Un grupo de abogados ha presentado un escrito en el que solicitan a la Corte Penal Internacional que investigue a la Unión Europea y los Estados miembros por la muerte de miles de migrantes en el Mediterráneo, según han adelantado este lunes varios medios europeos. En el documento, remitido a la Fiscalía del tribunal internacional con sede en La Haya (Países Bajos), aseguran presentar “pruebas que implican a la UE y a funcionarios y representantes de los Estados Miembros en la comisión de crímenes contra la humanidad”, de acuerdo con la información publicada por El País.
Los letrados citan documentos de la Unión Europea y declaraciones de dirigentes nacionales como los de Francia y Alemania, y argumentan que las autoridades de la UE tienen responsabilidad en las muertes migratorias así como en las violaciones de derechos humanos y tortura por parte de los agentes libios financiados y entrenados por la Unión, según informa la agencia Associated Press.
De acuerdo con El País, los letrados denuncian que la UE y los países europeos “no cometieron personalmente los delitos. Sin embargo, conocían la naturaleza ilegal y criminal de los actos y omisiones que pueden constituir crímenes bajo la jurisdicción de la CPI, y del Estatuto de Roma. Los concibieron, organizaron y favorecieron su aplicación”. Según sostienen en el escrito, lo hicieron “con conocimiento pleno y en tiempo real de sus consecuencias letales”.
Los dos autores principales del documento son Juan Branco, que ha trabajado anteriormente en la CPI y en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, y Omer Shatz, abogado israelí y profesor en la Universidad de París, según explica The Guardian.
La acusación de “crímenes de lesa humanidad”, informa el medio británico, se basa en documentos internos de la agencia de fronteras de la UE (Frontex), que, según los denunciantes, advirtieron de que acabar con el dispositivo de rescate Mare Nostrum podría resultar en un “mayor número de muertes ”.
“Con el fin de frenar a toda costa los flujos migratorios desde Libia (...) y en lugar de llevar a cabo operaciones de rescate y desembarco seguras, como ordena la ley, la UE está orquestando una política de traslado forzado a centros de detención similares a los campos de concentración, donde se cometen crímenes atroces”, afirma el documento.
La operación Mare Nostrum rescató a 189.741 personas en 2014. Durante cerca de un año, el Gobierno italiano solicitó a la Unión Europea fondos o medios suficientes para mantener esta labor de salvamento, pero nunca llegó a recibirlos. Su coste oscilaba en torno a los 114 millones de euros. El Ejecutivo de Italia se vio empujado a suspenderla ante la falta de fondos.
En sustitución de esta misión de salvamento, los Estados miembros apoyaron la creación de Tritón, una nueva operación coordinada por Frontex. A diferencia de Mare Nostrum, las embarcaciones del Tritón no patrullaban directamente frente a las costas de Libia, de donde partían los frágiles botes que trataban de cruzar las aguas fronterizas rumbo a Europa.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, el número de decesos en el Mediterráneo central se disparó: en 2014, unos 3.200 migrantes murieron en el intento de llegar a suelo italiano. En 2015, la cifra superó los 4.000 y en 2016 alcanzó su punto más alto con 5.100 muertes, según Missing Migrants.
“Los funcionarios de la UE intentaron poner fin a Mare Nostrum para reducir supuestamente el número de cruces y muertes”, dicen los abogados. “Sin embargo, estas razones no deben considerarse válidas, ya que los cruces no se redujeron. Y el número de muertos fue 30 veces más alto”, señalan, en fragmentos recogidos por el diario británico.
El escrito sostiene que las pruebas aportadas apuntan que puede haber responsabilidad penal dentro de la jurisdicción que compete a la CPI por “causar la muerte de miles de seres humanos al año, la devolución de decenas de miles de migrantes que intentan huir de Libia y la subsiguiente comisión de asesinato, deportación, encarcelamiento, esclavitud, tortura, violación, persecución y otros actos inhumanos contra ellos”.
Una portavoz de la Comisión Europea ha afirmado a El País que “todas nuestras acciones se basan en la ley europea e internacional”. “Nuestra prioridad siempre ha sido y seguirá siendo proteger vidas y garantizar un tratamiento digno y humano para las personas en las rutas migratorias”.
La Fiscalía de la CPI tendrá que decidir ahora si abre o no examen preliminar para que estudiar los presuntos delitos denunciados. La Corte ya estudia la situación en Libia desde que el Consejo de Seguridad de la ONU le encargara la investigación de los crímenes de guerra tras la caída de Muamar el Gadafi en 2011.