La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha anunciado este martes la apertura inminente en la capital francesa de un “campamento humanitario” para refugiados ajustado a las normas de la ONU, con el que se intenta afrontar la actual crisis migratoria. “Es hora de pasar a la velocidad superior y aportar respuestas”, ha indicado la alcaldesa en una rueda de prensa.
Anne Hidalgo ha avanzado que el Ayuntamiento está examinando las formas de abrir ese campamento “lo antes posible”, aunque su deseo es que esté operativo para dentro de un mes y medio. Ha subrayado la necesidad de acoger a ese colectivo “dignamente” y su voluntad de que haya “un lugar identificado” para poder redirigir a esas personas “hacia el circuito que corresponda”.
La capital francesa está analizando “distintos sitios para ver en qué plazos” se puede poner el centro a disposición del Estado aunque ha dicho que espera que sea “lo antes posible”. El campamento respetará las “condiciones reglamentarias” dictadas por la ONU y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, lo que significa alojamientos modulares “que puedan instalarse rápidamente” pero que cuenten con “todo el confort necesario”, ha precisado.
Los responsables de ese centro y miembros del Gobierno francés han firmado este martes una convención en virtud de la cual el Estado aportará 3,9 millones de euros de financiación para su gestión. El Estado acompañará la gestión del centro al menos hasta el 31 de marzo de 2017.
Se inspirará en el campamento de Grande-Synthe, al norte de Calais, construido el pasado marzo por la organización Médicos Sin Fronteras a las afueras de la ciudad de Dunkerque, junto a la frontera belga, para reemplazar a un insalubre poblado situado a pocos kilómetros y en el que pernocta en torno a un millar de iraquíes, iraníes, turcos o sirios, entre otras nacionalidades.
Demolición de Calais
Los antidisturbios franceses desmantelaron la zona sur de la Jungla de Calais, el mayor campo de refugiados de Europa, a finales del pasado mes de febrero. La demolición se inició a raíz de que una jueza francesa rechazara la petición de diez ONG, entre ellas Médicos del Mundo, para demorar la destrucción de esa zona del campamento.
Varias asociaciones solidarias, entre ellas Albergue de Migrantes (Auberge de Migrants en francés) denunciaron que la policía impidió que cooperantes y voluntarios que trabajaban en el lugar accedieran al campamento, y advirtieron del riesgo de aparición de 'nuevas junglas' tras el desmantelamiento.
La zona sur de la Jungla albergaba, aparte de viviendas improvisadas, una escuela, una biblioteca, una iglesia, un centro jurídico, mezquitas y pequeños comercios y comedores, además de un centro de acogida para mujeres y niños, la población más vulnerable del asentamiento.
La demolición afectó a más de 3.700 refugiados, entre ellos 293 menores huérfanos, según el censo de las asociaciones que trabajaban sobre el terreno, una cifra que el Gobierno francés, gran ausente en el campamento, estimó en apenas mil personas.
La mayor parte de los refugiados que se instalan en Calais aspira a alcanzar el Reino Unido, muchos de ellos para reencontrarse con familiares y conocidos, un sueño que se vería frustrado si registran sus datos o huellas dactilares en Francia, requisito obligatorio para entrar tanto en los containers como en los centros de refugiados que el gobierno ofrece.