Las autoridades de Arabia Saudí están preparando la ejecución inminente de 52 personas, según denuncian Reprive y Amnistía Internacional, en base a distintas informaciones recogidas en la prensa afín al régimen. Tres de ellos son Ali Mohammed Baqir al-Nimr, Dawood al-Marhoon y Abdullah al-Zaher, jóvenes que fueron condenados cuando eran menores de edad. Estas ejecuciones serían, según recogen los propios medios de comunicación locales, el “colofón” a las decapitaciones de 47 personas que el gobierno llevó a cabo el pasado mes de enero.
El caso de Ali al-Nimr ha sido especialmente criticado por la ausencia de todo cumplimiento de las normas internacionales sobre juicios justos. El 27 de mayo de 2015, el Tribunal Penal Especial de Yidda le condenó a muerte por decapitación y posterior exhibición en crucifixión durante tres días por delitos cometidos cuando tenía 17 años. A la vez, se le negó el acceso a su abogado y no se investigó si las acusaciones contra él eran ciertas.
Ali fue detenido el 14 de febrero de 2012, cuando aún era menor de edad. Él mismo ha denunciado que lo sometieron a tortura y otros malos tratos. Todo para conseguir que firmara una “confesión” en la que se le achacan delitos como participación en manifestaciones contra el gobierno, uso de grabaciones con el móvil para incitar a la revolución, ataque a las fuerzas de seguridad, robos a mano armada y estar en posesión de una ametralladora.
En cuanto cumplió los 18 años, le trasladaron del centro de rehabilitación de menores de Dar al-Mulahaza a la prisión de la Dirección General de Investigaciones en Damman, donde aún permanece encarcelado a la espera de que se cumpla su ejecución. Una condena que, según las obligaciones contraídas por Arabia Saudi en la Convención de los Derechos del Niño, es ilegal, dado que el uso de la pena de muerte contra personas detenidas cuando son menores de 18 años está prohibido.
Sobrino del clérigo chii ejecutado en enero
Ali Mohammed Baqir al-Nimr es sobrino de Nimr Baqir al Nimr, clérigo chií disidente al que asesinaron en las ejecuciones de enero por un delito de “bandidaje” (haraba) como opositor del régimen. En la última década se había alzado como una de las voces más influyentes entre los jóvenes por sus denuncias contra la discriminación que históricamente ha sufrido la comunidad chií en Arabia Saudí.
La tensión entre éstos y las autoridades saudíes ha ido en aumento desde 2011 cuando, animada en parte por las protestas de la primavera árabe en Oriente Medio y el Norte de África, la población de la Provincia Oriental saudí, predominantemente chií, intensificó sus demandas públicas de reformas. Las manifestaciones acontecidas desde entonces protestaban contra la detención, encarcelamiento y hostigamiento al que se ha sometido a miembros de la comunidad chií a raíz de las revueltas. Unas protestas que desencadenaron en numerosas detenciones y que motivaron la condena a muerte de tío y sobrino.
El rechazo a la actitud de Arabia Saudí por parte del gobierno de Irán ha sido contundente. El mismo día de la ejecución de Ali al-Nimr se sucedieron diversas revueltas en la embajada de Arabia Saudí en Teherán, que acabaron con un incendio por lanzamiento de cócteles molotov. El propio portavoz de Exteriores iraní, Hosein Ansari, acusó entonces al gobierno saudí de “utilizar las ejecuciones contra sus críticos al tiempo que apoyaba a terroristas y extremistas suníes”.
La lucha contra el terrorismo como pretexto
La semana pasada Arabia Saudí intervino en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Su representante, Bandar al-Ali, aseguró que las personas ejecutadas el pasado 2 de enero eran terroristas, y que su gobierno “promueve los derechos humanos” y “combate la tortura en todas sus formas, tanto psicológicas como físicas”.
Arabia Saudí ha sido calificado por Amnistía Internacional como “uno de los principales verdugos del mundo”, que ha ejecutado a más de 2,000 personas entre 1985 y 2013. La propia organización denuncia también el incumplimiento sistemático de las normas internacionales sobre juicios justos, así como la declaración de culpabilidad sin más pruebas que confesiones obtenidas con coacción, torturas o engaño.
El 8 de octubre del pasado año, el Parlamento Europeo aprobó una resolución de urgencia específica sobre el caso de Ali Mohammed Baqir al-Nimr. Elena Valenciano, eurodiputada del PSOE en el parlamento Europeo, pedía desde su escaño la liberación del joven y la revisión de las medidas contra la pena de muerte: “Este parlamento no va a dejar de señalar ante el gobierno saudí lo inhumano de su ley y su acción. No vamos a callarnos, el gobierno saudí debe tomar nota. No vamos a permitir que sigan decapitando a gente inocente, gente joven que el único delito que ha cometido es el de luchar por su libertad”, explicó Valenciano.
Pero pese al rechazo aprobado en la resolución, las organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado la falta de compromiso de la comunidad internacional en la condena de los crímenes de Arabia Saudi. La misma semana en la que se produjeron las ejecuciones masivas del mes de enero, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores británico justificaba a los saudíes: “Vamos a ser claros, para empezar, estas personas eran terroristas convictos”. A lo que Maya Foa, jefa del equipo contra la pena de muerte de Reprieve, contestó que “el gobierno británico y otros deberían reparar en la máquina de propaganda del gobierno saudí y hacer todo lo posible para evitar que lo ocurrido en las ejecuciones de enero se repita”.
Desde la organización insisten en la relevancia de estas informaciones publicadas por la prensa local afín al régimen. También instan a que la comunidad internacional actúe con contundencia: “Son muy preocupantes. Las ejecuciones en masa del pasado enero incluyeron a activistas y jóvenes. Estos prisioneros no eran terroristas, sino personas normales que perdieron la vida por el llamado ”crimen“ de hablar en contra del régimen saudí. Sería abominable que el régimen ejecutara ahora a tres jóvenes más que han sido brutalmente torturados hasta confesar”, lamentan.