El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este viernes en el Congreso de los Diputados el cumplimiento de la legalidad en “todas” las devoluciones de migrantes efectuadas en Ceuta tras la llegada irregular de alrededor de 10.000 personas a mediados de mayo. Para justificarlo, Marlaska se ha escudado en la cooperación de las fuerzas de seguridad con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), así como Cruz Roja y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), para identificar los perfiles vulnerables y evitar así su expulsión. Sin embargo, Acnur ha corrido a desmentirlo: su intervención, dice su portavoz, no ha asegurado el respeto de la normativa.
“No podemos confirmar que todas las devoluciones se hayan hecho conforme a la legalidad o de forma voluntaria puesto que hemos recibido algunos testimonios de personas que nos trasladaron su interés en pedir asilo y que habían sido devueltas de manera forzosa y, en algunos casos, con violencia”, ha respondido la portavoz de Acnur en España en declaraciones recogidas por elDiario.es. La Agencia de la ONU, además, ya ha puesto en conocimiento de las autoridades españolas estos episodios, que califica de “estos hechos graves en materia de protección internacional”, ha solicitado la apertura de una investigación.
Durante los días 18 y 19 de mayo, las fuerzas de seguridad desplegadas en la playa del Tarajal devolvieron de forma sistemática sin procedimiento alguno a buena parte de migrantes llegados a nado a la orilla española, aunque aún se desconocen las cifras oficiales. Estos eran esperados por los militares desplegados en la zona, que los acompañaban a la valla fronteriza con Marruecos donde la Guardia Civil abría una puerta situada en la alambrada para proceder a su devolución en caliente. El retorno forzoso de menores, captado por los medios de comunicación, ha motivado la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de Ceuta.
Este viernes, el ministro del Interior comparecía por primera vez en el Congreso para responder a preguntas sobre migraciones tras la crisis migratoria de la ciudad. A pesar de la insistencia de varios diputados que pedían más información detallada sobre las devoluciones de migrantes, incluidos menores, practicadas por las fuerzas de seguridad durante los días posteriores a la crisis migratoria de Ceuta, Grande-Marlaska no ha aportado las cifras desglosadas de retornos voluntarios y forzosos practicados durante aquellos días.
Según el ministro, en menos de 48 horas, los agentes devolvieron “por los cauces legalmente establecidos a más del 80% de las personas llegadas” de forma irregular los días 17 y 18 de mayo. “No hubo ninguna devolución ilegal, sino que todas las personas que regresaron lo hicieron conforme a la ley: voluntariamente, o a través de los oportunos expedientes”, ha remarcado.
Para justificar la salvaguarda de las garantías establecidas en la normativa —que obliga a identificar a las personas de perfil vulnerable para evitar su retorno inmediato, como pueden ser menores, solicitantes de asilo o víctimas de trata— , Marlaska ha destacado la cooperación de Acnur con las fuerzas de seguridad. “En Ceuta, trabajamos con Acnur y con Cruz Roja en la determinación de los perfiles vulnerables y casos susceptibles de protección internacional. Cooperamos en todo instante en Acnur. También estaba CEAR [la Comisión Española de Ayuda al Refugiado]”, ha declarado en sede parlamentaria. “Hacemos política de protección de nuestras fronteras y también de respeto a los derechos humanos”.
Su afirmación ha empujado una rápida respuesta del Comité Español de la Agencia de la ONU para los Refugiados. “El equipo de ACNUR ha estado en Ceuta desde el primer día de la crisis apoyando la respuesta y ayudando a que se retomaran los protocolos de protección internacional incluyendo el acceso al procedimiento de asilo”, explican a elDiario.es.
“Seguimos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades en este sentido pero no podemos confirmar que todas las devoluciones se hayan hecho conforme a la legalidad o de forma voluntaria puesto que hemos recibido algunos testimonios de personas que nos trasladaron su interés en pedir asilo y que habían sido devueltas de manera forzosa y, en algunos casos, con violencia”. Por su parte, CEAR ha reiterado que durante aquellos días de mayo se produjeron “devoluciones en caliente de posibles solicitantes de protección internacional y de menores”. La ONG especializada en asilo destaca que “en la medida que en estas devoluciones no ha existido un recurso efectivo, y en ausencia de procedimiento, se han incumplido las garantías legales exigidas”.
En este sentido, el diputado de Bildu, Jon Iñarritu, ha cuestionado al ministro acerca de la referencia a la Agencia de la ONU en su defensa de la legalidad de las devoluciones colectivas practicadas en la frontera ceutí. “Usted dice que todos fueron devueltos legalmente. Me gustaría que explicase qué procedimiento se utilizó, si fueron identificados cada uno de ellos, por qué se expulsó a menores... Usted ha hecho, de alguna manera, cómplice a Acnur de esas expulsiones. Si yo fuera Acnur no estaría muy contento o contenta”, ha dicho el parlamentario.
Tras esta intervención, Grande-Marlaska ha aclarado a Iñarritu que la Agencia de la ONU “no está detrás de cada persona que vuelve o retorna” a Marruecos. “Nos coordinamos, pero no están al 100% siguiendo nuestras actuaciones y conductas, pero tenemos una cooperación en materia de asilo y refugio. Nos transmitió una preocupación sobre colectivos vulnerables que podrían haber entrado”.
A lo largo de su comparecencia, el ministro del Interior ha afirmado en varias ocasiones que la llegada irregular de entre 8.000 y 10.000 personas por los espigones del Tarajal no es “una crisis migratoria” sino una “crisis fronteriza” en la que “se atacó la frontera”. “Se actuó de una forma que no tenía voluntad migratoria, sino se atacó la frontera”, ha insistido Grande-Marlaska.