El Gobierno aprueba la construcción del nuevo CIE de Algeciras ideada en la etapa de Rajoy

Cuando Fernando Grande-Marlaska fue nombrado nuevo ministro del Interior el pasado junio, tenía por delante varios frentes abiertos. Uno de ellos era tomar una decisión sobre la construcción de tres nuevos Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) anunciada por el su predecesor, Juan Ignacio Zoido, en 2017. Este viernes, el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas que incluye la creación de uno de esos CIE en la localidad gaditana de Algeciras, ideado y presentado durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

El nuevo centro se levantará entre 2020 y 2021 sobre un terreno cuya cesión venía recogida en un protocolo de intención suscrito en mayo de 2017 con el Ayuntamiento de Algeciras. Hasta el momento, según ha detallado el propio Ministerio del Interior, no se había realizado ninguna actuación en esta zona. Fuentes del departamento dirigido por Grande-Marlaska han precisado a eldiario.es que en noviembre de 2018, ya con el Gobierno de Pedro Sánchez, se firmó el convenio por el que el consistorio cedía una porción de 20.000 metros cuadrados de esta misma parcela a Interior para la edificación del futuro CIE, que contará con 500 plazas.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Grande-Marlaska ha defendido que se tratará de “un nuevo modelo” de centro con la finalidad de adaptarlos a las exigencias del Defensor del Pueblo y de los jueces de control, aunque no ha proporcionado más detalles de en qué consistirán las novedades.

De la misma forma, desde su departamento aseguran que las futuras instalaciones “marcarán el modelo que pretenden replicar para el resto” de los CIE de España. Se trata del mismo argumento que empleó Zoido en 2017, cuando presentó el nuevo CIE de Algeciras como “el primer ejemplo del nuevo modelo de estos centros”.

Para ello el exministro recurrió a un polémico vídeo en el que, con música de piano, exponía las imágenes del proyecto piloto del CIE en un momento en el que alrededor de 700 migrantes se encontraban encerrados en la cárcel sin estrenar de Archidona, en Málaga. En su proyecto, Interior pretendía habilitar 706 plazas, 206 más de las que planifica construir el nuevo Gobierno.

Desde el departamento de Grande-Marlaska niegan que se vaya a utilizar el mismo proyecto presentado por Zoido hace algo más de un año. Junto al CIE de Algeciras, el antiguo titular de Interior había anunciado en 2017 la creación de otros dos centros de internamiento en Málaga y Madrid. Su construcción estaba prevista, sin embargo, desde 2012 y fue acordada y presupuestada con la Unión Europea un año después para ser financiada a través del Fondo de Asilo para la Migración y la Integración (FAMI), según reveló eldiario.es en una investigación conjunta con la Fundación PorCausa y El Confidencial.

Así, la intención de crear tres nuevos CIE se incluyó por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado en 2012 como uno de los objetivos del Plan de Infraestructuras para la Migración. Desde entonces, esta meta ha venido apareciendo en el programa de Seguridad Ciudadana de las cuentas públicas cada año, incluido el último proyecto de PGE para 2019, presentado el pasado lunes en el Congreso de los Diputados, que vuelve a plantear como “objetivo prioritario en estos momentos” la construcción de nuevos CIE en Madrid, Málaga y Algeciras.

Los centros de internamiento son dependencias no penitenciarias donde se priva de libertad durante un máximo de 60 días a migrantes por el hecho de encontrarse en situación irregular, con el objetivo de proceder a su expulsión. Hace algo más de un año, el Ejecutivo del PP presentó su “modelo arquitectónico” en Algeciras en medio de una lluvia de críticas de la sociedad civil y la oposición. Unidos Podemos, Ciudadanos y también del PSOE criticaron entonces que el Ejecutivo tan solo mantuvo algunas reuniones sobre estos centros para transmitirles las “decisiones ya tomadas”.

Rehabilitación de los CIE existentes

Asimismo, en el plan aprobado este viernes Gobierno se contempla acometer “una reforma integral” de los ocho CIE existentes en España, que se realizará a lo largo de este año. Según defiende Interior, las obras irán encaminadas a “la mejora” de las instalaciones de Tenerife, Murcia, Las Palmas, Valencia, Barcelona y Madrid, así como del centro ya existente en Algeciras y su anexo en Tarifa.

