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Los obstáculos de los españoles en Reino Unido para pedir el permiso de residencia: “Mi hija se puede quedar ilegal”

Pasajeros llegan al Aeropuerto de Heathrow.

Cristina Puerta

Londres —
12 de junio de 2021 22:23 h

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María Noemí Frau lleva intentando dar de alta a su hija en el consulado de España en Londres desde febrero de 2020. Es un requisito indispensable para que la niña pueda obtener el pasaporte español. A su vez, presentar este documento es necesario para solicitar el permiso de residencia de la menor en Reino Unido antes del 30 de junio, la fecha límite. Si no lo consigue, corre el riesgo de quedarse en situación irregular, hasta que pueda enviar su petición.

La hija de Noemí no es la única cuyo permiso de residencia podría estar en peligro por no solicitar el EU Settlement Status (EUSS), el programa diseñado por el Gobierno británico para demostrar el derecho a residir, trabajar y estudiar de los europeos que vivían en las islas británicas antes del 31 de diciembre de 2020. Las trabas para solicitar el “estatus de asentado” van desde problemas burocráticos, como en el caso de María, hasta la falta de acceso a Internet para formalizarlo, el desconocimiento o el miedo a entrar en contacto con las autoridades.

Aunque la cifra es desconocida, dado que no es posible conocer el número de residentes en Reino Unido que cumplen los requisitos para solicitar el permiso, las organizaciones en defensa de los inmigrantes europeos en el país están especialmente preocupadas por el destino de quienes no completen el trámite antes de la fecha límite.

Noemí, originaria de Mallorca, envió los papeles necesarios para darle el alta consular a su hija en febrero de 2019. Como su actual pareja estaba tramitando la nacionalidad española, no pudieron obtener toda la documentación necesaria hasta julio, momento en que la mandaron. En agosto, a falta de una respuesta, se personó en el Consulado de Londres para averiguar qué pasaba con el alta consular de su hija. Fue entonces cuando le dijeron que había dado un dato erróneo, y no podían registrar a la pequeña en el consulado. Para revocar esta decisión, Noemí presentó un recurso. A la vez, también le recomendaron que rellenase toda la información del registro, para acelerar el proceso una vez que el recurso se tramitase.

La mallorquina ha pasado meses sin saber nada de su recurso. El 4 de marzo, le respondieron que el Ministerio de Justicia le contestaría en un plazo máximo de tres meses. “En los últimos cuatro meses me di cuenta: ¡Que la niña no tiene el Pre-Settled hecho!”, explica Noemí. “El pasaporte es lo de menos, es que mi hija se puede quedar ilegal porque no tiene el Pre-Settled”.

Hoy por hoy, cuando apenas faltan un par de semanas para el 30 de junio, Noemí todavía no ha recibido una respuesta, ni del Ministerio de Justicia ni del Consulado de Londres, que no le saben facilitar el teléfono ni el correo electrónico al que se tiene que dirigir en el Ministerio de Justicia. “Estoy viviendo una pesadilla”, cuenta Noemí.

Los datos oficiales sobre el perfil de solicitantes de la residencia muestran que la mayoría de los residentes europeos son jóvenes y con cualificaciones (83%), frente a un 15% de los solicitantes que son menores de edad y un 2% que son mayores de 65 años. Estos dos últimos grupos tienen menos posibilidades de enviar su solicitud a tiempo debido a la falta de acceso a Internet y recursos, especialmente si son personas de la tercera edad.

Ciudadanos con perfil vulnerable, los que más preocupan

A ellos se suman ciudadanos de perfil vulnerable, que no están bajo el paraguas de ninguna institución. “Por ejemplo, las personas sin hogar o aquellas que experimentan situaciones de explotación laboral. Piensan que cualquier tipo de interacción con el Estado, incluyendo el EUSS, puede exponerlos de alguna manera”, explica Olivia Vicol, directora de la organización Work Rights Centre. Para ellos “es mucho más difícil acumular las pruebas necesarias, porque no son visibles para el sistema de impuestos”.

A pesar de la insistencia de diferentes organizaciones y personalidades políticas de extender el periodo de gracia, el gobierno británico ha rechazado tal posibilidad, aun cuando el confinamiento y la pandemia han impactado en el proceso de solicitud. “Los riesgos para los ciudadanos europeos que no soliciten el EUSS antes del 30 de junio les cambiarán la vida. Ya no podrán trabajar, estudiar, solicitar subsidios, conducir un coche o abrir una cuenta en el banco”, declaraba Jenny Gilruth, ministra escocesa para Europa. “Sabemos que hay cientos de conciudadanos en este país que todavía tienen que solicitarlo. Llamo al Gobierno británico a extender la fecha límite del 30 de junio”.

Esta podría haber sido la situación del hijo de Carolina León, otra española afincada en Londres. Su hijo nació el pasado noviembre, y tuvieron que alargar su estancia en el hospital. Cuando ambos recibieron el alta, el país estaba nuevamente confinado, y el consulado español en Londres, cerrado. Tampoco ha podido hacerle el pasaporte a su hijo. Para ella es vital que su hijo tenga el documento de residencia pues necesita atención sanitaria diaria. “Estoy muy preocupada por el tema de la sanidad, porque mi hijo necesita asistencia sanitaria, y si no, voy a tener muy difícil poder pagar los recursos que necesita mi hijo”, explica Carolina.

Carolina estuvo dos horas a la espera de que alguien le atendiese en el Centro de Ayuda del EU Settlement Scheme. Es la única manera que existe para pedir un formulario en papel donde puedes detallar que tu hijo depende de ti, y hacer la solicitud sin un documento de identidad, pero no muchos inmigrantes europeos conocen esta vía.

Por suerte, Carolina recibió los formularios y envío la solicitud por correo. Ahora, está mucho más tranquila con respecto a la situación de su hijo, pero muchos podrían encontrarse ante unas circunstancias similares sin encontrar solución. A partir del 1 de julio, cientos de europeos que han vivido en Reino Unido podrían verse afectados por el denominado 'ambiente hostil' de Reino Unido, expresión utilizada habitualmente para describir todas las políticas que dificultan la vida de los inmigrantes en el país.

Por ejemplo, el Ministerio de Salud dijo que aquellos ciudadanos europeos que no hubieran solicitado a tiempo la residencia tendrían que pagar por algunos tratamientos en el sistema de salud público. El Gobierno británico tampoco ha aclarado si propietarios y empresas que tengan contratos con europeos sin el estatus de residencia serán multados o penados.

A finales de mayo, el Ministerio del Interior publicó la guía donde se incluían algunos de los supuestos en los que permitirían la recepción de solicitudes superada la fecha límite. Entre ellos, se incluye los perfiles de personas vulnerables como menores, personas con problemas de salud mental o víctimas de violencia doméstica.

Mientras la flexibilidad del gobierno británico sobre las solicitudes tardías ha sido bienvenida por las diferentes organizaciones, el Gobierno todavía no se ha pronunciado sobre qué pasará con aquellos que, aun pudiendo solicitar la residencia después de la fecha marcada, no podrán probarlo durante ese periodo - al no contar con el código exigido- y, por tanto, podrían perder su trabajo o el acceso al sistema de salud público.

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