El testaferro de Zaplana usó ocho 'mariachis' en sociedades panameñas para ocultar 6,4 millones en Andorra
El registro del domicilio barcelonés del padre de la ex diputada del PP en las Corts Valencianes, Elvira Suanzes, deparó una grata sorpresa para los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que seguían la pista del dinero de la red del ex ministro Eduardo Zaplana en el extranjero. La documentación hallada en la vivienda de Saturnino Suanzes en la Ronda del General Mitre -una de las zonas con la renta per cápita más alta de Barcelona- desveló que el presunto testaferro de Zaplana, Joaquín Barceló Llorens, poseía una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) a través de la cual la red corrupta movió 6,4 millones de euros mediante cuatro empresas panameñas y una mercantil luxemburguesa que la UCO vincula a la familia Cotino.
Entre 2004 y 2007 una cuenta de la BPA que la Guardia Civil adjudica “indiciariamente” a Joaquín Barceló, presunto testaferro de Zaplana, ingresó 6.455.820 euros mediante ingresos en efectivo y transferencias. De estos fondos, 5,5 millones fueron distribuidos, como si de un juego de muñecas rusas se tratara, en diferentes cuentas de la BPA a nombre de tres empresas panameñas propiedad de Joaquín Barceló, según apunta la UCO. Sin embargo, según los datos del Registro Mercantil de Panamá a los que ha tenido acceso este diario, en ninguna de estas tres sociedades aparece por ningún lado el presunto testaferro de Zaplana.
Sí que aparecen ocho ciudadanos de nacionalidad panameña vinculados a dos despachos de abogados. Se trata de Melissa Bellido, Roberto Escolán, Leonardo López, Liza Bozzy, Rosibeth Escudero, Venus Illueca de Tulipano, Karina Estella Díaz Portuguez y Adán Arturo Illueca Herrando, casi todos ellos sospechosos habituales de otras causas de presunta corrupción en Latinoamérica.
Según indica la documentación mercantil, el agente residente en la República de Panamá de Plaza Fountains SA y de Puncak Services SA (disuelta en 2009) fue el despacho de abogados Soberon y Asociados (denominado más tarde SF Abogados) hasta la renuncia formalizada el 15 de enero de 2019. Cada sociedad tenía un capital social de 10.000 dólares.
Este despacho ejerce como agente residente para las empresas del testaferro de Zaplana se ha visto implicado en el caso Odebrecht de corrupción masiva en varios países latinoamericanos. De hecho, la publicación dos meses antes de la operación Erial de un informe policial andorrano en el que aparecía la mercantil Plaza Fountains SA alarmó al presunto testaferro Joaquín Barceló, quien telefoneó precisamente a Saturnino Suanzes para decirle que estaba “cagao en los pantalones”, tal como informó eldiario.es. En el caso de la mercantil Adua SA -disuelta el 14 de junio del 2011- el agente residente era la firma de abogados Illueca y Asociados. Este último despacho aparece vinculado a una derivada del Caso Odebrecht que implicaría a un ex diputado mexicano.
Según la documentación que manejan los investigadores de la UCO, cada una de las sociedades panameñas de Joaquín Barceló era titular de sendas cuentas en la BPA. La cuenta bancaria andorrana de la mercantil Puncak Services SA recibió una transferencia el 2 de febrero del 2007 de 5,5 millones desde la cuenta inicial a la que inyectaron los 6,4 millones. Estos fondos se distribuyeron más tarde a las cuentas de la misma entidad bancaria de las otras dos sociedades que la Guardia Civil vincula a Joaquín Barceló. Así, la cuenta de la empresas panameña Adua SA recibió 1,5 millones en 2009 y la de Plaza Fountains SA ingresa 428.000 euros. Según apunta el sumario del caso Erial, esta cuenta se habría utilizado desde 2006 hasta “la actualidad”.
