Cada vez son más las voces que cuestionan el bloqueo del Open Arms. Amnistía Internacional ha condenado este viernes la decisión de la Capitanía Marítima de Barcelona de denegar la salida al barco de rescate de migrantes pues, a su juicio, la decisión hace pagar a los migrantes y a los rescatadores “los fallos” de los gobiernos europeos.
“En esta orden administrativa, las autoridades españolas reconocen los fallos del sistema, poniendo de relieve cómo los Estados mediterráneos han quebrantado leyes y normas marítimas internacionales, pero obligan a solicitantes y rescatadores a pagar el precio de esos fallos”, sostiene la organización a través del informe internacional “Cortar a la deriva en el Mediterráneo”.
El estudio de la organización ha exigido “actuar con urgencia” a los dirigentes europeos “para reparar un sistema que disuade a los Estados de auxiliar a las personas refugiadas y migrantes que corren peligro en el mar”. Como parte de esa estructura, la ONG resalta la orden administrativa con la que las autoridades españolas impiden al Open Arms salvar vidas en el Mediterráneo central.
Para Amnistía, el caso del Open Arms es el “ejemplo más reciente” de las medidas implementadas por los gobiernos de la UE “destinadas a bloquear los intentos de cruzar el Mediterráneo central”. Entre ellas, señala el impulso de la Guardia Costera Libia para frenar la llegada de migrantes a las costas europeas y “dificultar la labor de las ONG” de rescate.
“Algunos gobiernos europeos han llegado a impedirles realizar sus propias actividades para salvar vidas mediante investigaciones criminales y obstáculos burocráticos”, esgrime el comunicado. Este es el caso, dicen, del Gobierno español. A través de la Marina Mercante, el Ministerio de Fomento ha denegado el permiso de salida al Open Arms debido a las largas distancias que se ve obligado a recorrer con rescatados a bordo a causa del cierre de los puertos seguros próximos al desembarco de migrantes.
“Esta estrategia se ha centrado en mantener a estas personas lejos de Europa”, enfatizan desde Amnistía Internacional, que también recuerdan que Libia “no tiene capacidad suficiente para coordinar los rescates” así como la prohibición de devolución al país norteafricano en base a la legislación internacional debido al riesgo de sufrir tortura, extorsión o violación sexual.
Amnistía enumera una serie de factores por los que, a su juicio, se produce una situación en la que, por un lado, los barcos de salvamento de ONG acaban varados en medio del Mediterráneo Central a la espera de un puerto seguro donde desembarcar y, por otro, los Estados europeos tratan de frenar la actividad de organizaciones de rescate de migrantes.
“El control de las fronteras europeas en las autoridades libias, combinado con un sistema que no establece un reparto justo de las responsabilidades sobre los solicitantes de asilo en toda Europa, ha creado una situación en la que frecuentemente se abandona a migrantes y solicitantes de asilo a la deriva en el Mediterráneo”, señalan desde AI.