Más de 16.000 españoles residentes en Reino Unido, en un limbo legal que puede dejarles sin derechos a partir de julio

Quedan apenas tres semanas para que los ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido soliciten el papel que reconoce su residencia en el país tras el Brexit. El 30 de junio es la fecha límite marcada por el Gobierno británico para que aquellos que vivían en Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020 puedan pedir el permiso bajo el 'EU Settlement Scheme' (EUSS). Se trata del plan creado para que los ciudadanos europeos y sus familiares mantengan su derecho a residir, trabajar o estudiar en Reino Unido.

A partir del 1 de enero de este año, aquellos ciudadanos de la Unión Europea que entren en las islas británicas con alguno de estos objetivos deben solicitar un visado, de acuerdo con la nueva Ley de Inmigración. El plan, que comenzó a operar el 29 de marzo de 2019, ha recibido hasta este 30 de abril un total de 5.043.000 solicitudes, según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior británico.

Sin embargo, no todos los que han solicitado su permanencia en el país tienen ya aceptado su permiso de residencia. Los datos oficiales revelaron a finales de mayo que el Gobierno de Reino Unido acumula un retraso de 305.000 peticiones sin resolver, sin contar aquellas que sigue recibiendo cada día. De esas 305.000 pendientes, un total de 16.540 provienen de españoles que podrían quedarse en un limbo legal si no reciben una respuesta antes del 30 de junio. 

El problema reside en que un retraso excesivo de la respuesta deje a miles de españoles sin acceso. Los datos también muestran que, durante el mes de abril, el Ministerio solo gestionó 18.800 peticiones. “Dado el ritmo al que han estado tramitando este stock durante el pasado año, hemos hecho un análisis, y es improbable que, para el mes que viene, que es la fecha límite, resuelvan todas las solicitudes pendientes. Este problema va a seguir con nosotros durante el verano y el año que viene”, declaró la directora de Work Rights Centre, Olivia Vicol. 

En cuanto a los españoles, se han recibido un total de 320.850 solicitudes, de las que se han procesado 304.310 peticiones. De ellas, el 43% ya han recibido el estatus de asentado, mientras que el 54% ha recibido el de “pre-asentado”, según informa la Embajada de Gran Bretaña en España. Solo el 3% restante “han sido declaradas inválidas, retiradas o rechazadas”. Según estos datos y el mensaje lanzado desde el Ejecutivo británico, la mayoría de solicitudes serán aprobadas, pero la incertidumbre llega ante la posibilidad de que un retraso excesivo en las resoluciones deje a miles de personas en un limbo legal una vez alcanzada la fecha límite.

Diferentes organizaciones de activistas a favor de los derechos de los europeos e inmigrantes llevan advirtiendo en los últimos meses de las consecuencias provocadas por este retraso. Estos ciudadanos sufrirían sus efectos de forma inmediata, pues derechos tan básicos como acceder a una vivienda, empezar un nuevo trabajo o solicitar subsidios y ayudas para el estudio dependen de la capacidad de demostrar que cuentan con un permiso de residencia y trabajo en el país. 

El tiempo de espera genera incertidumbre

El tiempo de espera, entre el envío de la solicitud y la recepción del resultado, varía en función de factores como la capacidad de verificar la identidad del individuo y las distintas comprobaciones realizadas por el Ministerio del Interior. Algunos pueden tener la resolución en días o en un par de semanas, pero a otros se les demora durante meses.

Hasta ahora, esta situación no había preocupado tanto a los europeos, pero con el 30 de junio a la vuelta de la esquina, aquellos que llevan tiempo pendientes de una respuesta —o en caso de que reciban una negativa y deban recurrir— se preguntan cómo podrán ejercer sus derechos y cumplir con los trámites del día a día sin el código oficial que demuestra su permiso de residencia.

The3Million, organización por los derechos de los europeos en Reino Unido, publicó un desglose del retraso en las solicitudes, en el que más de 6.000 solicitantes llevaban más de un año esperando una resolución por parte del Ministerio del Interior.

En esta situación se encuentra Juan Hurtado, un ciudadano de nacionalidad española que lleva en Reino Unido casi seis años. El joven envió la solicitud de residencia en abril de 2019, apenas un par de semanas después de que se abriera el plazo. En este momento, apenas unas semanas antes de la fecha límite, todavía no ha recibido una resolución. Lleva más de dos años con su respuesta pendiente. 

