta sobre la SGAE, aunque no se cita nunca en el texto, pero sí alude a aquellas entidades que gestionan más de cien millones de euros anuales y en España solo hay una.
Precisamente, en la cámara baja se aprobó la regulación de la recaudación de la música en horarios de mínima audiencia, es decir, la que se emite de madrugada en las televisiones y que ha dado lugar al caso de rueda de las televisiones. La Audiencia Nacional investiga el presunto fraude que se podría haber llevado a cabo entre productoras, televisiones -especialmente Atresmedia- y la propia SGAE. Con la reforma, se fija un límite del 20% para la recaudación de la música en horario nocturno, que en estos momentos supone más del 70%.
Cuando este texto llegó a la cámara alta a comienzos de este mes se presentaron enmiendas de varios partidos, entre ellos, el Partido Popular que en la número ocho pretendía modificar el artículo 159, que es el que recoge estos nuevos límites. La votación del texto en la Comisión de Cultura del Senado se produjo el jueves. Durante varios días hubo diversas reuniones entre los partidos. Así lo comentó a eldiario.es el senador del PP, Alberto Gutiérrez Alberca, que señaló un día antes de la votación: “Es una cuestión en la que cada uno tiene sus intereses, hay algunos más claros dentro de los intereses de gestión, radio o televisivos y tenemos que intentar un punto de común que le venga bien a la entidad de gestión”.
En ese momento, el miércoles por la noche, el PSOE estaba disconforme con la enmienda y se movieron los hilos para que no llegara a la comisión, lo que finalmente sucedió. Gutiérrez Alberca, que ya la noche anterior aseguró que probablemente la enmienda no se planteara, explicó que la retiraron “para conseguir un acuerdo”. Por su parte, el senador socialista, Félix Montes, se mostró satisfecho con esta decisión casi de última hora: “Valoramos positivamente que se haya retirado porque íbamos a votar que no. Retirar esa enmienda facilita el acuerdo, porque distorsionaba lo decidido en el Congreso”.
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual llegará al pleno del senado el próximo día 20 y como resaltan los senadores, lo más probable es que el texto salga adelante con la regulación de la música nocturna.
Serán unas navidades de infarto para la SGAE. La reforma de la LPI sigue su curso y durante estos días tendrán que dar explicaciones a Cultura mientras se prepara una asamblea de socios que puede ser peor que una reunión familiar navideña.