Así, el Gobierno de Pedro Sánchez mantendrá el CIE algecireño de La Piñera, a diferencia del anterior Ejecutivo, que había anunciado que el nuevo centro iba a sustituir estas instalaciones, que llevaban años siendo denunciadas por sus malas condiciones. Las obras para rehabilitar los CIE existentes y para construir el nuevo centro en Algeciras costarán 33,62 millones de euros y serán ejecutadas por parte de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), según ha precisado Interior.

“Con estas obras se atienden las observaciones de los jueces de control y resto de organizaciones nacionales e internacionales que señalaban que estos centros no reúnen las condiciones idóneas”, ha reconocido Grande-Marlaska este viernes. En su intervención, durante la que también ha anunciado el refuerzo de las vallas de Ceuta y Melilla y el inicio de la retirada de las cuchillas, el ministro del Interior ha insistido en que el plan busca combinar “seguridad con humanidad”.

Las ONG: “Un nuevo CIE es ir en dirección contraria”

El Gobierno de Sánchez ha continuado con los planes del anterior Ejecutivo de poner en marcha nuevos CIE a pesar del aumento de voces que piden el cierre de los ya existentes. Las ONG especializadas llevan años exigiendo que se clausuren de estos centros porque entienden que su mera existencia supone una “vulneración de derechos humanos” debido a que en ellos se encierra a personas que no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa.

Este viernes, las voces de colectivos y activistas que piden el cierre de los CIE han vuelto a resonar tras conocer la medida y defienden que el Gobierno debería haber frenado los planes del anterior Ejecutivo. “Un nuevo CIE supone desandar parte del camino en la lucha contra estos centros. El paso no debe ser abrir un nuevo CIE, esto es ir dirección contraria, hace falta generar un sistema de acogida que garantice los derechos de quienes están llegando por vía marítima y romper con el sistema de vulneración de derechos”, señala a eldiario.es Andrés García Berrio, abogado y miembro de Iridia (Centro por la Defensa de los Derechos Humanos).

Así, Berrio vincula el anuncio de Interior de construir un nuevo CIE en la ciudad andaluza con el aumento de llegadas irregulares de personas registrado en 2018. “El Gobierno se está aprovechando de los discursos de derecha radicalizada que atacan a este colectivo para presentar este plan cuando deberíamos ir por el camino contrario, ver cómo hacer que quienes están en situación de exclusión social dejen de estarlo y cómo garantizar su acogida”, apunta.

“Quieren dar la sensación de que se esta controlando la inmigración cuando los flujos migratorios dependen de una multitud de factores. En ningún caso el camino de respeto de derechos humanos es construir un centro de privación de libertad. También es peligroso vincular seguridad y flujos migratorios como ha hecho el ministro, porque en realidad en que nada inciden los flujos en la sensación de seguridad o inseguridad, y menos aún en la tasa de criminalidad”, apostilla.

Lo mismo opinan desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que recuerdan la otra pata por la que cuestionan el modelo de CIE: su baja eficacia como mecanismo de expulsión, por lo que las personas acaban siendo encerradas para nada. En 2017, solo un 37% de las 8.814 que fueron recluidas en ellos fueron deportadas, según el último informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

“Se está infringiendo un daño como es privar de libertad y encima no sirven para lo que se construyen. Año tras año las estadísticas lo demuestran. Un nuevo CIE es incidir en unas políticas ineficaces que de base vulneran los derechos humanos”, sostiene Carlos Arce, coordinador del área de migraciones de la APDHA.

Sobre la anunciada reforma de los CIE existentes, desde la asociación agradecen lo básico: “Todo lo que sea una mejora arquitectónico y material será bienvenido porque hay instalaciones que son paupérrimas”, asegura Arce, tras lo que pone como ejemplo el CIE de La Piñera que, dice, “se cae a pedazos”. “Pero si el marco jurídico es el mismo, no cambiará nada. Que nosotros sepamos, el reglamento de los CIE [aprobado en 2014], que regula la vida interna y las prácticas de los centros, va a seguir siendo el mismo”, asevera.

Sin embargo, Arce asegura que la decisión del Gobierno de continuar con los planes de abrir un nuevo CIE no le ha pillado por sorpresa. “Es una decisión política que no extraña, porque en materia de control de fronteras tanto el PP como el PSOE han sido bastante parecidos”, sostiene.

Asimismo, enmarca esta medida en el giro en materia de política migratoria del Gobierno de Sánchez, que se estrenó con el gesto de abrir el puerto de Valencia al buque Aquarius. “Salvo en los casos puntuales de embarcaciones que no encontraban puertos españoles, el resto de gestión ha seguido la misma línea que el Gobierno anterior, como ha ocurrido también con las devoluciones en caliente”, sentencia.