El BOE recoge hoy la formalización del contrato entre la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Air Europa y Swiftair para el traslado de extranjeros a sus países de origen o a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). El presupuesto para estos servicios durante un año es de casi 12 millones de euros, aunque el coste final dependerá del número de vuelos realizados.
No es la primera vez que la UTE resulta adjudicataria de este contrato. En 2013 ya fue la empresa elegida y el presupuesto máximo era muy similar: 11.880.000 euros frente a las 11.985.600 de esta convocatoria.
Eso sí, entonces se adjudicó mediante negociado y esta vez se ha llevado a cabo vía concurso abierto, pero Air Europa y Swiftair han sido las únicas empresas que se han presentado. Las compañías cobrarán de 8.750 a 20.300 euros por vuelo realizado, dependiendo de su capacidad -de 75 a más de 200 personas. Además, se les pagará entre 1.500 y 2.750 euros por hora en tierra.
El contrato, como pasaba con el anterior, incluye el traslado de los extranjeros y los funcionarios que los custodien a los centros de internamiento (CIE) o a sus países de origen en el caso de que pese sobre ellos una orden de expulsión forzosa. Las empresas adjudicatarias no podrán incluir en estos vuelos a otros usuarios, pese a que queden plazas libres en el avión, ni transportar cargas o mercancías que no tengan relación con el objetivo del viaje, tal y como se desprende de las prescripciones técnicas, que recogen además las condiciones de estos vuelos: se suministrará agua mineral a los pasajeros y, si el viaje supera las dos horas de duración, comida. Eso sí,** nada de bebidas alcohólicas**.
Aunque la formalización se llevó a cabo en mayo y el 15 de ese mismo mes empezó la ejecución del contrato, que dura un año, no ha sido hasta hoy que ha aparecido en el BOE.
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Entre las condiciones técnicas y económicas, una de las exigencias que deben cumplir las empresas adjudicatarias del servicio es la confidencialidad, según las bases del concurso emitidas por el Gobierno en enero. Lo que ocurre en el avión se queda en el avión.
“Todos los tripulantes de la aeronave, tanto de la tripulación técnica como la auxiliar, como cualquier otro empleado del adjudicatario que viaje a bordo (...), serán previa y adecuadamente instruidos por el propio adjudicatario en el sentido de que deben observar en todo momento la adecuada reserva y confidencialidad en todo en cuanto se refiera a los servicios objeto del mismo como fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan, (..) y en general cualquier dato o información que pueda ser relevante tanto para la misión policial como para su seguridad y la de la aeronave y las personas a bordo”, reza el pliego con las prescripciones técnicas para los solicitantes.
El secretismo queda así establecido, negro sobre blanco, mediante el contrato con los adjudicatarios. Las denuncias de las personas expulsadas –como la sujeción a la fuerza de los pasajeros, la imposición de mascarillas “contra el vómito”, o la sedación de algunos de los ocupantes permitidas por el protocolo policial “por razones de seguridad”– no contará de este modo con la versión del resto de pasajeros del vuelo.
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