Tras varias semanas de espera, el Aita Mari podrá soltar amarras y zarpar el próximo 16 de octubre cargado con siete toneladas de ropa, calzado, mantas y tiendas de campaña para el invierno. El atunero vasco reconvertido en barco de rescate ha recibido autorización para zarpar al Mediterráneo para ofrecer ayuda humanitaria en Grecia, como ya ha ocurrió el pasado abril. Sin embargo, el Gobierno ha vuelto a impedir en el permiso de salida a la tripulación que efectúe operaciones de salvamento “de manera activa”.
El Ejecutivo ha estado demorando su respuesta desde el pasado 12 de septiembre, según ha denunciado la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, propietaria del buque. Su presidente, Iñigo Mijangos, ha explicado a la Agencia Efe que el miércoles recibieron el despacho de la dirección general de la Marina Mercante que les permite viajar a Licata (Sicilia), desde donde pretenden llevar después la ayuda a la isla de Lesbos.
Mijangos ha opinado que la autorización es “muy restrictiva”, pues incluye varias especificaciones, entre ellas que el buque debe emprender “rumbo directo ininterrumpido hacia Sicilia”. El Aita Mari no está autorizado a hacer “operaciones de rescate de manera activa, solo de forma fortuita”, esto es, “si nos encontramos un bote” en alta mar entonces “sí lo podemos asistir”, ha comentado.
El permiso, un trámite que, según la ONG, normalmente no tarda más de 24 horas, también advierte de que el incumplimiento de la normativa puede implicar multas de hasta 900.000 euros. El pasado mes de julio, el Gobierno ya amenazó al Open Arms con el mismo tipo de sanción, advirtiendo al barco de rescate catalán de las consecuencias ante “su pretensión de retomar los rescates”.
La clave está entonces en qué entiende el Ministerio de Fomento por un rescate “fortuito” o uno que derive en multa. El derecho marítimo obliga a auxiliar a personas en peligro en el mar a toda embarcación que se las encuentre. El derecho marítimo obliga a auxiliar a personas en peligro en el mar a toda embarcación que se las encuentre.
En este sentido, los responsables de SMH denuncian que esta limitación incumple la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, y señalan que, mientras el Gobierno se demoraba en dar una respuesta, miles de personas han desembarcado en las islas del Egeo provenientes de Turquía.
SMH está desplegada desde 2015 en Quíos (Grecia) con un equipo médico, y actualmente es la única asistencia sanitaria que reciben las personas migrantes atrapadas en el campo de refugiados de la isla. El pasado día dos se cargaron en el Aita Mari las siete toneladas de material de emergencia con las que se auxiliará a los refugiados de cara a la bajada de temperaturas: ropa y calzado de abrigo, mantas y tiendas de campaña para el invierno. Un máximo de 15 personas zarparán desde Pasaia (Gipuzkoa), entre ellas siete marineros y varios voluntarios.