Que a Podemos no le agrada el acuerdo PSOE-Ciudadanos es una obviedad. Los miembros de su Comisión de Cultura del Congreso han mostrado concretamente su rechazo expreso hacia lo que interpretan como un refuerzo a la Ley Sinde. “PSOE y Ciudadanos no han entendido el cambio político cuando proponen reforzar y ampliar los efectos de la Ley Sinde, que permite que el Ministerio de Cultura ordene el cierre de páginas web”.
“La aprobación de la Ley Sinde tras una gran movilización en su contra fue ejemplo de cómo las grandes multinacionales del entretenimiento hacen leyes a su medida y son capaces de sustituir a los árbitros cuando van perdiendo los partidos en los tribunales”, subraya David Bravo, miembro de la Comisión de Cultura del Congreso y uno de los principales activistas contra la ley de Propiedad Intelectual antes de ser diputado.
Todo ello tuvo lugar “en un contexto en el que los jueces estaban dictando resoluciones contrarias a las grandes multinacionales del entretenimiento, que fueron las que presionaron para este cambio legislativo”, indican en una nota de prensa los miembros del grupo parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea representados en dicha comisión.
Los miembros del partido en la Comisión señalan que “el rechazo a la Ley Sinde fue uno de los detonantes de un proceso de movilización que culminó con el 15M” y del que, a su juicio, “parece que el PSOE no ha aprendido nada”. “Se trata de regenerar la política, no de cambiar sus actores para interpretar el mismo papel”, sentencian.
En su acuerdo, PSOE y Ciudadanos no hacen mención explícita a la Ley Sinde, aunque sí se refieren a una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual “con el objeto de hacer efectiva la necesaria protección de la propiedad intelectual y de los derechos del creador, compatibilizándola con el mayor acceso posible al patrimonio cultural. Al tiempo apoyar las medidas en defensa de los derechos de los creadores y las industrias de contenidos generados en la economía digital”.
En particular, en el documento ambos partidos acuerdan la “apuesta por la vía administrativa para luchar contra la piratería” y el establecimiento “de una fiscalía especializada en delitos contra la Propiedad Intelectual dotada de medidas” poniendo en marcha “procedimientos rápidos y eficientes para detectar violaciones reincidentes” en dicha materia.
También se refieren a la “puesta en marcha de una campaña educativa en los colegios con la colaboración” para “concienciar a los escolares de la necesidad de respetar la propiedad intelectual y explicarles el valor de las industrias culturales”; promover la “digitalización de fondos y el acceso a contenidos legales”; y la “modificación de los artículos 25 y 31.2 del TRLPI relativos a la copia privada, su compensación y su ámbito, para adaptar nuestra normativa a la de los países de nuestro entorno”.
La receta de Podemos para salir del “callejón”
Frente a las medidas de PSOE y Ciudadanos, Podemos asegura que quiere “devolver a los jueces la competencia exclusiva para decidir qué páginas web deben o no bloquearse por infringir la propiedad intelectual”, por lo que “cumpliendo con lo previsto en su programa” el partido “llevará al Congreso la derogación de la Ley Sinde para su inmediata tramitación”.
Los diputados de la coalición morada subrayan que sus propuestas van por un camino distinto: “En este callejón sin salida en el que se halla este conflicto desde la última década por políticas como la Ley Sinde, en Podemos apostamos por una solución que olvide la inútil deriva represiva y se centre en el equilibrio de dos intereses sociales: el interés de los ciudadanos por acceder a la cultura con libertad y el interés de los ciudadanos a que los creadores puedan sostenerse con el fruto de su trabajo para que sigan creando y así tener algo a lo que acceder”
En el test de compatibilidad que realizamos cuando todavía parecía que Sánchez e Iglesias podrían llegar a entenderse ya tratamos este punto. Y en este caso, su concordancia la consideramos de un 50% con “nubosidad variable”, porque el PSOE no era del todo claro con este tema en su programa electoral y efectivamente dejaba entrever lastres de la Ley Sinde.
En diciembre, los de Pedro Sánchez apostaban por “hacer efectiva la necesaria protección de la propiedad intelectual y de los derechos del creador, compatibilizándola con el mayor acceso posible al patrimonio cultural”. Al tiempo, proponían “apoyar las medidas en defensa de los derechos de los creadores y las industrias de contenidos generados en la economía digital”. No dejaban clara una posición sobre el conocido canon AEDE o la comisión Sinde-Wert que sustituye a la justicia.
En el documento que presentó Podemos hace diez días al partido de Sánchez ya indicaban que urgía “alcanzar y promover un nuevo pacto social que, respetando el marco de la normativa europea vigente, equilibre sus intereses sociales y configure un sistema de Propiedad Intelectual más equitativo, sostenible y justo”.
Desde Podemos, insisten en que “frente a la represión” apuestan por “la búsqueda de vías alternativas de remuneración para los creadores y el apoyo y fomento de nuevos modelos de negocio”. Lo cual, en opinión del partido “se revela como la única salida posible en este choque de trenes en el que llevamos encallados más de una década”. “El que haya seguido este conflicto legal y político, sabe que no son los nombres de Sinde ni Wert los que han conseguido reducir el número de descargas, sino los de Netflix y Spotify”, concluyen.