El Parlamento Europeo vota un acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos que desafía el derecho internacional al incluir al Sáhara Occidental
El Parlamento Europeo vota este martes un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos, que incluye la región del Sáhara Occidental. Eso sí, sin contar con el visto bueno del polisario y concediendo a Rabat la capacidad de negociar en nombre de un territorio pendiente de descolonización.
Es más, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en diciembre de 2016 que ningún acuerdo de comercial puede incluir el Sáhara Occidental sin el consentimiento de la población saharaui y sin una mención explícita al territorio en el texto del tratado.
Pero ya en enero, el Parlamento Europeo, con los votos mayoritarios de populares, socialdemócratas y liberales, dieron su visto bueno a que el acuerdo entre la UE y Marruecos incluya al Sáhara Occidental, si bien su población no ha sido consultada ni ha podido expresar su consentimiento, en tanto que ha sido negociado con Rabat.
La organización humanitaria Human Rigths Watch, se ha pronunciado este lunes en contra del acuerdo que se vota este martes. En una carta enviada a los eurodiputados, afirma que Marruecos es la potencia de ocupación en el Sahara y que hay que aplicar allí el derecho internacional humanitario, por lo que los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos que incluyen el Sáhara Occidental (como el de pesca que se vota este martes) no respetan este derecho internacional.
Así, HRW llama a los eurodiputados a pedir la opinión del Tribunal de Justicia Europeo antes de votar cualquier cosa.
“Es evidente que los eurodiputados no estamos por encima de las leyes”, afirma el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi (Verdes): “El llamamiento de Human Rights Watch no deja lugar a dudas: nuestro deber desde el Parlamento Europeo es de respetar el derecho europeo e internacional. Cualquier eurodiputado que hiciera lo contrario se convertiría en cómplice de la ilegalidad y del no respeto de las leyes europeas e internacionales”.
Tanto la votación de enero como la de este martes se produce mientras el Gobierno español media con Bruselas para desbloquear ayudas a Rabat para reforzar la frontera sur de Europa y, de paso, niega la vulneración de derechos humanos de los migrantes en Marruecos.
Además, los reyes, invitados por Mohamed VI, llevarán a cabo los próximos miércoles y jueves la visita de Estado a Marruecos que estaba pendiente desde hacía tres años y en la que estarán acompañados por cinco ministros para “reflejar al más alto nivel la excelencia e intensidad de las relaciones bilaterales y el compromiso de seguir profundizando y diversificando una relación calificada de estratégica por ambas partes”, según la nota del ministerio de Exteriores.
El viaje coincide con el “extraordinario momento” que atraviesan las relaciones bilaterales, como lo calificó Sánchez cuando estuvo en Rabat, quien destacó, en particular, “la sintonía y satisfacción plena” en el esfuerzo de Marruecos por agilizar los retornos de inmigrantes que llegan a España de forma irregular.
Hace apenas tres semanas, la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, viajó a Bruselas para desbloquear partidas por valor de 140 millones de euros para ayudar a Marruecos en su lucha contra la migración ilegal. Y plantear que hace falta más dinero para Marruecos, al “nivel de Turquía [6.000 millones], para combatir la migración ilegal pero también para gestionar la migración legal”.
Y es que Europa está viendo cómo los flujos migratorios se están desplazando del Mediterráneo Occidental al Mediterráneo Central y Oriental.
¿Y los derechos humanos? “Nosotros estamos aquí para desbloquear ese dinero que está esperando Marruecos”, ha insistido Rumí. Pero hay ONG que denuncian el trato a los migrantes: “¿Quién dice eso?” Hay informes: “¿Qué informes? Eso lo dirá usted”.
Hace apenas unos meses eldiario.es, publicaba que Marruecos estaba impulsando las redadas para alejar a los migrantes de la frontera española tras la promesa de fondos europeos, algo que ponía en riesgo los derechos humanos en el país: persecuciones, redadas, detenciones y traslado de migrantes en buses desde Tánger y Nador.
