El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha vuelto a defender este jueves en el Congreso de los Diputados el bloqueo de los buques de rescate Open Arms y 'Aita Mari' en los puertos de Barcelona y de Pasaia por el cierre de puertos como Italia y Malta. Sin embargo, el titular de Fomento ha enarbolado un argumento más: la negativa de estas organizaciones a desembarcar a las personas auxiliadas en Libia, un país en el que se han documentado numerosos abusos contra la población migrante.
Durante su comparecencia en la Comisión de Fomento para dar explicaciones sobre este asunto, Ábalos ha asegurado que “los servicios técnicos del Ministerio de Fomento” han concluido que estos buques “incumplen la normativa de salvamento marítimo y por eso no obtienen el permiso” para regresar al Mediterráneo Central a salvar vidas.
“Y esto es así porque el cierre de los puertos a buques de ONG en la zona en la que pretenden operar junto con la negativa de estos buques a proceder a su desembarco en Libia hace que los buques de las ONG se vean forzados a desembarcar a España por ser su estado de abanderamiento, lo que significa de facto el transporte de personas”, ha alegado el titular de Fomento. “No cuentan con los certificados para el transporte de un elevado numero de personas a bordo”, ha agregado, en la línea de lo expresado por la Capitanía Marítima de Barcelona para denegar el despacho de salida al buque.
Para las ONG, desembarcar a los rescatados en Libia no es una posibilidad porque consideran que no es un puerto seguro conforme al derecho internacional debido a los numerosos abusos documentados contra la población migrante en el país.
El Consejo de Seguridad de la ONU expresó en 2017 su “grave preocupación” ante los “abusos atroces de los Derechos Humanos” sufridos a su paso por Libia. A su juicio, “deberían incluirse entre los crímenes contra la Humanidad”. En un informe publicado este miércoles, Acnur ha denunciado “la detención en condiciones espantosas” a la que se enfrentan quienes son interceptados por las patrulleras libias en su intento de llegar a Europa.
En su argumentación para denegar de autorización para zarpar al buque de la ONG catalana el pasado 8 de enero, cuyas justificaciones fueron posteriormente incluidas también para el buque vasco, la Capitanía Marítima de Barcelona se basaba, sobre todo, en el cierre de los puertos europeos.
“El buque se está viendo forzado a navegar durante varios días, cruzando el Mediterráneo, para desembarcar a las personas rescatadas en el mar muy lejos del lugar de rescate”, un hecho que “se aparta de los procedimientos relativos a las operaciones de salvamento reguladas por la normativa internacional”, justificaba el escrito al que tuvo acceso eldiario.es.
Por esta razón, la Capitanía Marítima bloqueaba la salida del Open Arms hacia la zona de rescate “hasta que no se garantice que existe un acuerdo para el desembarco de los auxiliados con las autoridades de las zona SAR concernidas (Italia y Malta)”. La resolución fue recurrida por la ONG catalana, que considera que “no se atribuye ningún incumplimiento al capitán ni a su tripulación, sino a los Estados”, y ha sido criticada por jueces y expertos, que cuestionan el cumplimiento de los derechos humanos y la legalidad en la decisión de frenar su salida.
Durante su intervención este jueves, Ábalos ha vuelto a negar que el bloqueo se trate de una “decisión arbitraria” y ha defendido que el despacho de salida de los buques “es un acto reglado y entra en un ámbito claramente administrativo” mediante el cual la Capitanía Marítima comprueba que cumplen con todos los requisitos legales para navegar.
“Solo puede denegarse por causas legales o por una orden judicial. No es una decisión arbitraria, sino que se ciñe a lo marcado legalmente”, ha subrayado Ábalos. “Entre la normativa que debe verificarse está la normativa internacional, que establece la obligación de desembarco en puertos seguros y cercanos. Esta es la cuestión que nos ocupa y que tiene una importancia fundamental”, ha recalcado.
Asimismo, ha argumentado que “no se puede decir” que el Gobierno de Pedro Sánchez “no esté comprometido” con el rescate de personas en peligro en el mar, para lo que ha recordado que durante el año pasado Salvamento Marítimo rescató a casi 50.000 personas.
Las palabras del titular de Fomento han desatado las críticas de varios miembros de la oposición, que han recordado que la denegación de la autorización para zarpar al Open Arms fue aplaudida por el ministro del Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, y han criticado que “retener a estos barcos en puerto implica más muertos en el mar”.