Abrió sus puertas hace dos semanas y media y en él viven ya doce personas que se han visto obligadas a huir de sus países de origen por su orientación sexual o identidad de género. Han llegado de Nicaragua, Venezuela, Colombia, Guinea y República Centroafricana. En los próximos días, se les unirán compañeros de otros países como Siria e Irán, hasta completar las 20 plazas ya asignadas del centro de acogida Pedro Zerolo, el primer lugar de acogida de un sistema público estatal exclusivo para solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional del colectivo LGTBI.
El Convenio de Ginebra y el Estatuto de los Refugiados reconocen el derecho de las personas a solicitar asilo si sufren violencia en sus países de origen por su orientación sexual o su identidad de género pero la realidad es que durante el proceso para recibir esa protección vuelven a encontrarse de frente con la homofobia o la transfobia.
“Una de las quejas tradicionales del activismo LGTBI era la situación de violencia, revictimización y falta de apoyo especializado que vivían los solicitantes de asilo”, explica Samir Bargachi, el presidente de la Asociación de Migrantes y Refugiados LGTBI Kifkif, que es la responsable del centro.
La violencia en Honduras
Cuando Vicky Gómez llegó a España en noviembre de 2016, en su currículum destacaban casi dos décadas de activismo en defensa de los Derechos Humanos de la población LGTBIQ+ en Honduras. Una vida dedicada al activismo que se había traducido en violencia sexual, física y psicológica. “Tuve que irme tras ser amenazada de muerte”, asegura.
Su primer contacto con un centro de acogida de la red estatal, según explica, “no fue una experiencia muy grata”. Uno de los principales problemas son las situaciones de discriminación que se dan en los propios centros, entre personas de diferentes países y que solicitan asilo por diferentes motivos.
“Estás con todo tipo de personas, lo que provoca un nivel de discriminación y transfobia importante”, lamenta Gómez. “Son situaciones que nos consta que existen y que las organizaciones hacen esfuerzos por evitar, pero que el propio colapso del sistema impide que sean suficientes”, dice Bargachi. “Este centro no solamente ofrece una solución habitacional, sino que es un espacio entre iguales”, explica.
El presidente de Kifkif va más allá: “Esto tendrá también un impacto en la resolución de los propios expedientes”.
Para conceder o no protección internacional a un solicitante deben elaborarse una serie de informes sociales, jurídicos y psicológicos que respalden su relato. Vicky, por ejemplo, conocía los protocolos internacionales y el proceso de solicitud al que debería enfrentarse al llegar aquí por su trabajo como activista de derechos humanos. “Al declarar, expliqué las agresiones por parte de la policía, las amenazas de muerte y traía denuncias físicas que sabía que me pedirían, pero la gente no siempre sabe cómo hacerlo... y existe la idea de que asumes esta apariencia por papeles”, dice.
Evitar la revictimización
Ella no tuvo problemas en ese sentido. “Lo que es obvio no se pregunta. No me tocó evidenciar que soy una mujer trans, pero si hay un nivel de discriminación para las personas no binarias”, indica. Otro escollo: ¿cómo demuestran una mujer lesbiana o un hombre gay que lo son? ¿cómo demuestran, por ejemplo, que han sufrido violencia?. “Hemos tenido resoluciones en las que se deniega el asilo a personas de Marruecos aconsejándoles que si tienen pluma, la disimulen”, apunta Bargachi.
“Quizás no todo el mundo está preparado para el trabajo específico con personas LGTBI”, indica la coordinadora del centro de acogida Pedro Zerolo, Melisa de la Torre.
Allí trabajan actualmente una asistente social, una psicóloga, dos integradoras sociales y una abogada, además de una cocinera, una persona encargada de la limpieza y otra que realiza tareas de conserjería y seguridad en horario nocturno y un profesor de español. “Nosotros intentamos evitar en todo lo posible esa revictimización. Antes de llegar a los centros o a los espacios estas personas ya han pasado por multitud de entrevistas en las que tienen que relatar sus vivencias, que son situaciones muy complicadas y de mucho sufrimiento. Tenemos que hablar de todo, pero intentamos abordarlo desde el conocimiento de que pertenecen al colectivo LGTBI, viendo cuál es la mejor forma de acercarnos en cada caso, con un plan especializado para que cada persona se sienta cómoda expresándolo”, dice.
“Una de las primeras fases del programa, donde nosotros estamos, es de integración en el área, porque los beneficiarios pueden proceder de distintas partes de España”, explica De la Torre: adaptarse al lugar, a la nueva casa, un antiguo hostal con varias habitaciones y zonas comunes de las que ya cuelgan banderas arcoíris y trans -azul, rosa y blanco-, y a convivir con personas de diferentes culturas, acceder a los servicios básicos y diseñar un itinerario de futuro en un momento en el que aún no tienen autorización para trabajar.
Este centro de acogida, gestionado por Kifkif y Red Acoge, forma parte del sistema público estatal y tiene capacidad para 20 personas exclusivamente LGTBI. “Tras nuestra incorporación al programa estatal de acogida de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, en octubre del 2016, el programa de Acogida Integral se ha ido incrementando las viviendas de acogida destinadas a garantizar, más allá de la cobertura de necesidades básicas, la creación de un itinerario dirigido a su integración social y laboral”, indica la directora de Red Acoge, Lucía Maquieira.
Hasta ahora, existían lugares especializados en víctimas de trata, violencia de género o menores, pero este es el primero del mundo, dentro de una red de acogida pública, destinado a solicitantes de protección internacional LGTBI. Las opciones que había dependían de ONGs. La propia Kifkif, por ejemplo, contaba con un piso de emergencia para migrantes que tuvo que cerrar en febrero después de que la Comunidad de Madrid le retirara las ayudas que recibía.
Aunque este nuevo centro, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es una antigua reivindicación de las organizaciones LGTBI, Bargachi reconoce que sus 20 plazas son “claramente insuficientes”. El ministerio no desglosa las solicitudes de protección por motivo de petición, por lo que es imposible conocer cuántas personas piden asilo tras haber sufrido violencia por su orientación sexual o de género. Las asociaciones calculan que se trata de una cuarta parte de las solicitudes, pero las únicas referencias reales que manejan son las de las personas a las que atienden. En Kifkif son más de 3.000 en lo que va de año, de las que han solicitado asilo cerca de un 70%.
En la actualidad hay 70 países donde se persigue legalmente la homosexualidad. En 26, los actos sexuales entre personas del mismo sexo se castigan con entre 10 años de cárcel y cadena perpetua; en 30, con hasta ocho años de cárcel. En 12 países el castigo es la pena de muerte. Solo 56 cuentan con una protección legal amplia, según el mapa elaborado por la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas ILGA, pero los ciudadanos de estos países tampoco están exentos de sufrir violencia. “Cuando una persona solicita protección, lo hace en base a su vivencia”, señala el presidente de Kifkif. Uno de los casos más claros es el de Colombia. “Sobre el papel, reconoce el matrimonio igualitario y derechos muy avanzados, pero hay asesinatos, violencia e impunidad”, explica. “La situación jurídica no siempre se traduce en bienestar o tranquilidad en lo cotidiano”.