Condenado el excuñado de Zaplana por el fraude en la construcción de Terra Mítica

La Audiencia de Valencia ha condenado a dos exdirectivos y 20 empresarios por estafa y fraude fiscal en la construcción de Terra Mítica, el parque temático auspiciado por la Generalitat en Benidorm. El tribunal considera probada la existencia de una trama que se apropió de dinero público mediante la sobrevaloración de sus servicios, la emision de facturas falsas o, directamente, el cobro de trabajos no realizados.

Entre los condenados están el  exdirector de contratación, Justo Valverde, ex cuñado de Eduardo Zaplana, el presidente de la Generalitat que impulsó el parque, el exdirector técnico, Antonio Rincón, el empresario Vicente Conesa, considerado el cerebro de la trama,y otros dos empresarios con un papel central en el asunto, Antonio Moreno Carpio  y José Luis Rubio. Los dos primeros han sido condenados a cinco años y diez meses de prisión. Conesa, a 23 años y diez meses. Para los tres la Fiscalía ha pedido el inmediato ingreso en prisión por riesgo de fuga.

Como cooperadores necesarios, han sido castigados a tres años y seis meses de prisión Matilde Ripoll, esposa de Conesa,  Jesús Vicente Pascual, ingenerio de la empresa de Conesa, y dos hermanos de Antonio Moreno Carpio, Juan Carlos y Francisco Javier. Todos ellos deberán indemnizar a Terra Mítica de forma solidaria con 1.158.661 euros y a la hacienda pública con 185.385 más intereses. Los 22 condenados afrontan penas que oscilan entre los cuatro y los 47 años de prisión por varios delitos contra la Hacienda Pública, estafa y falsedad. Además, deben pagar multas por más de 71 millones de euros.

El tribunal ha absuelto a 13 de los 35 encausados: 11 empresarios, el expresidente de la sociedad, Luis Esteban, y el exdirector general Miguel Navarro. La lectura pública de la sentencia, de 431 páginas, se ha interrumpido durante 20 minutos por el desmayo de uno de los acusados.

Un fallo que se ha hecho esperar 20 años

Los hechos juzgados sucedieron en la segunda mitad de los 90 aunque la Fiscalía no inició la investigación hasta 2005, a raíz de la denuncia de un diputado del PSPV-PSOE, José Camarasa. Éste grabó a unos empresarios confesando las irregularidades. “Si los trabajos realizados valían 50, los empresarios cobraban 30 y facturaban 90: era la condición para trabajar en Terra Mítica”. “La diferencia se la entregaban a Vicente Conesa”.

El tribunal ha mitigado las penas por la dilación indebida del proceso. La investigación fue eterna -la instrucción se cerró en 2014-, compleja (más de 40.000 folios y cien tomos con documentación) y polémica. Se relacionó a Zaplana, con las mordidas. Éste lo negó y se querelló contra aquellos que lo implicaron en el asunto, caso, por ejemplo, de Camarasa. Finalmente, nunca se llegó a probar su relación con el fraude.

Algunos de sus conocidos, sin embargo, estaban en el centro de la trama. Conesa, el muñidor del asunto, recibió adjudicaciones del Ayuntamiento de Benidorm presidido por Zaplana. Valverde, su excuñado, aupado a la dirección del parque, ha sido uno de los condenados. Una empresa participada por su mujer y su madre tenía intereses en terrenos junto al recinto. Y algunos empresarios cercanos al expresidente, accionistas minoritarios del complejo, nunca se personaron en el asunto para perseguir el quebranto económico que les causó. Ese el caso del constructor Andrés Ballester.

El sueño de Zaplana que degeneró en pesadilla

Terra Mítica es un proyecto de Zaplana, que impulsó el parque nada más convertirse en presidente de la Generalitat, en 1995. Financiado básicamente con fondos públicos y la inversión de las cajas de ahorros controladas por el PP valenciano, Bancaja y CAM, fue inaugurado en 2000. Desde el inicio fue un pozo sin fondo. Tras varios bandazos en la gestión, en 2004 entró en concurso de acreedores, levantado gracias a la venta al imputado Enrique Ortiz de unos terrenos anexos al parque. En 2012, ahogada por la deuda y las pérdidas en casi todos los ejercicios, la sociedad se vendió a su actual gestor por 65 millones de euros. La administración valenciana y las cajas habían invertido cerca de 400.