Durante este tiempo, Hurtado dice que se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior británico en varias ocasiones para saber cuál es el motivo de dicho retraso, pero solo le contestan que “todavía está en proceso”. El joven muestra sentimientos encontrados con respecto a su situación. El Gobierno le ha dicho que no se preocupe, que con el “certificado de solicitud” (el documento que acredita la cumplimentación de dicho trámite) debería bastar para alegar que tiene derecho a residir y trabajar en el país, pero no puede evitar preocuparse por cómo afectará a su trabajo o a su derecho a acceder a la sanidad pública.

“No tengo una respuesta del Ministerio del Interior sobre mi situación ni garantía de que mi solicitud sea aceptada. Existe la posibilidad de hacer una apelación, pero ya estaría fuera de la fecha. No es lo mismo estar dentro del plazo, que estar fuera”, dice con inquietud.

El secretario de Estado británico para la Inmigración, Kevin Foster, ha asegurado que aquellos que hayan solicitado la residencia pero que no tengan un resultado “tendrán sus derechos protegidos”, pero no aclara cómo va a garantizarlo el Gobierno. Para evitar las consecuencias derivadas de la falta del código demuestre la residencia en el país, el también subsecretario parlamentario en el Ministerio del Interior ha asegurado que, a partir del 1 de julio, “quienes hayan registrado su petición a tiempo y esperen una resolución podrán utilizar su certificado de solicitud (COA) como prueba de su derecho a trabajar o alquilar”. 

El certificado de solicitud es un documento en PDF que es enviado por correo electrónico a aquellas personas que han solicitado la residencia, una vez que se ha verificado su identidad. La medida pretende prevenir que los europeos no puedan ejercer sus derechos por no disponer de la documentación exigida . 

Ayman no ha podido cambiar de casa ni de trabajo y puede perder su actual empleo

Sin embargo, por el momento, muchas empresas no aceptan ese certificado de solicitud como un documento acredditativo válido. Algunos ciudadanos ya empiezan a sufrir sus consecuencias.

En octubre de 2020, el egipcio Ayman Bayoumi solicitó el estatus que le permite residir en el país por ser familiar de un ciudadano de la UE y recibió su certificado de solicitud a mediados del pasado diciembre. El departamento de Recursos Humanos de la cadena hotelera en la que trabaja le comunicó la semana pasada que el documento no es válido para mantener su contrato porque es “solo una solicitud, no un visado”.

Cuando Bayoumi replicó que se trataba del documento remitido por el Ministerio del Interior que demostraba su derecho a trabajar en el país, la compañía le exigió el permiso de residencia. Su empresa le comunicó que, si no lo conseguía, “solo podría trabajar hasta el 1 de julio”.

Aunque hasta el 1 de julio debería ser válido utilizar el pasaporte para comprobar el permiso de trabajo de los inmigrantes europeos en el país, algunos empresarios y propietarios de viviendas no están escatimando en precauciones: “En Reino Unido, las empresas tienen que verificar el derecho a trabajar de cada persona que contratan. Es una obligación legal. Si no lo hacen, se arriesgan a una sanción o una acción penal. Por tanto, los empresarios están siendo muy cautelosos y preguntando a la gente si puede mostrar su residencia”, explica Olivia Vicol. Ayman lo ha sufrido en sus propias carnes: no pudo mudarse en marzo a otra casa porque le pedían el permiso de residencia y no ha podido aceptar un nuevo trabajo con mejores condiciones por la misma razón. 

En el caso de estudiantes pidiendo becas o financiación o de familias que quieren firmar una hipoteca, hacer uso del certificado es incluso más difícil, porque no garantiza que dichas personas vayan a estar en el país en los siguientes años.

Los europeos se encuentran con otro problema: el certificado de solicitud no se genera de forma automática, sino que se recibe después de que las personas hayan verificado su identidad, lo que abre la puerta a que a partir del 1 de julio algunos inmigrantes europeos no puedan demostrar de ninguna manera su permiso de residencia. “Hace poco, una mujer me dijo que había hecho su solicitud en enero, y había conseguido el certificado en abril”, explica Maike.

Las organizaciones en defensa de los derechos de los europeos critican la falta de claridad y comunicación del Gobierno sobre cómo proceder en estos casos: “Muchos de los empresarios con los que hemos hablado todavía están esperando una guía de actuación por parte del Gobierno porque no saben qué hacer en esta situación a partir del 1 de julio”, explica Maike Bohn, cofundadora de The3Million. “Si alguien tiene solicitudes atrasadas en julio, va a enfrentarse a problemas reales para demostrar que cuenta con un permiso de trabajo. Serán discriminados si no tienen el certificado de solicitud o el código para compartir tu estatus”.