Amnistía Internacional confirma que el Gobierno de Ortega utilizó armas de guerra contra manifestantes

Torturas, disparos al cráneo, ejecuciones extrajudiciales, armamento de guerra y la construcción de testimonios falsos. El último informe de Amnistía Internacional, 'Sembrando el terror: de la letalidad a la persecución en Nicaragua', demuestra que el Gobierno de Daniel Ortega utilizó armamento militar y prácticas contrarias a la legislación internacional en términos de Derechos Humanos para reprimir a los manifestantes que salieron a las calles el pasado mes de abril. Desde entonces y hasta hoy, la violencia no ha cesado.

“El pasado 18 de abril se desata algo que no nos pilla por sorpresa”, explica Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “El Gobierno hace un uso excesivo de la fuerza que desencadena manifestaciones y una muestra de un descontento generalizado”. Las protestas comenzaron tras el anuncio de una reforma de la Seguridad Social en el país, pero eso simplemente fue la llama que prendió la mecha de todo un historial de abusos de poder por parte del Gobierno de Ortega, según explica Guevara-Rosas.

La especialista en América Central hace hincapié en que lo de abril no fue algo puntual. “El deterioro ya se documenta desde hace cinco años. Utilizan la represión para hacer acallar las voces que exigen rendición de cuentas o que reclaman derechos”. Aunque han muerto 322 personas, hay miles de heridos y numerosos desaparecidos, en estos momentos “no hay investigaciones activas sobre las graves violaciones de derechos humanos”.

El informe de AI presenta dos novedades fundamentales. Por un lado, incluye los testimonios de seis personas que fueron torturadas después de ser detenidas en diferentes protestas. Y, por otro, demuestra que la policía y las fuerzas parapoliciales utilizaron armamento militar.

Los jóvenes entrevistados por la organización aseguran que fueron agredidos con patadas, descargas eléctricas, quemaduras de cigarrillos en los genitales y también les obligaron a estar desnudos. El jefe de policía de Masaya aseguró en unas declaraciones que las órdenes de la vicepresidenta y del presidente eran claras: acabar con todas las barricadas “al costo que sea”.

Según el relato de las víctimas, la policía detuvo a una mujer embarazada que, cuando dio a conocer su estado, fue pateada y sufrió un aborto. A la misma persona también le arrancaron la uña de un dedo del pie. Familiares de los fallecidos confiesan que firmaron declaraciones falsas para que les devolvieran los cuerpos de los estudiantes asesinados.

“A partir de junio el Gobierno utiliza constantemente fuerzas parapoliciales y a la policía para tumbar barricadas. La estrategia se recrudece”, asegura Pilar Sanmartín, investigadora de Crisis de la organización. Para entonces, el Gobierno de Ortega ya ha utilizado fusiles AK (capaces de disparar hasta 650 balas por minuto), rifles de francotiradores (de precisión total hasta una distancia de 1,3 kilómetros), ametralladoras y lanzagranadas. Por su parte, también queda documentado que los manifestantes utilizaron morteros y escopetas de caza.

“Esto no es un frente sandinista contra la dictadura de Somoza. Esto es un Gobierno contra una juventud desarmada”, protesta Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH). “Este Gobierno no está haciendo nada por volver a normalidad. Las calles están tomadas por las fuerzas militares”, lamenta.

La activista explica que la situación que se vive en el país le es completamente nueva, y eso que ella misma participó en la revolución de los 80. “Managua se cierra a las seis de la tarde. Si la policía encuentra a alguien por las calles le detienen o, como mínimo, le quitan el móvil. Tienen una fijación muy grande con los móviles por el papel que han jugado las redes sociales en estos últimos seis meses”.

“Yo fui progresista, fui parte de esa revolución, pero desde hace mucho tiempo esa revolución comenzó a traicionarse. Desde que en el año 2000 se pactó el continuismo y se permitió que la oposición política fuera destruida por Ortega”, concluye.

Desde Amnistía Internacional se reclama el cese de la represión, el desarme de los grupos paramilitares, que se ponga en libertad a los activistas que fueron detenidos por ejercer la libertad de expresión, el fin del discurso que estigmatiza a los manifestantes autoconvocados y que el uso de la fuerza por parte del Gobierno sea medido.

Seis meses de violencia se han saldado con 322 muertos –de ellos, 22 policías–, 2.000 personas heridas y miles de desplazados. Hasta hoy, 23.000 nicaragüenses han pedido asilo en Costa Rica.