Después de cuatro años de negociaciones en la Comisión Mixta del Ejecutivo, formada por varios ministerios y agentes del cine, ayer vio la luz el Real Decreto-Ley que cambia la financiación del cine español, según establecía la actual Ley de Cine, vigente desde 2007. La modificación más sustancial es que, a partir de enero de 2016, las ayudas públicas no serán otorgadas después del estreno y en base al número de espectadores obtenidos, sino que se entregarán a priori y siguiendo un barómetro de “parámetros objetivos”, como señaló el Ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Una medida que desde la Federación de Productores (FAPAE) fue acogida con gran entusiasmo, pese a caer en periodo electoral: “En realidad, llevaba aprobada desde antes de Semana Santa, pero no se ha presentado hasta ahora”, ratificó su presidente, Ramón Colom.
No obstante, la modificación no es tan fundamental. Hasta la fecha estas subvenciones ya se otorgaban para películas que iban a cumplir con unos determinados objetivos comerciales. A partir de ahora, y aunque, como insistieron fuentes del Ministerio, los criterios tendrán que ser definidos en los próximos meses, sí hay unas líneas ya establecidas que señalan que las cuantías irán para aquellos proyectos que tengan viabilidad, que puedan generar espectadores –más de 60.000- que vayan a tener un impacto internacional y que sean rodados en España. Mediante un sistema de puntuación automática se valorará si hay un buen plan de márketing, si el director es español o si es un trabajo de coproducción. En definitiva, si la película tiene un buen músculo industrial. Prácticamente como ocurría hasta ahora.
Desde el Ministerio, como también hizo Wert en la rueda de prensa, se insistió, sin embargo, en que hay notables diferencias. La primera es que las ayudas a priori eliminan la posibilidad de deuda de los productores. Ahora tienen que pedir créditos para poder financiar las películas cuyos intereses crecen hasta que se logra su amortización. Según manifestó a eldiario.es Colom, “el problema de cobrar tres años después es que había que pedir créditos con todos los costes y creaba una inseguridad brutal al productor porque no sabía si se podría devolver”.
El problema, en este sentido, es que estas ayudas también llegaban tarde por parte del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audivisuales (ICAA) y se acumulaba una enorme deuda. Como dijo Wert, “es un sistema inservible”. De hecho, ayer se aprobaron 16 millones de euros de la deuda de las películas subvencionadas en 2014 que quedaban por pagar, por lo que el Fondo para la Cinematografía ascenderá a los 52,5 millones de euros (en los Presupuestos Generales se había dotado con 36,5 millones de euros).
La segunda diferencia es que se acaba con los criterios de subjetividad y se evita la arbitrariedad. En este sentido, Colom se mostró más contundente: “Al establecer la puntuación la posibilidad de amiguismo es menor”. Una buena fe que deberá ser fiscalizada en los próximos años.
¿Menos películas pero más caras?
El ministro Wert también sugirió ayer que el cambio podría llevar aparejado una disminución en el número de películas subvencionadas. Según resaltó, “hasta ahora el grueso del fondo de protección lo consumía la ayuda a la amortización [la destinada a estas películas más comerciales], era un conjunto de cantidades destinadas a amortizar el crédito que el productor había utilizado, pero como esa ayuda dependía de la inversión en la película y el retorno en la taquilla, se producía que la producción se acomodaba a lo que le permitía el fondo. Y se ha producido un número de películas excesivo. Según la Unión Europea, se debe producir una película por cada millón de habitantes, por lo que en España serían 46 películas al año, y eso es menos que lo que se produce ahora mismo”.
El responsable de Cultura no dio la cifra, pero en España se producen anualmente unas 130 películas, según FAPAE. La pregunta revoloteó en el aire: ¿significa esto que el cine español ha estado demasiado subvencionado? Desde el Ministerio insistieron después en que “no es que se vayan a hacer más o menos, sino las que puedan hacerse”. En base a los nuevos parámetros se pretende llegar a 47 películas “industriales”, manifestaron. Habrá que ver también en los próximos meses quiénes son las industriales (¿qué es comercial’), cómo y cuánto reciben, ya que tampoco se han determinado aún las nuevas cuantías, según los parámetros de puntuación. Hasta ahora el tope máximo estaba en millón y medio de euros.
Las mismas cuantías
Desde el Ministerio sí se dieron las cifras que tiene estimado percibir el cine español en su conjunto hasta 2019. Hasta 2018 convivirán los dos modelos, ya que hay que ir amortizando el pago de la deuda del modelo a posteriori. Así, para 2016 se pagarán 35 millones en deuda, 30 millones para las nuevas películas comerciales y 10 millones para el resto de proyectos (en esta bolsa entran los menos comerciales), en total 75 millones de euros; en 2017 serán 30 millones para la deuda, 30 millones para los filmes comerciales y 10 para otros proyectos, en total 60 millones; en 2018 desaparecerán las ayudas a la amortización de la deuda y quedarán 30 millones para las películas comerciales y 10 para las minoritarias, 40 millones en total; y en 2019 se prevén 30-35 millones para los filmes con mejor rendimiento de taquilla y 10-15 para los que no tengan tanto, en total, 40-45 millones de euros.
Son números que apenas cambian, a excepción de los años en los que queda la deuda pendiente. Ni suben para las más comerciales ni para los proyectos más pequeños (o complejos), ahora bien, si en cuanto a los filmes más taquilleros, los parámetros también benefician a las productoras con más músculo comercial, los resultados no se perciben que sean muy diferentes y habrá que ver cuántas películas son las que reciben las ayudas. Fuentes del Ministerio insistieron en que habrá una fiscalización muy exhausta del proceso, que este será progresivo y que si no se cumplen con los criterios, serán retiradas. También se asegura una previsión de reembolso de las ayudas, es decir, si el filme tiene mucho éxito en recaudación, tendrán que ser devueltas, aunque aún tampoco se han establecido los márgenes para que una película se considere exitosa económicamente.
Ni las desgravaciones ni el IVA se tocan
Este nuevo modelo de financiación se sitúa, por otra parte, al margen del acuerdo alcanzado el pasado agosto con el Ministerio de Hacienda relativo a las desgravaciones fiscales para la producción de las películas, que es el otro grueso de la financiación al cine español. Estas desgravaciones se sitúan en el 18%, para aquellas que no sobrepasen el millón de euros, y el 20% para las que rebasen esa cifra hasta los tres millones de euros.
Ayer nadie dijo nada sobre un posible cambio en esta cuestión. “Nosotros vamos a intentar subirlas pero eso no toca todavía. Vamos a ver si convencemos a las autoridades de Hacienda”, indicó Colom. Como tampoco se dijo ni una sola palabra sobre el IVA cultural. “Este Gobierno prefiere que las rebajas fiscales las note el ciudadano en el IRPF, prefiere bajar ahí, pero no tocar los impuestos indirectos, y lo que pagamos en los precios. Ellos siguen en ese camino. Pensamos que tiene que rebajarse obligatoriamente, pero cómo y cuándo, no lo sabemos”, se atrevió a decir el presidente de los productores.
De momento, el Real Decreto aprobado ayer para establecer cómo se otorgarán las subvenciones, seguirá su curso hacia el Congreso, donde se prevé que esté aprobado a finales de junio, y después se aprobará un Real Decreto de Desarrollo de la Ley, donde quedarán fijados los parámetros de puntuación, para que empiece a funcionar en enero del próximo año.