Colombia ha visto esta última semana cómo tres líderes sociales han sido asesinados y otros dos han sufrido atentados, supuestamente por paramilitares y sicarios. Se suman a los que se vienen realizando durante todo el año y que arrojan unas cifras que poco encajan en un escenario de acuerdos de paz: 70 homicidios, 341 agresiones individuales, 279 amenazas y 28 atentados contra dirigentes políticos, defensores de derechos humanos y líderes campesinos, según datos del movimiento político Marcha Patriótica.
Erley Monroy fue asesinado el 18 de noviembre cerca de San Vicente del Caguán (Departamento del Caquetá). Era un destacado dirigente de la Fundación por los Derechos Humanos del Centro y Oriente Colombiano (DHOC), al igual que Didier Losada, asesinado el mismo día en el Departamento del Meta.
El otro líder eliminado el pasado fin de semana, Rodrigo Cabrera, era un líder campesino miembro activo de Marcha Patriótica y muy involucrado en las actividades de impulso por la paz. Su municipio, Policarpo, ha sido designado como uno de los sitios donde posiblemente estarán ubicadas las Zonas Veredales Transitorias de Normalización donde empezarán a concentrarse los guerrilleros desmovilizados en el Departamento de Nariño.
Las declaraciones de rechazo de líderes políticos y la condena por parte de movimientos sociales se han sucedido durante estos días. Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático, asegura a eldiario.es que los asesinatos tienen como objetivo claro “debilitar el proceso de paz y acabar con los liderazgos sociales, campesinos y comunitarios”.
Cepeda afirma que los autores pretenden generar un mensaje negativo hacia quienes van a dejar las armas: “No se les va a garantizar la vida, y la entrega de las armas va a significar, por el contrario, la destrucción de su organización y su muerte”.
La preocupación sobre estos asesinatos se agrava porque no es la primera vez que algo así pasa en Colombia. En 1985, durante las negociaciones de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), nació la Unión Patriótica (UP). Este partido estaba formado por guerrilleros desmovilizados y militantes de izquierda que decidieron pasar a hacer política legal, un escenario muy similar al actual.
Lo que ocurrió en los años siguientes fue un exterminio sistemático de miembros del partido y militantes que acabó con la vida de unas 3.000 personas, aunque fuentes de la organización elevan la cifra a más de 6.000 entre muertos y desaparecidos.
“El punto coincidente es que estamos ante una situación ante la cual un proceso de paz es sometido a un intento de sabotaje y debilitamiento”, sostiene Cepeda. Sin embargo, apunta que el escenario ha cambiado porque “hoy en día tenemos un proceso de paz avanzado, se ha logrado firmar los acuerdos y las FARC han detenido su acción militar” por lo que, añade, “no hay ningún pretexto que valga para decir que las personas que están siendo asesinadas están en connivencia o en un comportamiento cómplice con la guerrilla”.
El presidente, Juan Manuel Santos, que reconoció en septiembre la responsabilidad del Estado en aquellos sucesos, reunió este martes a la Comisión de Alto Nivel para la Protección de los Derechos Humanos, de la que forman parte el fiscal general y el ministro del Interior. Santos condenó los asesinatos y declaró que estos hechos “son una evidencia palpable, dramática, de los riesgos que la incertidumbre nos trae frente a la implementación de los acuerdos de paz”.
“Lo hemos venido diciendo, esta incertidumbre, este limbo, va aumentando los riesgos, por eso la urgencia de tomar las decisiones”, añadió, haciendo clara alusión a lo que se está considerando una dilatación por parte de los partidarios del no de la implementación del nuevo acuerdo.
“Un plan organizado”
Desde su fundación en 2012, Marcha Patriótica ha visto morir a 124 miembros (nadie ha sido condenado por ninguna de esas muertes) y desde el movimiento denuncian que no son casos aislados. Piedad Córdoba, exsenadora por el Partido Liberal y miembro de Marcha Patriótica, denunció este miércoles el asesinato de los líderes sociales y exigió la aplicación inmediata de los acuerdos de paz.
“El Estado y alto gobierno poseen instrumentos constitucionales para enfrentar amenazas extraordinarias, incompatibles con el logro de la paz y la convivencia, por lo que no es posible aceptar la indolencia del Ministerio del Interior, Fiscalía y la fuerza pública frente a la ola de ejecuciones que estamos presenciando”, insta un comunicado de la Marcha Patriótica.
El mismo documento insiste en que todas estas actuaciones “desvelan una conducta premeditada y sistemática, que en ningún caso se trata de hechos aislados, sino que obedece a una clara política de exterminio y un claro saboteo al actual proceso de paz”.
Cepeda apoya esta tesis negando que estas 124 muertes sean “actos fortuitos, individuales, hechos pasionales o muy localizados”, sino que en realidad se trata de “un plan que tiene por objetivo que, si no se ha podido detener el proceso por otras vías, se acabe a través de la violencia”.
Acusaciones directas
Lizeth Montero, portavoz de Derechos Humanos de Marcha Patriótica, ha acusado directamente a Humberto Sánchez y Claudia Inés Cabrera, ambos alcaldes de dos de los municipios donde han tenido lugar los asesinatos.
“De manera reiterada han desarrollado hechos de señalamiento y estigmatización en contra de miembros de nuestro movimiento e incluso han emitido comunicados en los que justifican estos hechos diciendo que nuestros compañeros tenían antecedentes judiciales, eran personas problemáticas y no reconocidos en sus municipios como dirigentes de la Marcha Patriótica”, ha afirmado esta semana.
No es la primera en hacer esas acusaciones. “El responsable de la masacre de campesinos en San Vicente del Caguán es el alcalde del Centro Democrático”, ha afirmado, Aida Avella, la presidenta de UP a través de su cuenta de Twitter.
El Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, si bien no se ha pronunciado sobre los asesinatos, emitió un comunicado para rechazar las acusaciones vertidas por Avella alegando que “estas acusaciones temerarias e irresponsables sin prueba alguna, ponen en riesgo la vida del alcalde de San Vicente y su presunción de inocencia”.
Iván Cepeda ha reconocido que el plan que él sostiene que se ha diseñado para acabar con el proceso de paz, implica acabar con las reformas que trae consigo: reforma agraria, justicia para las víctimas y democratización del país. “Todos esos cambios en Colombia han sido aplazados históricamente, y son totalmente adversos a un sector ultraconservador, fundamentalista religioso que apela a otro tipo de argumentos para contraponerse al proceso de paz”, asegura el senador. Y añade, “ese sector tiene un líder, un caudillo, que se llama Álvaro Uribe Vélez”.