Crímenes de guerra, secretismo y falta de control: por qué las ONG piden el cese de la venta de todas las armas a Arabia Saudí
9 de agosto de 2018. Un grupo de niños viajaba en autobús cerca del concurrido mercado de Dahyan, en la provincia de Sada, al norte de Yemen, cuando un proyectil lanzado por la coalición liderada por Arabia Saudí acabó con su vida. Al menos 40 menores murieron en el ataque. Cuatro días después, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que revisaría las condiciones de venta de armamento español a los países de la coalición.
El anuncio ha tomado forma este lunes. El Ministerio de Defensa ha paralizado un contrato de exportación de 400 bombas de precisión láser que fueron encargadas por Arabia Saudí, según ha informado la Cadena Ser y ha podido confirmar eldiario.es. La venta se autorizó en 2015 -año de inicio de la guerra- con Pedro Morenés al cargo de Defensa y se cifró en 9,2 millones de euros.
La anulación de este contrato se produce escasas horas antes de la reunión que este martes va a mantener, por primera vez, la campaña Armas Bajo Control, impulsada por cuatro ONG (Amnistía Internacional (AI), FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón) con la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez. Las organizaciones reclamarán al Ejecutivo, como vienen haciendo en los últimos años, el “cese inmediato” de la venta de armamento a Arabia Saudí por el posible riesgo de que esté siendo utilizado para cometer “violaciones graves del derecho internacional” en la guerra de Yemen. También lo harán después del anuncio.
“Si esto se confirma, que lo veremos este martes en la reunión, es una buena noticia. Que no se venda armas de supuesta precisión láser es una buena noticia. En AI hemos documentado dos ataques con estas armas. El 25 de agosto de 2017, murieron 10 personas y solo sobrevivió una niña en un ataque por una bomba de precisión láser fabricada en EEUU. Las hemos encontrado también de Brasil y Reino Unido”, recalca Esteban Beltrán director de Amnistía Internacional España, que acudirá al encuentro.
“Pero hablamos de un coste de 9 millones de euros, cuando entre 2015 y 2017, España exportó armas a Arabia Saudí por valor de 932 millones de euros, es una proporción pequeña”, matiza. “Pediremos al Gobierno que cese toda venta de armas porque cualquiera se puede utilizar en la guerra de Yemen”, agrega Beltrán. Fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo contactadas por eldiario.es han declinado hacer declaraciones antes de la celebración de esta reunión.
“Las buenas relaciones económicas con Arabia Saudí juegan en nuestra contra, recordamos que en julio se firmó la venta de cinco corbetas, aunque la operación tiene que aprobarse en las próximas semanas”, añade, por su parte, Alberto Estévez, coordinador de la campaña, que lleva 20 años pidiendo una mayor vigilancia del uso del armamento español.
En 2017, según datos que la Secretaría de Estado remite cada año a las Cortes Generales, España exportó a Arabia Saudí armamento por un valor de 270,2 millones de euros entre los que se encuentran drones, plataformas porta morteros, granadas de mortero o munición de artillería. Asimismo, se autorizaron 27 licencias para exportar por un total de 496,2 millones de euros. El país árabe fue el principal cliente de la industria española de defensa fuera de la OTAN y la Unión Europea aquel año.
“Sabemos que por el tipo de armas que vende España, un tipo muy específico como armas ligeras o bombas, es perfectamente susceptible de ser utilizado en los bombardeos por las fuerzas saudíes y las atrocidades que comete este gobierno justifican de manera sobrada que España suspenda de inmediato sus exportaciones”, explica Estévez. “Numerosos informes apuntan a que, en los últimos cuatro años, Arabia Saudí ha desviado armas para grupos armados en Siria y Yemen. ¿Cómo se puede creer a un Gobierno, el saudí, que tiene un historial de mentir en este terreno tan grande?”, recalca el experto.
Por esta razón, también reclamarán un mecanismo que permita comprobar que las armas exportadas a Arabia Saudí cumplen la ley, que prohíbe la venta de armamento a países en conflicto o que puedan retransferirlo. Actualmente, no existe ningún método oficial para su control una vez que sale de nuestras fronteras. El anterior Gobierno aseguró estar elaborando un “protocolo” para esta vigilancia, pero “a día de hoy, no existe”, dice Estévez. “Esperamos que, tras la reunión, este protocolo vea la luz y se ponga en marcha, y haya una suspensión de las exportaciones a Arabia Saudí hasta que no se puedan verificar”, apunta Paula San Pedro, portavoz de Oxfam.
