Un viaje familiar al país de origen puede ser un momento clave a la hora de que una niña que reside en España sea sometida a una mutilación genital. El último caso conocido vuelve a repetir esta dinámica. Cuatro hermanas menores de edad, con residencia en Álava, fueron víctimas de una ablación durante las vacaciones estivales a Mali, su país de origen.
Según estimaciones del Ministerio de Sanidad, 17.000 menores que residen en España son población de riesgo. Este año el gobierno ha aprobado un paquete de medidas para evitar la ablación. Previamente comunidades autónomas con grandes poblaciones de riesgo como Cataluña, Aragón y Navarra, ya desarrollaron su propios protocolos. Una de las medidas -que se repite en estos documentos- es la invitación a los padres a que firmen un escrito, antes de viajar, en el que se comprometen a que sus hijas no van a ser ser sometidas a esta práctica.
En este caso, la Fiscalía de Menores del País Vasco sospecha que los responsables de la ablación han sido los abuelos, ya que en su país la mutilación genital se realiza al 98% de las mujeres. Aunque, según la información publicada por El Mundo, no tienen constancia de que los padres pusiesen impedimentos.
Tras conocer los hechos, el ministerio público está investigando qué medidas puede adoptar. Según el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, los padres podrían perder la patria potestad “si se comprueba que se ha producido el delito y que ha habido una falta de vigilancia”, ha señalado a eldiarionorte.es.
La Fiscalía del País Vasco es la encargada de promover las medidas de protección de las menores y la Audiencia Nacional sería la responsable de perseguir el delito de ablación realizado en un país extranjero. Calparsoro ha reseñado que esta investigación es complicada “porque los sucesos ocurrieron en Mali y los responsables se encuentran allí”.
Resaltamos algunas de las claves para entender la lucha contra la ablación en España:
¿Qué es la ablación? La ablación afecta en el mundo a 140 millones de mujeres y niñas según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta práctica, que consiste en la extirpación parcial o total de los genitales femeninos externos por motivos no médicos, está arraigada en comunidades de 28 países africanos -a pesar de estar penalizado en 20 de ellos- y algunos de Oriente Medio y Asia.
¿Cuáles son sus efectos? Según este organismo, la mutilación genital no solo afecta a la vida sexual femenina, su salud también está en peligro ya que pueden surgir complicaciones en el parto, quistes, problemas de esterilidad, infecciones vesicales y urinarias. La ONU considera que es una violación de los derechos humanos, ya que afecta a la seguridad de las mujeres y a su integridad física, también quebranta el derecho a no ser sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte.
¿Por qué lo hacen? Se realiza porque las familias de las jóvenes consideran que así se reduce la libido femenina, “ayudando” a la mujer a resistirse a los actos sexuales “ilícitos”, un claro reflejo de la discriminación que sufren las mujeres en estos países. La tradición patriarcal existente en estos países pesa sobre sus sociedades que continuan celebrando estos rituales en muchos casos por miedo al estigma que genera negarse a ellos.
Las familias suelen festejar el día en el que someten a una niña a la ablación. Así lo relata Fátima Djarra Sani, natural de Guinea-Bissau, en una entrevista en eldiario.es. Recuerda que a sus cuatro años las mujeres de su familia se vistieron de gala, bailaron y cantaron cuando le extirparon el clítoris y los labios menores de la vagina. Actualmente trabaja como mediadora de Médicos del Mundo en Navarra, intenta prevenir entre la comunidad africana que otras jóvenes sean sometidas a esta práctica.
¿Qué hace el Gobierno para evitarlo? Para evitar casos como el de Álava, el Ministerio de Sanidad aprobó en enero un protocolo estatal de Actuación del Sistema Nacional de Salud, en él se unifican las instrucciones que recibe el personal sanitario -desde el pediatra al médico de atención primaria- si sospechan que una paciente es víctima, o puede llegar a serlo, de una mutilación genital. Desde Médicos del Mundo consideran que el reglamento nacional debería ser más amplio y no limitarse solo al personal sanitario, ya que así “reduce el número de profesionales que puede identificar a la población de riesgo”.
