El hospital de Inca no tenía datos de Alpha Pam, el senegalés de 28 años fallecido por tuberculosis al que le fue denegado el acceso a urgencias por no tener tarjeta sanitaria. Así lo ha reconocido este martes el consejero balear de Salud, Bienestar y Familia, Martí Sansaloni, en respuesta a una pregunta formulada por el grupo parlamentario MÈS. El servicio de Epidemiología del centro hospitalario al que fue derivado Pam desde Atención Primaria no hizo un seguimiento del paciente porque “en ningún momento” se dispuso de ninguna información que hiciera referencia al domicilio o a su teléfono de contacto.
Fue el pasado 23 de febrero cuando Pam acudió al centro de salud de Can Picafort acompañado de su amigo Kalidou. Allí le derivaron al hospital de Inca para que le realizaran una valoración y radiografía del tórax con la finalidad de confirmar o descartar el contacto con tuberculosis ante la sintomatología que presentaba. Cinco días después, Alpha Pam acudió al centro hospitalario con la hoja de derivación de Atención Primaria de Can Picafort, en la que la facultativa adscrita a este centro hizo constar “juicio diagnóstico contacto con tuberculosis” así como “plan de actuación, derivo a urgencias del hospital comarcal de Inca para 'rx tórax' y valoración, ya que ha habido brote de 'tbc' (tuberculosis) en Can Picafort y sospechamos que éste sea el caso primario”.
Después de denegarle una vez el acceso a urgencias en el departamento de admisión, Pam acudió de nuevo al centro hospitalario donde, previa firma del compromiso de pago, le diagnosticaron bronquitis, aunque no le realizaron ningún tipo de pruebas. Días después y ante el empeoramiento de su estado de salud, volvió al hospital de Inca, pero tampoco se le practicaron las pruebas prescritas en Atención Primaria.
Miguel Reyero, vicepresidente de Médicos del Mundo en Baleares, afirma que “lo que reconoce el conseller no es nada nuevo”. Alpha Pam, dice, “fue repetidamente al centro hospitalario acompañado de su compañero de piso”, por lo que “al menos tendrían su nombre o el de su amigo”. Sin embargo, la administración “no tenía interés en él” y se convirtió en “un ciudadano transparente”. Reyero también recuerda que solo en Baleares hay 20.000 personas excluidas del Sistema Nacional de Salud desde el septiembre de 2012.
Por su parte, Fina Santiago, parlamentaria del grupo MÈS, ha incidido en que la falta de datos a la que aduce Sansaloni implica un “reconocimiento claro” de que el servicio de Epidemiología “no conocía la situación de esta persona” y, por tanto, “refuerza nuestra tesis de que no disponer de tarjeta sanitaria te deja al margen de la sanidad o te puede matar”. “Si la hubiera tenido, el servicio habría podido tener acceso a sus datos”, ha señalado Santiago, quien ha insistido en la necesidad de que los inmigrantes en situación irregular puedan volver a disponer de la tarjeta sanitaria que les fue retirada con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012.
Denegación de auxilio
Asimismo, Santiago ha incidido en que Sansaloni debe dimitir de su cargo ante los hechos producidos en este contexto. Precisamente, MÉS interpuso en los Juzgados de Inca una denuncia para que se investiguen a las personas que pudieran haber sido responsables de los delitos de denegación de auxilio y de omisión del deber de socorro por la muerte del joven senegalés Alpha Pam.
Por otro lado, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Pedro Barceló, exigió una fianza de 12.000 euros a dos ONG –la Asociación de Senegaleses de Mallorca y la de Drets Humans de Mallorca– y a dos sindicatos –UGT y la Confederación General de Trabajo de Baleares (CGT)– para que puedan ejercer acciones penales contra Sansaloni y otros altos cargos del Govern a raíz del fallecimiento de Alpha Pam.
La querella iba dirigida, asimismo, contra el director general de Salud Pública y Consumo, Luís Rafael Santiso; el director del Servei de Salut, Miquel Tomàs; y el exdirector de la Fundación Hospital Comarcal de Inca, Fernando Navarro, quien fue cesado a raíz de estos hechos.
Las entidades afirman que los querellados, de forma “arbitraria, conjunta y preconcebida”, implantaron “burdamente” un sistema sanitario a los extranjeros no autorizados como residentes, estableciendo un mecanismo de cobro automático e “indiscriminado” por el “mero hecho de que carecieran de tarjeta sanitaria, sin tener en consideración si dichos extranjeros tenían derecho a la asistencia gratuita” por encontrarse en uno de los supuestos especiales de la anterior ley.