Ferrocarrils de la Generalitat gastó 186 millones en trenes para una mejora de la línea del accidente del metro que no hizo
El informe interno de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) relativo a la compra de trenes entre los años 2000 y 2007, en pleno apogeo del PP al frente del Consell, no solo arroja un carrusel de presuntas irregularidades administrativas.
Además, pone de relieve una pésima planificación que supuso un despilfarro de millones innecesario, al menos en gran parte.
Y es que, según ha averiguado eldiario.es, el documento cuestiona la compra en el año 2007 de 42 trenes (22 de cuatro vagones, más 20 coches remolques intermedios) por un valor de 186 millones de euros.
Y es que, la auditoría destaca que el objeto del contrato de la compra de los trenes era cubrir la prolongación de la línea 1, cuando dicha prolongación ni siquiera se había licitado.
El mencionado proyecto se presentó a las pocas semanas del accidente de metro que dejó 43 muertos y 47 heridos y consistía en eliminar la curva del accidente (entre plaza de España y Jesús) mediante la prolongación de la línea 1 desde plaza de España hasta la nueva Fe. Una actuación que no solo no se había licitado en el momento de la compra de los trenes, sino que nunca se ha ejecutado.
La llegada de los 42 trenes nuevos, unido a los recortes aplicados en el servicio durante la crisis, dejó sin uso en los talleres de la entidad 18 unidades de la serie 3.900 de finales de los años 90, los cuales aún no habían cumplido los 20 años de vida útil y por tanto estaban aptos para el servicio. Sin embargo, comenzaron a retirarse de la circulación en el año 2012.
Ante esta situación, la actual dirección de FGV sacó a subasta a finales del año 2016 los 18 trenes por un precio de salida de 8 millones de euros. Sin embargo, la subasta quedó desierta y los trenes permanecen en las dependencias de la entidad con pocas posibilidades de sacarles alguna rentabilidad.
Como ha informado este diario, el informe destaca la aparición de sobrecostes sin estar debidamente justificados por un valor de alrededor de 14 millones de euros.
Además, la empresa, dirigida entonces por la exgerente Marisa Gracia ( imputada en la causa del accidente de metro), no aplicó a las empresas adjudicatarias penalizaciones por valor de 1,3 millones de euros por los retrasos en la entrega de trenes, cuyos plazos en muchos casos fueron modificados.
El informe fue solicitado a una auditora externa por la dirección de FGV y a tenor de estas supuestas irregularidades, la Conselleria de Obras Públicas ha puesto en marcha una investigación interna encaminada a contrastar todas estas anomalías por si pudieran trasladarse a la Fiscalía.
Curiosamente, el grupo parlamentario popular de las Corts Valencianes ha pedido la comparecencia de la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, y del actual gerente de FGV, Juan Andrés Sánchez, para explicar los resultados de esta auditoría, cuando los presuntos desvíos se produjeron bajo la gestión del propio PP.
