Discrepancias en Trabajo sobre la validez de ERTE públicos como el de EMT València: aceptado en Sevilla y denegado en Valladolid

Diferentes interpretaciones del decreto de estado de alarma que regula los Expedientes de Regulación Temporales de Empleo (ERTE) cuando se trata del sector público.

Es lo que ha sucedido con las empresas municipales de autobuses urbanos de Sevilla y de Valladolid, justamente cuando la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València acaba de acordar con los sindicatos un expediente temporal que afectaría a 433 trabajadores de una plantilla que ronda los 1.500 empleados.

En el primer caso, las autoridades laborales andaluzas han dado el visto bueno al ERTE aplicado desde el pasado 30 de marzo en  la sociedad Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), perteneciente al Ayuntamiento hispalense, y respaldado por el 75% de la plantilla.

Sin embargo, la Inspección de Trabajo de la junta de Castilla y Laón ha tumbado el ERTE planteado por por la dirección de la empresa municipal de transportes urbanos de Valladolid, Auvasa, para 280 de sus 500 trabajadores.

Las razones se basan en el artículo 47 del estatuto de los trabajadores, según el cual, un ERTE de este tipo “no será de aplicación a las administraciones públicas y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos”.

Así, Trabajo advierte de que debería de ser el Ayuntamiento de Valladolid el encargado de abonar el 70% de las nóminas de los empleados en lugar del Gobierno central.

La disposición decimoséptima del Estatuto,  sin embargo, marca como excepciones “aquellas (empresas públicas) que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado”.

El Ayuntamiento de Valladolid, gobernado por el PSOE, ya ha anunciado que recurrirá la resolución de la Junta, gobernada por el PP, argumentando que en Sevilla y Vitoria sí que se han aceptado los ERTE de sus empresas municipales de transportes. Su alcalde, Óscar Puente, ha pedido a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de España una unificación de criterios.

En el caso del ERTE en EMT València, empresa cuyos ingresos se nutren en un 58% por aportación directa del Ayuntamiento, fuentes de la entidad han argumentado que “EMT es una empresa de titularidad pública, pero de naturaleza privada. Por tanto, se rige por el derecho privado en materia laboral, donde está contemplado la posibilidad de realizar un ERTE”.

Con todo, la empresa modificó a principios de 2018 sus estatutos, entre ellos, los artículos 1 y 2, por los que se estableció que la EMT pasaba a ser medio propio del Ayuntamiento.

Así pues, ahora serán las autoridades laborales dependientes de la Conselleria de Economía las que deberán determinar si el ERTE se ajusta a derecho. Desde la dirección de Trabajo han afirmado que aún no han recibido la propuesta del expediente, pero en cualquier caso, valorarán que sea una causa de fuerza mayor, los criterios socio económicos o las causas del ERTE.

La EMT considera necesaria la aplicación del expediente por el descenso en más de un 90% de viajeros sufrido desde el inicio de la crisis a mediados de marzo que obligó a la entidad a reducir un 45% el servicio. Esta situación supondrá solo en el mes de abril una merma de ingresos de tres millones de euros, lo que justifica el ERTE con el que la EMT prevé ahorrar en torno a un millón de euros hasta el 10 de mayo.