Pero hay multitud de casos, informes y testimonios. Khadiya Ryadi, activista marroquí y Premio Naciones Unidas 2013, decía recientemente en eldiario.es que “el Gobierno de Marruecos no tiene ninguna voluntad de cambio en favor de los derechos humanos”, y la activista española Helena Maleno ha pasado un calvario al ser procesada en Marruecos por sus avisos a Salvamento Marítimo para rescatar inmigrantes en el mar.
La propia ONG Médicos sin Fronteras (MSF) decidió hace unos años cerrar sus proyectos en Marruecos denunciando el aumento de la violencia hacia los migrantes subsaharianos “atrapados” en ese país por el endurecimiento de las políticas migratorias y la pasividad de los gobiernos en la defensa de los derechos humanos.
Pero, según Consuelo Rumí, no es algo que esté sobre la mesa porque, a su juicio, no existe. Lo que sí quiere meter el Gobierno en la agenda es más dinero para Marruecos: “Pero no sólo para equipamientos de vigilancia, como hasta ahora, sino para programas en el país, para gestionar la migración legal y para desincentivar la ilegal. Ahí están las cifras que se han dado a Turquía [6.000 millones]. La migración ha venido para quedarse y no vale con el viejo concepto de la cooperación, hay que dar mucho dinero para tratarla en origen, en las rutas primarias, porque sólo nos estamos ocupando de las rutas secundarias”.
Más informes sobre el acuerdo de pesca
El Observatory of Business and Human Rights in the Mediterranean también ha difundido este lunes un informe contrario al acuerdo que se vota este martes en Estrasburgo: “La Unión Europea está tomando decisiones que tan sólo benefician los intereses privados de ciertos lobbies, entre ellos lobbies marroquíes y españoles de pesca industrial”, afirma el texto: “Las poblaciones europeas no se benefician en realidad de un sector poco transparente y que pone en riesgo, además, la sostenibilidad medioambiental y social del sector pesquero artesanal”.
“Está orientado al extractivismo exportador”, explica la entidad humanitaria, “no a desarrollar la soberanía alimentaria de la población. La población saharaui, en realidad, apenas puede permitirse el pescado, por su elevado precio como producto de exportación. Este modelo contribuye a perpetuar y profundizar la ocupación, así como el desequilibrio demográfico de la región con la atracción de población trabajadora de Marruecos para la ocupación civil ilegal”.
Así, la organización entiende que “la aprobación del nuevo acuerdo pesquero la UE y de los Acuerdos Comerciales con Marruecos se está perpetuando la ocupación del Sáhara Occidental, la represión del pueblo saharaui y el enquistamiento de un conflicto regional. El modelo extractivo y explotativo que implica una estructura y agentes transnacionales en el negocio, en concreto de la pesca, contribuye a hacer cómplices a muchas empresas y gobiernos a nivel internacional, afianzando así la impunidad de la ocupación”.
Según el Parlamento Europeo, “el texto establece las condiciones legales, medioambientales, económicas y sociales para el acceso de los barcos europeos a las aguas marroquíes, así como exigencias para garantizar una pesca sostenible, e incluye el territorio del Sáhara Occidental, a la luz de las conclusiones del Tribunal de Justicia de la UE. En el mismo se declara de manera explícita que el acuerdo beneficia a la población local saharaui y alude al proceso de consulta llevado a cabo por el Servicio europeo de acción exterior y la Comisión en el territorio, que mostró que la mayoría de la población es favorable. Precisa, no obstante, que el Frente Polisario rechazó participar en la consulta al oponerse al acuerdo pesquero en su conjunto”.
“El valor total de las oportunidades pesqueras”, dice el Parlamento Europeo, “asciende a 153,6 millones de euros para cuatro años (48,1 millones para el primer año, 50,4 millones para el segundo y 55,1 millones para los dos últimos)”.
Antes de pronunciarse sobre el acuerdo, los eurodiputados votarán una propuesta para preguntar al Tribunal de Justicia de la UE si el texto es compatible con la los tratados de la UE.
