El puerto de Valencia ya indemnizó con 1,13 millones a Boluda por una concesión que no utilizaba

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) quiere trasladar la terminal de cruceros desde el muelle Norte del puerto a la explanada entre el muelle de Poniente y el muelle del Espigón del Turia, que ocupa parte de los antiguos astilleros que tiene en concesión hasta 2027 Unión Naval de Valencia, la empresa del Grupo Boluda que preside el también presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el lobby empresarial, Vicente Boluda.

La idea del presidente de la APV, Aurelio Martínez, es la de iniciar el proceso de declaración de necesidad del rescate de la concesión de Unión Naval de Valencia que posteriormente contemplara una indemnización, con dinero o con una renegociación de otras concesiones. De momento, esta propuesta no se ha debatido en el consejo de administración de la APV, donde están representadas las administraciones, ya que en la última reunión se sacó del orden del día por la desinformación que tenían las autoridades políticas.

La concesión de los astilleros del puerto de Valencia que tiene Unión Naval de Valencia está fuera de servicio desde 2012, cuando realizó un ERE de cierre por la falta de pedidos debido a la competencia internacional. Pero la idea del puerto es indeminzar al gestor para ocupar el espacio en la construcción de la nueva terminal de cruceros.

Y es que no es la primera vez que la APV indemniza a Boluda por una concesión que tiene en desuso. El puerto de Valencia pagó un rescate de 1,17 millones de euros a Unión Naval de Valencia por la concesión de la Escuela de Aprendices, que había cerrado seis años antes. En esas dependencias, el anterior presidente de la APV, Alberto Aznar, instaló las nuevas oficinas oficinas del recinto portuario.

Esta indemnización ya fue motivo de críticas y de una denuncia de Compromís. “La escuela cerró en 1994 y hasta 2000 no tuvo actividad y en vez de exigir el rescate del edificio, el puerto, asesorado por una consultora externa, le pagó al concesionario una indemnización de 1,17 millones de euros”, criticó el diputado nacional de la coalición Joan Baldoví.

La situación de los astilleros que gestionaba Unión Naval de Valencia es similar a la de la Escuela de Aprendices, por lo que la posible indemnización estaría más que en cuestión. La ley 2/2011 de puertos contempla que las concesiones caducan por “la falta de actividad o de prestación de servicio, durante el período de seis meses, en el caso de autorizaciones, y de doce meses en el caso de concesiones”. Y ese parece ser que sería el caso de los astilleros, sin funcionamiento desde 2012, la concesión podría haber caducado. Una caducidad eximiría al puerto de cualquier indemnización.