Amnistía Internacional acusa a las autoridades turcas de graves vulneraciones de los derechos de los detenidos en las purgas del gobierno tras el golpe de Estado fallido del 15 de julio en el país. La ONG asegura haber recibido “pruebas creíbles” de que la policía turca en Ankara y Estambul está suspendiendo a los arrestados en posturas de tensión “durante un máximo de 48 horas”, negándoles alimentos, agua y tratamiento médico, y amenazándoles. “En los peores casos algunos han sido sometidos a golpes y torturas graves, como la violación”, afirma la organización en un comunicado.
La ONG lanza sus acusaciones contra las autoridades turcas tras hablar con abogados, médicos, detenidos y una persona que trabaja en un centro de detención, entre otras personas. Todas las fuentes piden permanecer en el anonimato por razones de seguridad, indican. Los relatos de las fuente hablan de detenciones en instalaciones no oficiales “como centros deportivos y un establo”.
La organización recibió testimonios detallados de tortura y otros malos tratos a los detenidos. “Dos abogados en Ankara que trabajaban para detenidos afirmaron que estos fueron testigos de cómo oficiales del Ejército eran violados con una porra o el dedo por oficiales de policía”, afirma AI.
Una persona que trabaja en las instalaciones deportivas de la comisaría de policía Ankara relató que entre “650-800 soldados varones fueron recluidos en el pabellón de deportes” y que “al menos 300 mostraban signos de haber sido golpeados”. Algunos detenidos tenían contusiones, cortes o huesos rotos, según su relato. “Alrededor de 40 fueron tan gravemente heridos que no podían caminar”.
Otro abogado, que trabaja en la Corte del Caglayan en Estambul, afirmó que algunos de los detenidos estaban en una situación de “angustia extrema”: un arrestado intentó arrojarse por una ventana del sexto piso y otro golpeó su cabeza contra la pared en numerosas ocasiones.
“Los sombríos detalles que hemos documentado son sólo una instantánea de los abusos que puedan estar ocurriendo en los lugares de detención ”, advirtió el director de Amnistía Internacional en Europa John Dalhuisen.
Petición de supervisión independiente
Por ello, la organización internacional pide al gobierno turco que cese estas prácticas y que permita la entrada de monitores independientes que puedan supervisar el respeto de los derechos humanos en los centros de detención donde están encarcelando e interrogando a numerosas personas tras el levantamiento militar. Según la ONG, el número de detenidos tras el golpe asciende a “10.000” personas.
Amnistía centra sus recomendaciones en el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, al que pide que realice una “visita de emergencia” a Turquía para vigilar las condiciones en las que se desarrollan los arrestos.
Entre los derechos vulnerados por las autoridades turcas, según el informe de la organización, también figuran las denegaciones de acceso a un abogado de los arrestados y al contacto con sus familiares. “Tampoco han sido correctamente informados de los cargos interpuestos contra ellos, lo que socava sus derechos a un juicio justo”.
En su respuesta al golpe de Estado en Turquía, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha aprobado ampliar de 4 a 30 días el periodo máximo en el que ciertos sospechosos pueden permanecer detenidos sin cargos, para “facilitar una investigación exhaustiva sobre el intento de golpe”. Amnistía teme que el cambio facilite los abusos contra los detenidos: “El cambio corre el riesgo de exponer a los detenidos a nuevas torturas y otros malos tratos”.
Turquía ha suspendido temporalmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos debido al estado de emergencia que declaró por la intentona golpista. Pese a ello, el Convenio establece que hay ciertos derechos que no pueden ser anulados: como la prohibición de la tortura y el derecho a la vida.