Sonaba la misma música, vestían las mismas ropas y las protagonistas también eran ellas. El motivo de la celebración, sin embargo, esta vez era el opuesto. El día en que la aldea de Kabele, al este de Etiopía, puso fin a la mutilación genital femenina, Boko Mohamed celebraba el fin de su carrera profesional. “Mutiladora” por herencia, había circuncidado a cientos de niñas en su comunidad, igual que hicieron su madre y su abuela. Ahora, tras comprender los perjuicios de la tradición, empezaría un pequeño negocio local gracias a la ayuda de un microcrédito.
“Este tipo de gestos no los trae una Ley por si sola. Si queremos acabar con el horror de esta práctica hay que trabajar con estas comunidades desde dentro, mostrar alternativas, como apoyar a las mujeres que practican la ablación para que puedan cambiar de trabajo y tener una alternativa”, explica Isabel Iglesias, directora de comunicación de World Vision.
ONG y organizaciones humanitarias han recibido con “mucho optimismo” la decisión del Parlamento de la Unión Africana (UA), que esta semana aprobaba la prohibición de las prácticas de la mutilación genital femenina (MSF) en sus 50 estados miembros, aunque, dicen, “el trabajo no puede quedar ahí”.
La Ley no es de obligado cumplimiento porque el órgano legislativo de la UA tiene únicamente carácter consultivo y carece de competencia jurídica, aunque el avance es claro: sus 250 diputados remitirán la decisión al Parlamento de cada país, “y ejercerán una presión muy valiosa para que cambien las leyes”, asegura Fátima Djarra, mediadora de Médicos del Mundo.
Esta vez, además, hay un matiz clave: la decisión no viene de Occidente. “Cada vez que la comunidad internacional se posiciona en contra de la mutilación genital femenina la gente allí piensa: 'es cosa de Europa, que quiere cambiar el funcionamiento y nuestras costumbres', pero ese argumento ya no vale. Ahora, al venir la decisión de los propios africanos, va a tener mucha más repercusión. Las propias mujeres parlamentarias que estén a favor de la mutilación van a ver que la situación está cambiando, y que África también se opone”, añade Djarra, quien trabaja para concienciar sobre los horrores de una práctica que ella misma sufrió con tan solo cuatro años. Aún lo recuerda.
Cuando prohibir no basta
Desde 2008, más de 15.000 comunidades en 20 países distintos han abandonado la práctica de la mutilación genital femenina, según Unicef. Los datos globales, sin embargo, no son tan esperanzadores. En 2015, la cifra de niñas y mujeres a las que se les había practicado la mutilación genital femenina ascendió a 200 millones en todo el mundo, 70 millones más que la estimada en 2014. El motivo del aumento se debía a la suma de los datos recopilados en Indonesia, donde la práctica prevalece con fuerza pese a estar prohibida desde el año 2006.
Ocurre también en África. 20 de los 50 países de la UA cuentan con leyes que la prohiben, pero algunos siguen ocupando las primeras posiciones del particular ranking del horror que Unicef contabiliza cada año. En Guinea, por ejemplo, donde desde el 2011 está vigente una norma que criminaliza la ablación y un comité Anti-MGF –cuya unidad judicial tiene competencia para castigar estas prácticas–, la tasa de prevalencia de MGF sobrepasa el 90%, la segunda más alta del mundo.
“Hay un paso enorme entre la legalidad formal y la legalidad real. La mayoría de las veces las leyes van por delante, y después se producen los cambios sociales, no es un efecto automático. La ablación es una práctica milenaria e histórica, y va a llevar un tiempo que la sociedad y la cultura cambien”, explica Gloria Poyatos, presidenta de la Asociación Española de Mujeres Juezas.
“Convencer a un líder es más efectivo que multar”
Para lograr ese cambio, es necesario un trabajo “de concienciación desde una posición no invasiva, que no imponga ideas”. Así describe Blanca Carazo, responsable de programas de Unicef España, la manera en la que han logrado que más de 2.000 comunidades abandonen la ablación en el año 2015.
Los expertos señalan que es un proceso estructurado en tres niveles de actuación, simultáneos: el legislativo, para conseguir normativas efectivas que se cumplan; el de protección, para apoyar a las niñas y mujeres que escapen de la práctica; y el de la concienciación, que permita lograr el cambio social desde dentro de las propias comunidades.
En ese último punto el papel de los hombres, en especial, el de los jefes y líderes de las comunidades, es vital. “Un líder religioso que no someta a su hija a la ablación allí donde es una práctica arraigada se convierte en un símbolo mucho más poderoso que encarcelar a quienes la hayan practicado o multar a la familia”, asegura un trabajador comunitario de World Vision en Etiopía.
Es parte del trabajo pendiente que una ley no cambia, pero que sí legitima. “Si tú penalizas una situación, en el imaginario social acaba existiendo un reproche”, asegura Poyatos. Por el camino, queda el paso que dan unos padres entre esconder a su hija por el pudor de que no esté mutilada, y colgar su foto en la pared para mostrarla orgullosos como ejemplo.