Entre las medidas incluidas en este documento, destaca el escrito que tienen que ratificar los padres, antes de irse de vacaciones, comprometiéndose a no someter a sus hijas a una ablación. En caso de que se nieguen a aceptar este compromiso, el médico informará al departamento autonómico de protección de menores y este último trasladará la información a la Fiscalía que, entre otras medidas, les puede retirar el pasaporte para que no viajen.
Exámenes médicos antes y después del viaje. Gracias a esta medida las menores deben ser examinadas por un médico antes y después de la visita. Además los padres viajarán con el escrito para informar a sus familiares de que esa niña no puede ser mutilada. “Esa firma no garantiza el 100% de efectividad, pero los resultados están siendo buenos y muchas niñas están volviendo de esos viajes sin haber sufrido una mutilación”, apunta Julia Moreno, trabajadora social de Médicos del Mundo.
Este año el gobierno ha aprobado un paquete de medidas para evitar la ablación. Previamente comunidades autónomas con grandes poblaciones de riesgo como Cataluña, Aragón y Navarra, ya desarrollaron su propios protocolos. El País Vasco también va a ratificar un conjunto de instrucciones para luchar contra la mutilación en su región antes de que acabe el año, aunque ya han comenzado a formar a los profesionales sanitarios que están en contacto con población de riesgo.
Desde Médicos del Mundo explican que los protocolos aprobados por las comunidades autónomas son más efectivos que el estatal ya que no se limitan a aconsejar solo al personal sanitario -como hace el plan aprobado por el Ministerio de Alfonso Alonso-. Los documentos implementados en Cataluña, Aragón y Navarra incluyen también en sus medidas a los profesionales de los centros educativos y a los trabajadores sociales.
“Es necesaria una intervención integral, estos casos no los detectan solo los médicos. Si una familia comunica en el colegio o a una trabajadora social que se marchan de viaje a su país de origen, si estos trabajadores están formados, conocerán los protocolos de actuación e informarán al departamento que proceda para evitar futuras mutilaciones” apunta Moreno.
Otros casos anteriores. El caso de estas cuatros jóvenes no es el único que se ha registrado en el País Vasco, el año pasado la Fiscalía detectó que dos niñas pertenecientes a familias originarias de Mali y Guinea fueron víctimas de una mutilación genital cuando se marcharon de vacaciones.
Según informa El Mundo, no se retiró la custodia a los padres porque el ministerio público interpretó que fueron los abuelos los responsables directos, y consideraron que la separación de padres e hijos supondría una “doble victimización”. Este caso fue el punto de inflexión por que el que el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, comenzó a elaborar el protocolo que presentará a final de año para prevenir la mutilación genital femenina entre las menores que viven en el País Vasco.
El año pasado, la Audiencia Nacional absolvió a otro matrimonio residente en Lloret de Mar (Girona), después de que sus dos hijas fuesen sometidas a una ablación en Gambia en el año 2006. En este caso una de las menores argumentó que su madre no autorizó la mutilación y discutió con su abuela cuando se enteró de este hecho.
Tras la reforma de la ley de justicia universal, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tuvo que decidir si la nueva legislación impedía a los tribunales españoles perseguir a unos padres residentes en España tras permitir que su hija fuese víctima de una ablación en Gambia en 2005. Los magistrados decidieron que los jueces podrán seguir investigando casos de ablación, independientemente del país en el que se realizó siempre que los padres de la víctima estén empadronados en España
Según apuntan desde Médicos del Mundo no tienen constancia de casos de mutilación genital femenina practicados en España. Plantean dudas sobre una sentencia del Tribunal Supremo del 2012 que consideró probado que una mutilación se realizó en territorio nacional. El magistrado dictó una condena de seis y dos años de cárcel al padre y a la madre de la niña.
Julia Moreno, trabajadora social de esta organización -que ha estado en contacto con este matrimonio- argumenta que aunque la sentencia ratifica los hechos “no es fácil demostrarlo”. “La pediatra que realizó la revisión previa indicó que no había genitales mutilados, pero no está comprobado que realizase este examen -puede ser que no estuviese bien informada-. En la siguiente consulta examinaron a la menor y verificaron que le habían mutilado el clítoris. Por eso el juez da por hecho que la ablación se realizó en España, pero los padres sostienen que fue en Gambia”.