Entre las medidas que, a juicio de los integrantes de la campaña, podría tomar el Ejecutivo de Sánchez además del cese de la venta de armas es enviar agregados de Defensa que comprueben in situ cómo se usan las armas españolas o emitir certificados con una cláusula “legalmente vinculante” en la que el Gobierno receptor se comprometa a no usar esas armas contra la población civil. “No es tan difícil, lo han hecho grandes exportadores en otras ocasiones, si hay voluntad política se puede conseguir”, apunta Estévez.
Se trata, además, de uno de los compromisos enumerados por el PSOE en su programa electoral, en el que prometió “cumplir estrictamente” lo recogido en la Ley sobre comercio de armas, “denegando su autorización cuando exista riesgo claro de que puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano”. También se comprometió a reforzar “el control parlamentario y la transparencia”.
Es aquí donde, recuerdan las ONG, se encuentra otro de los escollos a la hora de monitorizar el envío de armas al país saudí: el “secretismo” que envuelve a estas exportaciones en España. Quien autoriza o deniega cada venta de armas es la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), dependiente del Gobierno. Las actas de sus reuniones son secretas, aunque los resultados de sus dictámenes pueden comprobarse en los resúmenes que el Gobierno debe trasladar al Congreso cada año.
En este sentido, las organizaciones pedirán este martes al Gobierno que revoque el acuerdo del Consejo de Ministros de 1987 -durante el mandato de Felipe González-, que clasifica como secretas las actas del organismo que aprueba la venta de armas. “Lo pueden hacer este mismo viernes si quieren en el Consejo de Ministros si hay voluntad política. Con el PP, esto no fue posible”, insiste Estévez. En la reunión, las ONG entregarán a la secretaria de Estado 100.000 firmas que piden la paralización de las exportaciones al país saudí.
Posibles crímenes de guerra
Las demandas de la sociedad civil han cobrado fuerza en un momento en el que Naciones Unidas ha alertado de la situación que atraviesa Yemen desde que, en 2015, comenzaran los ataques de Arabia Saudí contra las milicias de los hutíes que han acabado en numerosas ocasiones con civiles muertos y heridos en escuelas, mercados, hospitales o viviendas. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha advertido de la grave escalada del conflicto en el Yemen, que solo en los primeros nueve días de agosto causó 450 muertos, según sus datos.
El pasado 28 de agosto, un grupo de expertos creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU presentó un informe en el que acusó a todas las partes involucradas de haber cometido potenciales crímenes de guerra. En él, explican que los ataques aéreos de la coalición árabe han causado la mayoría de las muertes civiles contabilizadas en tres años de guerra como consecuencia directa de los bombardeos “contra áreas residenciales, mercados, funerales, bodas, prisiones, barcos civiles e incluso centros médicos”. Por su parte, Amnistía Internacional ha documentado más de 36 bombardeos que “podrían constituir” violaciones y crímenes en virtud del derecho internacional.
Desde el inicio del conflicto, según datos de Naciones Unidas, 6.660 civiles han muerto y 10.563 han resultado heridos, aunque “la cifra real es probablemente significativamente más alta”, reiteran los expertos. Las fuerzas saudíes también han cometido “tratos crueles y tortura, actos denigrantes, violaciones y al reclutamiento de niños menores de 15 años o haberlos utilizado como parte activa en las hostilidades”, según la ONU. Un total de 2,3 millones se han desplazado internamente a causa de la violencia.
El hambre es otra de las grandes consecuencias del conflicto en un país ya maltratado durante años por la pobreza. Las cifras convierten a Yemen en la peor emergencia humanitaria del mundo y lo han dejado al borde de la hambruna, según Naciones Unidas. Más de 22 millones de personas sobreviven gracias a la ayuda humanitaria que se ve dificultada por las restricciones puestas por las autoridades a la entrada de personal especializado. Las precarias condiciones en las que muchas personas sobreviven han provocado el estallido del cólera, del que se han detectado casi 120.000 casos en lo que va de 2018 tras el gran brote del pasado año.
“La situación en Yemen es extrema y no hay indicio de que esto mejore. No tenemos grandes expectativas en las conversaciones de paz. Claramente, una de las maneras para poder al menos reducir el numero de afectados sería no vender armas que están alimentando este conflicto. De lo contrario, España podría ser cómplice de crímenes de lesa humanidad”, sentencia San Pedro.
